La jueza cita a las partes para poner fecha al juicio del 'caso Proconor' de Castro

La Fiscalía solicita el derribo del edificio que construyó Proconor detrás del polideportivo Pachi Torre./Abel Verano
La Fiscalía solicita el derribo del edificio que construyó Proconor detrás del polideportivo Pachi Torre. / Abel Verano

Se trata de uno de los cuatro casos pendientes por enjuiciar de la veintena que instruyó el juez Acayro durante su etapa en la sede castreña

Abel Verano
ABEL VERANOCastro Urdiales

El mismo día que acudieron a la convocatoria de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria para fijar las fechas del macrojuicio de La Loma, algunos abogados recibieron una providencia de la titular del Juzgado de lo Penal Número 3 de Santander, Rosa María Gutiérrez, en la que les citaba para el próximo 16 de enero, con el objeto de señalar el juicio del 'caso Proconor'.

Se trata de otro de los cuatro asuntos pendientes de enjuiciar de la veintena que abrió el juez Luis Acayro Sánchez durante su etapa como decano y titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de Castro.

Hay que recordar que esta causa afecta el desarrollo urbanístico de la unidad de ejecución 1.26, ubicada junto al polideportivo Pachi Torre donde se construyó un edificio de 51 viviendas que según el Ministerio Fiscal debe ser derribado.

El pasado 31 de mayo, la magistrada Rosa María Gutiérrez emitió una providencia en la que acordaba la devolución de las actuaciones al Juzgado Instructor de Castro para subsanar el defecto procesal apreciado por no haber traslado al Ayuntamiento de Castro Urdiales la responsabilidad civil subsidiaria que reclaman las acusaciones en el caso, lo que supone dar audiencia al Consistorio castreño para que presente escrito de defensa. De esta forma, la magistrada quería evitar, como ya ha ocurrido en otros casos procedentes del Juzgado Número 2 de Castro, que el juicio tuviera que suspenderse por «indefensión» de alguna de las partes.

Aún por resolver

'Caso Proconor'

21 personas están acusadas por la construcción de 51 viviendas detrás del 'Pachi Torre' que, a juicio de la Fiscalía, deben ser demolidas por invadir equipamiento deportivo.

'Caso La Loma'

46 personas están acusadas por la presunta concesión irregular de licencias y construcción de viviendas sobre dominio público, carentes de servicios como agua, luz y limpieza viaria.

'Caso APD-2 de Cotolino'

12 personas están imputadas por presuntos delitos de prevaricación administrativa y urbanística al conceder licencias sin que finalizara la urbanización y hubiese suministro de agua.

'Caso sobresueldos'

Están imputados tres exalcaldes de Castro junto a otras once personas por presuntas ilegalidades en contrataciones, al abonar complementos retributivos que «son inexistentes en la legislación de función pública».

Tras recibir esta providencia, la titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de Castro, Irene Rodríguez del Nozal, propuso a las partes «la anulación del auto de apertura de juicio oral de 2013 y la emisión de uno nuevo en el que se incluya al Ayuntamiento de Castro como responsable civil subsidiario. La magistrada requirió tanto al Consistorio como a los veinte acusados (de los 23 iniciales dos fueron absueltos por la Audiencia y otro falleció en 2016) para que depositaran una fianza de 537.529 euros para asegurar sus responsabilidades pecuniarias. Además, la jueza recordaba también que la Fiscalía solicitó, además de un año de cárcel para el exalcalde Fernando Murugura, la demolición de la edificación.

De su lado, las acusaciones particulares, Caixabank y BBVA, manifestaron que reclamaban responsabilidad civil pero que la cuantía debía fijarse en el juicio oral. Posteriormente, Caixabank concretó el importe de la responsabilidad civil exigible al Ayuntamiento de Castro Urdiales de forma subsidiaria en 4.483.297 euros.

Recursos por resolver

Junto a esta causa y la de La Loma, cuyo juicio arrancará el próximo 1 de octubre y se prevé que pueda prolongarse durante seis mes (el último día se ha fijado el 30 de marzo de 2020), hay otros dos asuntos pendientes de resolver que están ahora en manos de la Audiencia Provincial, que deberá dilucidar los recursos de apelación presentados por algunos de los acusados.

Se trata del 'caso APD-2 de Cotolino', en el que están imputadas 12 personas por presuntos delitos de prevaricación administrativa y urbanística. En su auto de procedimiento abreviado, el juez Acayro sostenía que se han concedido hasta 54 nuevas licencias de obras y otras 11 de primera ocupación, «sin que se haya finalizado la urbanización, ni se haya recibido el depósito de suministro de agua potable, ni se hayan recibido la totalidad de las cesiones de suelo público obligatorias».

El otro caso pendiente es el de los 'sobresueldos', en el que están imputados los exalcalde de Castro Rufino Díaz Helguera, Fernando Muguruza e Iván González, junto a otras once personas, entre expolíticos y funcionarios.

El instructor consideró que el Ayuntamiento de Castro «se ha gestionado en un contexto generalizado, manifiesto y prolongado de graves ilegalidades en materia de contratación de personal, así como en el abono de complementos retributivos que son inexistentes en la legislación de función pública, o sin cumplirse los requisitos legales para su abono o, incluso, cantidades superiores a las previstas en determinados contratos de personal laboral sin justificación alguna».

Ocho causas ya han quedado resueltas con condenas

Hasta el momento ocho de la veintena de causas que ha instruido el juez Acayro en Castro –que archivó otros 11 procedimientos– han sido resueltas con condenas, aunque algunas aún no son firmes.

Dos de esos casos afectan a la exedil de Sanidad, Elisa Dopico, que fue condenada a un año de prisión por el Juzgado de lo Penal Número 1, y a otros dos años más por el Penal Número 3, por amenazar por teléfono a una funcionaria citada de testigo en el 'caso Trapur', en el que fue condenada a otros seis meses. El exedil de Hacienda, José Miguel Rodríguez López 'KyK' fue penado en esta causa a cinco años de inhabilitación.

En el 'caso Mioño' fueron condenados al exalcalde de Castro, Fernando Muguruza y los exediles de Obras e Industria Salvador Hierro y Jaime Díaz Muro. La Audiencia estimó en parte los recursos del exalcalde y Díaz Muro, que finalmente fueron condenados a tres años y seis meses.

Muguruza también fue penado a dos años y medio de inhabilitación por alquilar unas naves destinadas al servicio de bomberos. Por su parte, el expedáneo de Sámano, Javier Eguren, fue condenado a cuatro años de prisión, mientras que su homólogo en Otañes, Francisco González, y cuatro vocales de la Junta Vecinal de la legislatura 2007-2011 fueron inhabilitados.En el 'caso Korta', Vicente Korta y su mujer pactaron una pena de un año y nueve meses y evitaron la cárcel.

Recurso en Santa Catalina

De su lado, en el 'caso Santa Catalina', de los 19 acusados, nueve fueron condenados a penas de inhabilitación, entre ellos los exalcaldes Muguruza y Díaz Helguera (que no podrá concurrir a los próximos comicios) y diez fueron absueltos. La sentencia no es firme y los dos exregidores la han recurrido ante la Audiencia Provincial.