Ruiloba informa de que el caso sobre la vivienda de la hermana del alcalde ha sido archivado
La portavoz municipal del PP asegura que se ha llegado a un acuerdo extrajudicial con la inquilina y acusa a la portavoz del PRC de «hostigamiento»
El Ayuntamiento de Ruiloba ha devuelto la pelota a la portavoz del PRC en la oposición, Sara Portilla, en una diatriba que parece no tener fin. La portavoz municipal del PP y primera teniente de alcalde, María Eugenia Martínez, se ha expresado este miércoles a través de un comunicado en nombre del equipo de gobierno que dirige el socialista Julio Pinna, acerca de la denuncia expuesta hace unos días por la edil regionalista sobre el trato de favor que supuestamente se le ha dado a la hermana del regidor.
Si la del PRC acusaba al alcalde de adjudicarle directamente a su familiar una vivienda municipal en la que reside de manera irregular desde hace cuarenta años y renovar el contrato para las próximas dos décadas -todo, decía la regionalista, a pesar de existir una sentencia de desalojo-, el Ayuntamiento carga ahora contra la concejala y, ante todo, aclara que «ha quedado archivado definitivamente» el procedimiento judicial. La portavoz popular concreta que el caso, seguido por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de San Vicente de la Barquera, ha sido cerrado «tras alcanzarse un acuerdo extrajudicial con la inquilina» -que es, efectivamente, hermana del alcalde- de un inmueble municipal cuya ocupación «fue plenamente conocida, consentida y tolerada por todas las autoridades municipales desde el año 1987», recuerda.
Es más, la del PP expone que la mujer accedió a la vivienda hace casi cuatro décadas con el conocimiento expreso del Consistorio y costeó ella misma la rehabilitación del inmueble, «que se encontraba en estado ruinoso, contribuyendo así a la conservación del patrimonio público». El informe técnico elaborado por los servicios municipales, según el comunicado municipal, «acredita una inversión total de 30.492,17 euros, justificada mediante facturas y documentación aportada».
Además, durante todo este tiempo, «nunca se le ofreció un contrato escrito de arrendamiento, lo que generó una situación de indefinición jurídica que, sin embargo, no fue imputable a la inquilina, sino a una omisión continuada de la propia Administración», a la que el actual equipo de gobierno hace responsable. Lejos de tratarse de una ocupación clandestina o desleal, «su residencia fue pacífica, pública y conocida por todos los alcaldes y corporaciones anteriores».
Campaña de acoso
Así las cosas, desde el Ayuntamiento acusan a la regionalista de emprender «una campaña de acoso utilizando el aparato administrativo y jurídico de la Administración local para hostigar injustificadamente», ya que ella, alegan, «era conocedora de la situación, a pesar de lo cual promovió un procedimiento judicial de desahucio alegando la inexistencia de título legal».
«La presión se ha traducido en notificaciones, requerimientos reiterados, maniobras procesales y hasta la remisión del expediente a la Fiscalía, en un intento fallido de judicializar un conflicto artificialmente creado». Por su parte, la Fiscalía de Cantabria, apuntan, «tras analizar el caso en profundidad, acordó el archivo de todos los procedimientos abiertos».
