El Gobierno de Laredo dice que no es culpable del retraso del derribo del Edificio Tenis

Imagen de archivo del Edificio Tenis de Laredo que debe ser demolido parcialmente. /Abel Verano
Imagen de archivo del Edificio Tenis de Laredo que debe ser demolido parcialmente. / Abel Verano

El Ejecutivo socialista responsabiliza del incumplimiento de los plazos previstos a la empresa redactora del proyecto de demolición

Abel Verano
ABEL VERANOLaredo

El equipo de gobierno socialista en el Ayuntamiento de Laredo aseguró este martes que «no es responsable del retraso, ni de negligencia alguna» en la ejecución de la sentencia de derribo del Edificio Tenis, por lo que considera «improcedente» la imposición de multas, que, como avanzó el domingo este periódico, son de 150 euros para el alcalde de Laredo, Juan Ramón López Visitación, y cada uno de los cuatro concejales socialistas (Rosalina López, Jesús San Emeterio, Javier Solana y Charo Losa). La razón: «La sala constata que desde febrero hasta día de hoy el Ayuntamiento no ha materializado ninguna de las actuaciones a las que se comprometió», asegura la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) en un auto de 20 de octubre que ya ha sido recurrido por el Consistorio pejino.

En un comunicado de prensa remitido este martes, el equipo de gobierno -que responsabiliza del retraso del derribo a Dynamis, la empresa de ingeniería encargada de redactar el proyecto de demolición- reproduce un informe de los Servicios Jurídicos Municipales «en el que se da cuenta de los pormenores de un largo procedimiento de ejecución de sentencia en el que el Ayuntamiento está concernido solo a título subsidiario, al negarse a hacerle frente los directamente obligados a ello, el promotor y los propietarios del inmueble». El Ejecutivo pejino también considera «desproporcionada y manifiestamente injusta» la imposición de multas coercitivas a los concejales del equipo de gobierno, «que se limitan a obrar bajo las actuaciones que les presentan sus técnicos y carecen de cualquier interés en retrasar o incumplir la orden judicial».

«Consideramos injusta y desproporcionada la imposición de multas, que producen un daño pecuniario a concejales»

Por otro lado, el Gobierno pejino señala que no es cierto que el Ayuntamiento «no haya realizado gestión alguna desde febrero», como dice la Sala, y que Dynamis presentó el proyecto de demolición el 5 de diciembre, «cuando el plazo previsto era el 10 de julio». Además, asegura que el mismo día que recibió el informe se lo remitió a los Servicios Técnicos Municipales para que en el plazo de diez días hábiles presentaran el Informe de Supervisión del Proyecto, y se recorte el plazo de un mes que correspondía al Ayuntamiento, «para acortar en el posible, el plazo incumplido por Dynamis».

«La mposición de multas coercitivas, además de producir un daño pecuniario a concejales (personas sencillas que actúan bajo las actuaciones que les prestan sus técnicos de las que parte de ellas no perciben retribuciones salvo dietas de asistencia), producen un daño político de trascendencia pública en prensa, irreparable para una Corporación inocente y en minoría», señala el equipo de gobierno, al tiempo que estima que les deberían haber dado audiencia previa.

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