La ministra Ribera, enemigo público número uno
El PP desata una ofensiva contra la vicepresidenta tercera de Sánchez, como instigadora de los principales problemas de Cantabria, desde los lobos a la Ley de Costas o el deterioro de las playas
El PP ha resuelto señalar a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, como el enemigo público ... número uno de Cantabria, la instigadora de las principales afrentas que el Gobierno central inflige a la región, desde el deterioro de las playas a la protección integral del lobo o a la estricta Ley de Costas. Los populares despliegan una intensa ofensiva contra Ribera y someten a prueba a los partidos del Ejecutivo cántabro: al PSOE, cuya unidad de criterio y de acción política se ha visto comprometida por las decisiones de la ministra, y al PRC, también soliviantado por ella, pero no hasta el punto de que Revilla se anime a romper con Pedro Sánchez, como le reclama el PP.
En las últimas semanas del ciclo parlamentario antes del Debate sobre el Estado de la Región y de las vacaciones de verano no faltan los asuntos ruidosos promovidos por la oposición, desde la trascendental Ley del Suelo hasta el controvertido concurso de méritos con el que se han autocolocado como altas funcionarias la exconsejera de Economía y su secretaria general, que tiene pinta de acabar en los tribunales, o las contrataciones de Cantur. Pero el PP ha decidido destacar en la discusión política un examen exhaustivo de lo que significa para Cantabria la gestión de la ministra Ribera.
La ofensiva ya empezó el último lunes a propósito del deterioro de las playas santanderinas de La Magdalena, Los Peligros y Bikinis en una acción coordinada por el grupo del PP en el Parlamento y la alcaldesa Gema Igual para denunciar el lamentable estado de los arenales, comparados gráficamente por el portavoz popular, Íñigo Fernández, con las playas de Normandía en los días del desembarco del que ahora se conmemora el 78 aniversario. El trasiego manifestante en contra y a favor de los espigones ha cesado de momento, pero el abandono de las playas es todo un clamor ciudadano a pocas semanas del comienzo de la temporada veraniega.
Todos los grupos políticos han apoyado en la Cámara la iniciativa del PP para que el Gobierno central acometa el acondicionamiento de la playa, excepto el PSOE, con el diputado García-Oliva como paladín de la ministra Ribera en este y en todos los asuntos polémicos, como el lobo o la Ley de Costas. El diputado ecologista echa la culpa al Ayuntamiento santanderino, en la misma línea que el diputado nacional Pedro Casares o la delegada del Gobierno, Ainoa Quiñones, siempre en defensa de lo que Madrid y Ribera decidan. Hasta el PRC, suave en las formas para no lastimar más de la cuenta al aliado socialista en el Gobierno cántabro, se pronunció a favor de que el Ejecutivo central se apresure a adecentar las playas santanderinas y también otras en mal estado, como las de Langre, San Vicente de la Barquera u Oyambre.
Más difícil le resultará al PP obtener el respaldo regionalista en la próxima iniciativa de la secuencia parlamentaria contra la ministra Ribera, relacionada con la protección integral del lobo, recurrente en el debate político de los últimos meses. Y no es que el PRC sea sospechoso en la batalla por mantener el control de la especie. De hecho, la posición beligerante del consejero Guillermo Blanco contra la protección integral dictada por Ribera le ha hecho crecer políticamente en el medio rural, como admiten en el propio PP.
Por eso los populares elevan la apuesta y le van a pedir a Revilla que si Pedro Sánchez no desautoriza a su vicepresidenta en el asunto del lobo rompa con el PSOE y cese a Pablo Zuloaga y a todos los consejeros del partido en el Gobierno cántabro. En esos términos tan contundentes no es previsible el apoyo del PRC ni, naturalmente, el del PSOE, que en el tema del lobo habían roto la unidad de voto en el Parlamento y en el Ayuntamiento Santander.
El último asalto contra la ministra Ribera en la Cámara recuperará el intento de proteger a los afectados por la Ley de Costas que PRC, PP y Ciudadanos, en una iniciativa pionera, defendieron sin éxito en el Congreso de los Diputados. No es fácil que esta próxima acción parlamentaria resulte operativa, pero el PP quiere poner en aprietos a los partidos del Gobierno autónomo a la hora de votar.
El rosario de afrentas de Teresa Ribera que maneja el PP resulta interminable. A las ya citadas se podrían añadir la crisis de las empresas electrointensivas cántabras, el problema del diésel en la automoción o el retraso en el proyecto de prevención de inundaciones del Deva en Molleda. Pero en algún momento había que culminar la ofensiva. Así que en el último pleno ordinario del periodo de sesiones, el PP se propone plantear la reprobación de la titular de Transición Ecológica y Reto Demográfico. El voto en contra del PSOE ya lo da por descontado, pero quiere tomarle la temperatura al PRC, verificar si sus críticas son sólo postureo o está dispuesto a descalificar pública e institucionalmente, y de arriba abajo, la gestión en Cantabria de una vicepresidenta y ministra de Pedro Sánchez.
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