Sentencia con impacto histórico

Según la sentencia, Meta abusó de su posición de dominio al tratar masivamente datos de usuarios sin el consentimiento requerido por el Reglamento General de Protección de Datos, obteniendo así una ventaja competitiva injusta frente a la prensa digital, que sí cumplió la normativa europea. Este comportamiento habría permitido a la compañía optimizar su publicidad en Facebook e Instagram durante años, generando ingresos extraordinarios mientras debilitaba la sostenibilidad económica del periodismo.

Aunque la cuantía impuesta resulta modesta en comparación con la dimensión financiera de Meta —cuyos ingresos y beneficios anuales superan los presupuestos de muchos Estados—, el valor simbólico de la sentencia es considerable. No se trata solo de una sanción económica, sino del reconocimiento judicial de prácticas que han distorsionado el mercado informativo.

La decisión, recurrida ya por la multinacional, llega en un momento crítico para la prensa, inmersa en una profunda transformación digital y sometida a la presión de un oligopolio tecnológico que concentra audiencias, datos y recursos publicitarios. Al mismo tiempo, pone sobre la mesa el debate sobre la falta de transparencia de los algoritmos, la desinformación y la escasa contribución fiscal de estas empresas.

Este fallo judicial puede abrir la puerta a futuras reclamaciones y reforzar la idea de que la defensa de la libertad de prensa es inseparable de la defensa de la calidad democrática.