Los pilares del Estado del Bienestar

En lo que concierne a España, nuestro actual Estado del Bienestar se sustenta, en esencia, sobre cuatro pilares: pensiones, sanidad, educación, y protección al desempleo. Gracias al papel preponderante de lo público en todos ellos, los españoles de a pie, esto es, la inmensa mayoría, podemos considerarnos afortunados de que, si somos mayores, caemos enfermos, tenemos necesidad de instrucción, o perdemos el empleo, el Estado nos respaldará y apoyará en todo lo que pueda. Siendo esto así, lo cierto es que cada vez hay más desencantados con lo que el Estado del Bienestar representa, pues, por desgracia, existen muestras sobradas de que, en los últimos años, en lugar de ir mejorando poco a poco lo que ha sucedido es que se ha ido deteriorando, en ocasiones de forma sustancial.

Lo del deterioro no es una apreciación personal, sino que está debidamente documentado. Empezando por la sanidad, cuya máxima responsabilidad está transferida a las comunidades autónomas, es innegable que la falta de inversión pública está afectando seriamente a la calidad del servicio prestado: centros de salud cerrados, carencia de médicos y enfermeras, listas de espera interminables para operarse e incluso para consulta, etc., etc., son síntomas evidentes de que la sanidad pública no pasa por su mejor momento.

Algo parecido ocurre con la educación pública, en todos sus niveles. Da igual que nos refiramos a la preescolar, infantil, media o superior, los problemas son siempre los mismos: puesto que la financiación es reducida, las carencias materiales y personales no hacen más que ir en aumento, lo que no sólo va en detrimento de la calidad y atención al alumnado sino, también, de la propia competitividad de nuestro sistema educativo y, por ende, de nuestra economía. ¿Cómo van a competir nuestras universidades con las de los países más avanzados cuando, año tras año, curso tras curso, su presupuesto por alumno es mucho menor? Como decía el torero, «lo que no puede ser no puede ser y además es imposible».

En el ámbito de la protección del desempleo las cosas no son tan deprimentes, pero no porque el sistema de protección permita a los parados disfrutar de unos ingresos adecuados mientras, buscando activamente un empleo y preparándose para obtenerlo, no lo encuentran, cuanto porque, por fortuna para todos, el volumen absoluto del desempleo ha ido bajando de forma sustancial en los últimos tiempos. El problema radica, sobre todo, en que si, por cualquier circunstancia volvemos a niveles y tasas de paro similares a los de no hace tantos años, el sistema puede explotar por sus costuras.

En cuanto a las pensiones, es evidente que no se puede negar que las mismas han mejorado sustancialmente en los últimos seis-siete años, pero tampoco se puede obviar que, en una proporción nada despreciable, las mismas siguen siendo insuficientes para cubrir, con dignidad, las necesidades más elementales de sus beneficiarios. Las pensiones más bajas tienen que aumentar de forma sustancial si no queremos que una parte importante de nuestros mayores sufran más penalidades que las propias de la edad.

Pues bien, en este panorama no del todo edificante, el Presidente del Gobierno ha introducido recientemente un nuevo elemento, un quinto pilar del Estado del Bienestar, que deberíamos empezar a tomar en consideración: la vivienda. Poder contar, en propiedad o en alquiler, con un techo bajo el que cobijarse sin que el desembolso que ello implica le impida a uno llevar una vida normal (por ejemplo, poder emanciparse antes de los treinta debería ser normal) debería constituir, en efecto, un nuevo pilar de nuestro Estado del Bienestar. El problema, claro está, es que añadir este pilar y fortalecer los cuatro anteriores requiere, amén de voluntad política, contar con la financiación adecuada. Y esta, se quiera o no, tiene que proceder de nuestros impuestos. De no ser así, ya sabemos, los cinco pilares se irán privatizando cada vez más, lo que nos lleva, como dice el refrán, a que cada palo aguante su vela. ¿Es lo que queremos?