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Las piscinas municipales de Laredo llevan cerradas cuatro años. Abel Verano

Un problema jurídico retrasa el inicio de la reforma de las piscinas de Laredo

Laredo ·

La portavoz de Sí Se Puede Laredo, Carmen García, aseguró que la rehabilitación comenzará en septiembre u octubre, «mucho más tarde de lo que tenía que ser»

Abel Verano

Castro Urdiales

Sábado, 29 de junio 2019, 09:27

El nuevo equipo de gobierno de Laredo (PSOE-PRC-SSPL) se ha topado desde su entrada en el Ayuntamiento con varias 'patatas calientes' fruto de una «herencia del trabajo mal hecho», como así definen todos los asuntos polémicos y sin resolver que dejó en anterior equipo de gobierno encabezado por Juan Ramón López Visitación.

Una de esos asuntos polémicos es el de la piscina municipal, cerrada desde hace cuatro años, una legislatura completa, ante el riesgo de derrumbe de la cubierto, según argumentó en su momento el por entonces alcalde pejino.

El pasado jueves, durante la firma del acuerdo de gobierno entre los tres partidos que lo integran, la portavoz de la Agrupación Vecinal Sí Se Puede Laredo (SSPL), Carmen García, aseguró que este es uno de los asuntos prioritarios que han abordado con la secretaria y el interventor, y fruto de esas conversaciones han conocido que hay un «problema jurídico» que hay que resolver, con lo que la previsión es que el inicio de las obras se posponga hasta los meses de septiembre u octubre. «Mucho más tarde de lo que tenía que haber sido, pero esto también es una herencia del trabajo mal hecho. No partimos de cero, partimos de menos ocho, y eso hay que dejarlo bien claro», aseguró la portavoz de SSPL.

«Es una de las herencias del trabajo mal hecho del anterior gobierno», lamentó García

Hay que recordar que a finales del pasado mes de enero (hace cinco meses) el Ayuntamiento de Laredo adjudicó a la UTE (Unión Temporal de Empresas) Gestión de Infraestructuras Cantabria-Centro Técnico de Construcciones, por un importe de 1.005.979 euros (se licitó en 1.169.107) las obras de rehabilitación de las piscinas municipales. El 13 de febrero finalizaba el plazo para la firma del contrato entre el Ayuntamiento y la adjudicataria, y ese acto administrativo no se pudo llevar a efecto porque no se había aprobado en Pleno la asignación económica necesaria para acometer la obra, procedente de 2018. Como consecuencia de esto, el portavoz del PRC, Pedro Diego, dejó claro en la sesión ordinaria de febrero, que «no existe adjudicación, que ese acto es nulo». Diego dejó claro que si se hubiera aplicado el Plan General de 1987 en lugar de 2015, tras la anulación por parte de los tribunales cántabros, «no se hubiera retrasado tanto esta obra». Aun así, recordó que la oposición aprobó el pasado año la financiación de la obra «y el equipo de gobierno no ha podido justificar los 200.000 euros de ayuda del Gobierno».

Fue en esa sesión en la que el Pleno pejino aprobó una partida de un millón de euros (para sufragar la rehabilitación) después de haber restado los 200.000 euros de la subvención del Gobierno regional que el Ayuntamiento había perdido, según denunciaron los grupos de la oposición, por no haberlos justificado antes del pasado 31 de enero, último plazo que concedió el Ejecutivo cántabro.

El pasado mes de mayo, desde Izquierda Unida, el portavoz Alejandro Abad, reconoció que «no esperábamos que íbamos a ir tan tarde con la piscina, después de que en 2017, propusiéramos junto a SSPL renunciar a las pistas de pádel para priorizar esta obra». «No sabemos cuál va a ser el proceso, pero esto tiene pinta de que se va a alargar mucho». «Estamos muy preocupados porque ni siquiera se ha formalizado el contrato y nos tememos que la empresa adjudicataria pueda reclamarnos una indemnización por daños y perjuicios por la dejadez de los hermanos López», señaló Abad.

Un año de obras

Un año es el plazo de ejecución que se contempla para llevar a cabo la rehabilitación de la piscina. En el proyecto se recoge, entre otras actuaciones, que en la planta baja del edificio, se ha optado por centralizar el control de acceso en la zona noroeste con el fin de poder fiscalizar con mayor facilidad tanto el acceso de los usuarios habituales como del público eventual. Junto a este control se situarán las zonas de administración y de dirección de la instalación. Por este motivo, se eliminará tanto el ascensor existente, «que incumple la normativa vigente en cuanto a la accesibilidad que marca el CTE (Código Técnico de la Edificación), como la actual escalera principal».

De esta forma, los redactores del proyecto entienden que se consigue una mejora sustancial de la comunicación con la planta superior al diseñarse junto a la zona de control un ascensor con dimensiones optimizadas para su utilización por personas con discapacidad, y que cumple sobradamente las medidas mínimas exigidas. Este ascensor tendrá embarque a 90º para facilitar su utilización en las tres plantas a las que dará servicio.

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