El alcalde de Laredo no garantiza su apoyo a la segunda fase del PSIR del polígono industrial
Los afectados piden un encuentro con Buruaga tras la reunión mantenida con el regidor del PP y cuestionan el poco tiempo para presentar alegaciones
Estos días se suceden los encuentros sobre el Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR) de La Pesquera, una iniciativa urbanística impulsada por el Gobierno ... de Cantabria para desarrollar un gran parque industrial en Laredo que ha levantado una polvareda de contestación. El martes, el alcalde Miguel González (PP) se entrevistó con los afectados y les mostró su buena disposición a escuchar sus reivindicaciones; anteriormente, en declaraciones a El Diario Montañés, el regidor dejó claro que defiende la ejecución de la primera fase –algo más de 200.000 metros cuadrados– por considerar que «Laredo necesita» este tipo de suelo «para atraer empresas y generar empleo», pero también sugirió que la segunda fase –otros 300.000 metros cuadrados– podría no contar con su apoyo.
Además, tal y como apuntaron los asistentes al encuentro, González admitió que mantiene conversaciones con las consejerías competentes y con la presidenta del Gobierno de Cantabria para «reformular el proyecto y buscar un equilibrio». Si todo va según se prevé, la tramitación de la primera fase del PSIR se prolongará al menos seis meses . La aprobación inicial por parte del Consejo de Gobierno está prevista para mediados de 2026.
En la entrevista participaron el presidente de la asociación, Víctor Echevarría; el concejal del PP en Colindres y afectado por el proyecto, César Peral, y el abogado de la plataforma, Ricardo Gundín. Según explicaron ayer, Miguel González se mostró «preocupado por la magnitud del terreno afectado y la cantidad de viviendas implicadas». También habría reconocido «no era plenamente conocedor de la dimensión del PSIR», un plan que considera «heredado» del anterior Gobierno PRC-PSOE, con una propuesta inicial de 2018.
Alegaciones
El alcalde recibió a esta representación de los afectados tras haberse comprometido la semana pasada cuando, después de la presentación oficial de la asociación, los vecinos marcharon hasta el Ayuntamiento para pedir una reunión formal.
La asociación, por su parte, mantiene la preparación de alegaciones y también ha pedido un encuentro con la presidenta María José Sáenz de Buruaga. «Nos han dado solo 45 días para alegar, con agosto de por medio y sin posibilidad de encargar informes periciales porque todos estaban de vacaciones. Estamos estudiando pedir una ampliación de plazo, porque hablamos de 200 personas» y 47 viviendas afectadas, señaló Gundín, quien también denuncia la «ansiedad» que viven especialmente los vecinos de mayor edad, algunos con más de 90 años, ante la posibilidad de perder sus hogares.
La directiva de la nueva plataforma celebró ayer miércoles una reunión para informar a los socios del contenido del encuentro con el alcalde y continuar con la estrategia de alegaciones, mientras aumenta la atención mediática y la preocupación social en torno a un proyecto que califican de «mastodóntico».
Este PSIR es un instrumento urbanístico que permite una tramitación más rápida al declararse el plan de «interés regional». En este caso ha suscitado una fuerte oposición vecinal, especialmente tras conocerse que la ejecución podría afectar a 47 viviendas y a más de 200 personas, además de a terrenos agrícolas y áreas próximas a espacios naturales. Los perjudicados, ya constituidos como asociación, consideran que no puede existir tanta prisa.
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