Mataleñas: cuando 'naturalizar' significa talar, asfaltar...
Un aparcamiento de autocaravanas es incompatible con el uso previsto del suelo, que es zona verde o equipamiento público
El Ayuntamiento de Santander está a punto de cometer un error inmenso: convertir una zona de especial protección y arraigo, en un aparcamiento para autocaravanas, ... que será privatizado. El proyecto, financiado con fondos europeos Next Generation y presentado como 'naturalización', ni es naturalización ni respeta la legalidad urbanística y ambiental vigente.
Desde Izquierda Unida hemos presentado alegaciones y nos hemos unido a la Comisión establecida para tratar de frenar el proyecto. Antes que concejal, soy vecino de esta ciudad y de la zona afectada, y lo que está en juego es patrimonio natural de todos los santanderinos.
No se trata de estar en contra de las autocaravanas ni de quienes las usan. De hecho, muchos autocaravanistas nos han expresado que tampoco les convence esta ubicación. El problema es el sitio elegido y el modo en que se está tramitando, ya que la solución de la falta de espacios no pasa por colapsar esta parte de la ciudad. Las 30 plazas anunciadas no resuelven en absoluto el problema, que debe tener una solución definitiva y sensata, a través de una gran área, como en otras ciudades, con todos los servicios y medios de acceso.
En la zona de Mataleñas, el Plan General de Ordenación Urbana de 1997 establece que solo puede ordenarse mediante un Plan Especial y un proyecto unitario. Y, hoy por hoy, no existe tal tramitación. Tenemos sospechas de que hay un borrador en un cajón, y nos preguntamos por qué el retraso en aprobar esta base legal. Quizá, lo que prevén en Mataleñas es aún más grande que lo que creíamos.
Pero, lo que sabemos hasta ahora, es que, sin este Plan Especial, un aparcamiento de autocaravanas es incompatible con el uso previsto del suelo, que es zona verde o equipamiento público, no actividad económica intensiva (y privatizada). Y que, sin él, el PP podría incluso derivar en un caso de prevaricación.
Además, la Ley estatal obliga a someter a evaluación ambiental los proyectos de estacionamiento en zonas sensibles, como es este caso por su cercanía al litoral y su vinculación con un espacio protegido, como es el Geoparque de Costa Quebrada. Aquí no se ha hecho. Dicen que no es necesario. La ausencia de ese trámite puede suponer la nulidad de pleno derecho del procedimiento.
El título del proyecto habla de 'naturalización'. Sin embargo, prevé talar numerosos árboles, once de ellos, pinos de gran porte, y sustituirlos por más de 3.800 m² de pavimento impermeable, muros de hormigón armado de hasta 2,5 metros y un cerramiento metálico. Es decir, más del 60% de la superficie quedará dura e impermeable. Incluso las supuestas zonas verdes se basan en celdas de hormigón con apenas unos centímetros de tierra vegetal.
Este es el modelo de 'naturalización' que nos proponen: cemento, granito y asfalto, en un entorno que la Unesco reconoce por su valor geológico y paisajístico.
Gema Igual y su equipo repiten que, si no se ejecuta este proyecto, se perderán los fondos europeos. Lo irónico —y grave— es que el verdadero riesgo de perder esos fondos es precisamente ejecutar un proyecto que incumple la legislación ambiental y urbanística. Bruselas no premia el hormigón en zonas protegidas, lo sanciona.
En Izquierda Unida defendemos que, para no perder los fondos europeos, se modifique el proyecto y se adapte el aparcamiento existente en Mataleñas renaturalizando la zona. En cuanto a las caravanas, en Santander, hay multitud de solares vacíos, tal y como hemos comprobado con la elaboración del Registro de Solares. Es misión de la administración buscar fincas lejos de zonas protegidas, que permitirían habilitar un espacio sin dañar el litoral ni afectar a los vecinos, y que supongan una alternativa real para conservar los fondos europeos con los requisitos medioambientales.
Los vecinos lo tienen claro: el rechazo es mayoritario y transversal. En los primeros días se han recogido más de 1.700 firmas y han organizado movilizaciones los días 16, en la entrada del paseo, y 18, en el Ayuntamiento. Este rechazo no es oposición por oposición; nace de la defensa de un entorno privilegiado que pertenece a todos.
Cuando incluso parte de los usuarios potenciales rechazan la ubicación, el Ayuntamiento debería escuchar, y ubicar correctamente los servicios para que beneficien sin destruir. El Ayuntamiento debe paralizar este proyecto, cumplir con la ley y explorar otras alternativas. El PP tiene que decidir si quiere pasar a la historia por proteger el patrimonio natural de Santander o por cubrirlo con hormigón.
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