Suspendido el desahucio de una mujer en Muriedas con una niña de un año

Integrantes de la plataforma concentrados en el portal/Roberto Ruiz
Integrantes de la plataforma concentrados en el portal / Roberto Ruiz

La Plataforma Stop-Desahucios se ha concentrado allí desde las nueve de la mañana y ahora continuarán negociando el alquiler social para la familia

José María Gutiérrez
JOSÉ MARÍA GUTIÉRREZSantander

«No tienen recursos, no tienen ingresos de ningún tipo, no tienen adónde ir... No vamos a permitir que ninguna familia se quede en la calle y menos con una niña pequeña», decía Antonio González, portavoz de la plataforma Stop Desahucios, delante del portal del número 53 A de la Avenida Bilbao, en Muriedas. En uno de los bajos de ese edificio, de nueva construcción, vive Jennifer, su pareja y su hija, de apenas un año de edad, que llevan ocupando de forma ilegal el piso durante los últimos dos años. El uso del agua y la luz también se realiza de forma irregular. Los adultos, de 22 y 24 años, se encuentran en el paro y ella está a la espera de que la concedan la Renta Social Básica.

La vivienda, que forma parte de una urbanización de nueva construcción, pertenece a la Sareb, el denominado 'banco malo'. «Este caso de desahucio no tiene que ver ni con el impago del alquiler ni con el de la hipoteca. Ellos no tiene ninguna deuda con entidades financieras ni particulares. Se trata de un domicilio que ha acabado finalmente en manos de la Sareb y ha sido ocupado por esta familia por pura necesidad. Pero no es una ocupación de una vivienda de un particular, sino de un banco, rescatada con dinero público. Los bancos han recibido una serie de dinero, de beneficios, del Gobierno, y estas viviendas que tienen fruto de hipotecas que han resultado fallidas se deberían usar para alquiler social», reclamaba González minutos antes de la hora, las diez de la mañana, en la que estaba previsto procederse al desahucio. Junto a él, una niña pegaba un cartel con un significativo mensaje: «Ni una familia sin casa».

Y el medio centenar de personas que se concentraron en torno al portal, miembros de las plataformas Stop Desahucios y de Afectados por la Hipoteca (PAH) y vecinos de Camargo, lograron su objetivo, detener a la comitiva judicial, impedirles el paso y frenar la desocupación. Entre los presentes también se encontraban cargos públicos como la diputada nacional de Podemos Rosana Alonso, el diputado regional de la formación morada José Ramón Blanco o el concejal de Santander Sí Puede en el Ayuntamiento de la capital cántabra, Antonio Mantecón. «El desahucio se suspende de forma total», compartía en voz alta González tras hablar con el secretario judicial y la procuradora de la Sareb, que se volvieron por donde habían venido. La noticia fue recibida con sonoros y emocionados aplausos. La razón es que la vivienda tenía formalizada una orden de desahucio contra el anterior ocupante de la misma, que «hace tiempo» ya no reside en ella, «y no contra Jennifer y su familia», por lo que «hubiese sido una absoluta ilegalidad que se hubiera llevado a cabo el desalojo».

Pese a la oposición de la procuradora de la Sareb, que insistió en que se ejecutase el desahucio, la comitiva judicial desistió en su intento y formalizó la suspensión del mismo tras consultar previamente la decisión, vía telefónica, con el Juzgado número 8 de Santander. No se produjeron incidentes y no fue necesaria siquiera la presencia de la Guardia Civil o Policía Local, que aunque patrullaron por la zona, no hicieron acto de presencia en el edificio. Los únicos momentos de tensión se vivieron con el cerrajero que había sido llamado para abrir la puerta de la vivienda, con quien los concentrados cruzaron reproches e insultos tras la toma de fotografías por parte de éstos al profesional, que pedía que se respetara su intimidad.

Próximos pasos

Pasaban pocos minutos de las once de la mañana, con la paralización del desahucio ya confirmada, cuando Jennifer salió de casa y agradeció a todos los presentes la acción que había evitado el desalojo. Respiraba aliviada después de una mañana de «muchos nervios».

Los siguientes pasos, según confirma Antonio González, consistirán en «seguir negociando» con la Sareb para conseguir para la afectada el alquiler social del piso. La joven ya lo solicitó tras ocupar la vivienda, pero el 'banco malo' se lo denegó. Ahora han «ganado tiempo» para insistir en la demanda. Calculan que entre 4 y 5 meses, tiempo que la sociedad tardaría en iniciar un nuevo procedimiento de desahucio, con el cambio de nombre, en caso de no desistir en su intención. Desde la plataforma Stop Desahucios están también ayudando a Jessica a «regularizar su situación» para que pueda acceder a ayudas de urgente necesidad, para las que se pide como requisito una antigüedad de empadronamiento que de momento no cumple.

González explicó que se ha hablado con el Gobierno de Cantabria para que interceda, ya que la mitad de las viviendas del parque público de alquiler proviene de la Sareb, pero lamenta que la Administración «no ha hecho ningún esfuerzo» por conseguir que se la alquilen. «Dicen que en el tema de ocupación de viviendas por particulares no van a intervenir, pero esto no es una ocupación al uso», insiste el portavoz de la plataforma, que subraya que su colectivo no va a cejar en el empeño.

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