El juez encarga a Tragsa el derribo del 'Tenis' tras el «incumplimiento» del Ayuntamiento de Laredo

Imagen de la fachada principal del Edificio Tenis, donde cuelgan dos pancartas vecinales oponiéndose al derribo. /Abel Verano
Imagen de la fachada principal del Edificio Tenis, donde cuelgan dos pancartas vecinales oponiéndose al derribo. / Abel Verano

La empresa pública acometerá la demolición parcial del edificio de forma subsidiaria con cargo al Consistorio, al que la Sala embargará los bienes patrimoniales que no sean de uso público

Abel Verano
ABEL VERANOCastro Urdiales

Nuevo episodio del 'caso Tenis' de Laredo, el del derribo parcial del edificio situado en primera línea de playa, que el Ayuntamiento de Laredo debería llevar a efecto, de forma subsidiaria, de acuerdo a la sentencia firme de 16 de noviembre de 1992 y el auto firme para su ejecución de fecha 20 de enero de 1999, que ordenaba al promotor y a los propietarios del inmueble la demolición de los vuelos o terrazas de la edificación, así como de todo lo construido bajo cubierta por encima de la línea teórica de 45º.

Según ha podido saber este periódico, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha emitido un auto en el que acuerda la ejecución subsidiaria del derribo acordado en sentencia, designando a la empresa pública Tragsa para que lleve a cabo este trabajo.

En un auto de cuatro páginas, la Sala -integrada por los magistrados Rafael Losada (presidente) y Clara Penín y María Esther Castanedo- señala que transcurrido el plazo final otorgado para que el Ayuntamiento procediera al derribo de lo acordado en la sentencia, y constatado el «incumplimiento» por éste de dicha actuación, así como de la obligación de cumplir con los requerimientos de la Sala, «se acuerda que por la entidad pública Tragsa se proceda a la ejecución subsidiaria de la sentencia con cargo al Ayuntamiento de Laredo».

El Supremo ordena en 1999 el derribo parcial del edificio por un exceso de construcción

Tras recordar la obligación que pesa de cumplimiento de las sentencias y el deber de colaboración requerida por los tribunales para ejecutar lo resuelto establecido en la propia Constitución (artículo 118), los magistrados afirman que «todas las personas y entidades públicas y privadas están obligadas a prestar la colaboración requerida por los jueces y tribunales de lo contencioso administrativo para la debida y completa ejecución de lo resuelto». Así, la Sala señala que el Grupo Tragsa está formado por tres empresas de capital íntegramente público configurándose en su regulación como medio propio instrumental y de servicio técnico de la Administración, por lo que consideran apropiado la encomienda dirigida a este grupo dados los medios con que cuenta.

El TSJC encarga ahora a una empresa pública el derribo con cargo a las arcas del Ayuntamiento

Por otro lado, la Sala señala que si bien ordena que el derribo material lo acometa un tercero, «el coste de esta ejecución ha de asumirlo a la postre el condenado, el Ayuntamiento de Laredo». En este sentido, los magistrados requieren al Consistorio para que informe en cinco días (desde la notificación del auto, que se remitió a las partes el pasado lunes 3 de septiembre) sobre los bienes patrimoniales no afectados en uso o servicio público a efectos de proceder a su embargo.

El Consistorio informa a la Sala sobre sus últimas actuaciones

El mismo día en el que el TSJC remitió el auto en el que encarga a Tragsa la demolición parcial del Edificio Tenis por «incumplimiento» del Ayuntamiento laredano, el equipo de gobierno del PSOE envió a la Sala un recopilatorio de las últimas actuaciones llevadas a cabo desde el pasado mes de mayo.

Hay que recordar que el pasado mes de abril el Pleno de la Corporación Municipal de Laredo aprobó, en sesión extraordinaria, una consignación de ocho millones de euros para ejecutar la demolición parcial del edificio.

Al igual que el proyecto de derribo que se aprobó una semana antes de dar luz verde a la consignación económica, el asunto contó con los votos favorables del equipo de gobierno del PSOE, y el PP y el PRC desde la oposición, mientras que IU y SSPL se abstuvieron.

Desde entonces, el Ayuntamiento pejino ha realizado una serie de trámites administrativos que ha remitido con detalle a la Sala. Entre ellos se encuentra un Oficio de Alcaldía de fecha 12 de junio, notificado al Arquitecto Municipal, remitiendo documento de trabajo sobre pliego de cláusulas administrativas particulares que han de regir en el contrato de obras del proyecto de derribo a adjudicar por procedimiento abierto, dándose contestación el pasado 8 de agosto. Además, hay una providencia de Alcaldía, de fecha 29 junio, disponiendo iniciar el expediente de Contratación por procedimiento abierto para adjudicar los trabajos de derribo. Y un Oficio de Alcaldía de 16 de agosto de 2018, en el que se remite al Departamento de Contratación copia del informe técnico de 8 de agosto de 2018.

Al mismo tiempo, la Sala requiere al Ayuntamiento para que aporte a la empresa Tragsa, también en el plazo máximo de cinco días, copia del proyecto de demolición y del proyecto de ejecución de la obra. Un mes después de recibir esta documentación se fijará un calendario de ejecución de la obra.

Advertencia

Este nuevo auto se produce seis meses después de que el TSJC ratificara la multa de 150 euros impuesta al equipo de gobierno del PSOE por retrasar el derribo parcial del edificio, y concediera dos meses al Ayuntamiento para iniciar los trabajos de demolición, tenían que comenzar en mayo. La Sala advirtió entonces al Ejecutivo local pejino de que «el incumplimiento de este plazo supondrá la imposición automática de una nueva multa de 150 para cada miembro de la Junta de Gobierno y que se libre testimonio a los efectos de que el juez de guardia instruya las diligencias oportunas».

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