Veintinueve personas quedan fuera del caso La Loma de forma definitiva

En total, la pedanía pide 52 años y medio de cárcel y una indemnización de 204.094 euros por la pérdida definitiva de caminos rurales de la Junta, y otros 300.000 euros en concepto de «daños morales a los vecinos de la pedanía por la pérdida del uso, durante estos años, de esos caminos, que ha supuesto un perjuicio a la colectividad».

En concepto de responsabilidad civil, la Junta Vecinal, presidida por Julián Revuelta (PRC), cree que procede declarar nulo el Plan Parcial donde se levanta la Urbanización San Pelayo, y donde, además, «deberían demolerse los once chalés edificados (están deshabitados) en la zona de protección de carreteras».

La pedanía se remite al informe pericial elaborado por la tesorera municipal, Concepción Santos, y el perito Jesús Antonio Molinero (arquitecto y funcionario del Gobierno regional), en el que cifraron en 6.882.133 euros las pérdidas del Ayuntamiento castreño en concepto de tasas por licencias urbanísticas y aprovechamientos no percibidos, para pedir que se condene a Galdós, Inmobiliaria Santullán y Vallehermoso a abonar ese dinero.

Cuatro son las opciones que se plantea esta pedanía de 800 vecinos: mantener su escrito intacto, variarlo, adherirse al de la fiscal, o bien retirar su acusación. Al margen de lo que haga finalmente la Junta Vecinal de Santullán, 29 personas están fuera del caso al no haber ninguna acusación contra ellos, tanto por parte del Ministerio Fiscal como de las acusaciones particulares. Entre ellos se encuentran 13 exconcejales, 3 técnicos y 13 constructores.

Todos estos han quedado fuera del procedimiento porque, tras verificar los datos obrantes en las actuaciones, así como la aparición de nuevos elementos de ponderación, el Ministerio Público concluye que las concretas iniciativas relativas al SUNP-3 (La Loma) fueron adoptadas por los responsables municipales «sin que hubiera constancia fehaciente de su manifiesta ilegalidad».

En su escrito, la fiscal Pilar Santamaría argumenta su decisión. «En primer lugar, que las nuevas certificaciones expedidas por el Ayuntamiento de Castro Urdiales indican que la tramitación del Plan Especial de Monte Cueto -ya iniciada en el año 2004- fue finalmente culminada en el año 2008, y que ya se ha iniciado la ejecución del depósito que abastecerá a las referidas viviendas, según acta de replanteo certificada debidamente y una vez superados los problemas de financiación».

En segundo lugar, la fiscal del caso asegura que las deficiencias inicialmente observadas fueron progresivamente subsanadas, sin que exista un pronunciamiento judicial que declare la nulidad de los instrumentos urbanísticos por motivos de ilegalidad manifiesta sobre el fondo, sino por razones de carácter procedimental. «Lo que, de nuevo, se advera (certifica) con la certificación recientemente aportada, de la que se deduce que la construcción del depósito era, en todo caso, legalizable».

Finalmente, la representante del Ministerio Público considera que puede descartarse la existencia de engaño en los adquirentes de las viviendas, a la vista de las manifestaciones formuladas recientemente por su representación procesal, debidamente ratificadas en las actuaciones. «Los propietarios de las viviendas y del centro escolar edificados en el SUNP 3 no han solicitado ni en la vía civil, ni en vía penal la resolución de los contratos, y en la actualidad cuentan con licencia de habitabilidad. Es más, a través de su representación procesal han expresado que no fueron víctimas de un engaño al adquirir las viviendas».