Desestimada la reclamación de indemnización del Palacio de Caranceja al Ayuntamiento de Reocín
El auto judicial, frente al que cabe recurso, da la razón al Consistorio en cuanto al decreto por el que se precintó la carpa de celebración de bodas, al carecer de licencia
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Santander ha fallado a favor del Ayuntamiento de Reocín, en relación a la demanda interpuesta por ... la propiedad del Palacio de Caranceja, que reclamaba una indemnización de 407.082 euros debido al lucro cesante de su negocio de bodas. Todo ello sucedió a raíz de una resolución municipal que les precintó parte de las instalaciones. El motivo aludido por el Consistorio era que habían construido una carpa sin licencia donde ya había otra anterior y esta no se ajustaba a la legalidad por entender que no era desmontable. También les hacían constar la existencia de quejas vecinales por el ruido y pirotecnia, aunque la propiedad matiza que esto sucedió «una vez y un año antes de que se ordenase el cierre de la instalación», estableciendo medidas correctoras después.
«Concluimos por tanto que la resolución recurrida es ajustada a derecho al incoar procedimiento de restauración de la legalidad urbanística al constatar la existencia de obras y actividades carentes de la preceptiva licencia», sentencia ahora el tribunal dando la razón al consistorio en el litigio.
En el auto, al que ha tenido acceso El Diario Montañés y contra el que cabe recurso, se desestima también la reclamación indemnizatoria de 407.082 euros que solicitaba el Palacio de Caranceja derivado de los perjuicios ocasionados por el lucro cesante de la actividad, toda vez que se decretó el precinto de la carpa en discusión y ante la demora municipal en contestar sobre el proyecto de legalización de la obra.
Y es que lo que se discutía sobre la carpa es si la estructura era desmontable o no lo era. Mientras la propiedad considera que sí lo es, el magistrado estima que es una construcción «con cimentación y estructura sólida, adosada a una de las edificaciones», condenando a costas a los propietarios.
Valoraciones a la sentencia
Preguntado por la sentencia que favorece a los intereses municipales, el alcalde de Reocín, Pablo Diestro, no quiso opinar sobre el auto, como ya ocurrió cuando se le preguntó por la demanda.
Quien sí que ha entrado a valorar la situación es la propiedad del Palacio de Caranceja, puesto que continúan con el mismo problema encima de la mesa y es la falta de contestación municipal a su proyecto de legalización de las instalaciones. De hecho, el conflicto de reclamación patrimonial surge por el silencio administrativo que se produce tras el cierre de las instalaciones y el requerimiento para legalizar las mismas en abril del año 2024.
A pesar de que presentan un proyecto con peritos propios para ajustarse al requerimiento municipal, la contestación positiva o negativa a la posibilidad de legalizar se dilata durante más de un año desde que se les clausura la carpa, de ahí que tuvieran que suspender las bodas programadas. Un asunto que a día de hoy no está resuelto, dado que el Ayuntamiento sigue sin contestar. «Nos siguen sin decir si lo podemos legalizar o no, si nos contestan al menos podemos batallar para defendernos», explican con desesperación, dado que la situación ya les ha costado el despido de algunos trabajadores.
También añaden que la demanda indemnizatoria por el lucro cesante se desestima por un defecto formal ya que se agregó a la petición de nulidad de la resolución del precinto de las instalaciones más tarde y el juez, por ello, no entra a valorar si tienen derecho a ella o no, simplemente la desestima dando indicaciones de que no se ha presentado de manera adecuada. «Esto quiere decir que podemos volver a presentar la reclamación indemnizatoria por la vía correcta», advierten.
La propiedad recuerda que se vio obligada a acudir al juzgado toda vez que esa respuesta a su proyecto de legalización no se hacía efectiva, alargando los plazos hasta el infinito y manteniendo al negocio con las puertas cerradas. Ahora esperan que el Ayuntamiento mueva ficha y les llamen para resolver el asunto. «Desde el minuto uno apostamos por la vía del diálogo, pero lo que no puede ser es que a un ciudadano le pidan diez días para presentar una documentación y el ayuntamiento tarde ocho meses en contestarte», resumen.
Desde el cierre de la carpa ha pasado ya más de un año y el departamento técnico, que es quien tiene que emitir informe positivo o negativo a si la carpa se puede legalizar o no, sigue sin hacerlo. El del Palacio de Caranceja no es el único caso sin resolver en Reocín, dado que la misma clase política admite que hay un atasco importante en el departamento de Urbanismo.
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