La energia eólica, un paso adelante y otro hacia atrás
Una vez más, las protestas vecinales y ecologistas, los tribunales, la burocracia y el ruido político que crece conforme se acercan las elecciones ralentizan el avance de los parques de aerogeneradores
La secuencia se repite desde hace muchos años, con unos Gobiernos y otros, con la oposición de uno u otro color. En el comienzo de ... las legislaturas, los anuncios eólicos se disparan efervescentes como el champán, pero al promediar los cuatrienios los planes se desinflan como un suflé, bajo los efectos de una tormenta casi perfecta: las protestas vecinales y conservacionistas en un clima de contestación social mucho más acusado que el de otras comunidades, las trabas burocráticas, las renuncias empresariales, el creciente ruido político, las dudas de los partidos al acercarse las urnas o las sentencias de la justicia, tan sensible a la presión de los grupos ecologistas en el ámbito eólico como ayer lo fueron con la depuradora de Vuelta Ostrera y hoy lo son con las obras del AVE en Palencia, y tan indiferente al interés general mientras los técnicos y funcionarios salen indemnes de las chapuzas que generan las resoluciones judiciales.
Ahora que el reciente apagón ha alentado el debate sobre el presente y el futuro energéticos, sobre las fuentes convencionales, las renovables y la nuclear, un vistazo al mapa eólico nacional ofrece grandes contrastes: Las dos Castillas, Aragón, Galicia y Andalucía han generado en 2024 entre 12.500 y 6.700 gigavatios/hora, mientras que Cantabria, al fondo del escalafón, produce unos paupérrimos 55,7. Quién iba a conjeturar tal penuria hace 18 años, cuando en la legislatura 2007-2011, el Gobierno de coalición PRC-PSOE, presidido por Miguel Ángel Revilla, se proponía un despliegue eólico de 1.500 megavatios en siete zonas, con 2.000 millones de inversión, miles de empleos y un buen paquete de negocios multimillonarios a través de proyectos colaterales. Un 'cuento de la lechera' arruinado por los tribunales a instancias del grupo ecologista ARCA. Sólo el pequeño parque de Cañoneras (Soba), de mínima producción, subsiste de aquella quimera eólica.
El Gobierno Buruaga maneja unas previsiones más modestas: una inversión de 300 millones de euros hasta el final de la legislatura, 400 empleos durante los trabajos de instalación, y unos 80 estables posteriormente, según los datos del empresariado eólico de Cantabria. Pero no hay nada seguro en este sector tan inestable, como lo demuestran las noticias de uno y otro signo que se producen: las sentencias favorables y en contra, los permisos y vetos que emiten las administraciones autonómica y nacional, los proyectos abandonados por sus impulsores, las movilizaciones en contra de los planes eólicos que meten el miedo en el cuerpo de los políticos a medida que se acercan las elecciones porque se temen que los molinos quitan más votos de los que dan...
Al día de hoy, el proyecto más sólido es el parque de El Escudo, 105 megavatios, 25 aerogeneradores, cuyos trabajos avanzan visiblemente para su puesta en marcha en 2026 o 2027, aunque una vez más la legalidad del proyecto está pendiente de los tribunales, esta vez del TSJ de Madrid.
Al acercarse el ecuador de la legislatura, el debate eólico irrumpe con fuerza en el Parlamento hasta el extremo de unir a todas las fuerzas de la oposición –PRC, PSOE y Vox– contra los planes del Ejecutivo popular. Las motivaciones son diferentes en cada caso, aunque se producen en dos frentes: contra las supuestas irregularidades en los parques y contra las carencias legislativas que debieran regular un marco general. La oposición reclama la aprobación del Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT) como paso previo al desarrollo eólico en la geografía regional, pero esa norma está en el aire pues el Gobierno se ha limitado a anunciar vagamente su idea de abrir el PROT a la participación ciudadana y de materializarlo en lo que queda de legislatura.
La ofensiva parlamentaria, a instancias del PRC, se ha concretado estos días sobre cuatro parques proyectados en la comarca oriental –Fuente Pio, Las Mazas, Moncubo y Sierra del Sel– con una potencia total superior a los 90 megavatios, aunque se tramitan por separado en la Administración regional.
Los grupos de la oposición subrayan el impacto visual de los aerogeneradores de gran tamaño, 150 metros, casi cuatro veces más que el 'pirulí' de Peña Cabarga, y la potencial afección sobre las aves y las cuevas del entorno. El PP ni siquiera defendió en la Cámara los proyectos, más bien criticó los excesos de otros tiempos de la coalición PRC-PSOE, y se abstuvo en la votación para eludir el revolcón. En realidad, el Gobierno regional da por hecho que estos cuatro proyectos no pasarán el corte, que caerán como lo han hecho los llamados Piruquito y Corus. Todavía es más negro el futuro de las instalaciones tras conocerse la montaña de alegaciones que han presentados los vecinos de los pueblos afectados y las movilizaciones que ya han comenzado. Es la dinámica de siempre: el desarrollo eólico avanza muy lentamente.
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