Los tribunales confirman la legalidad del Plan General de Alfoz de Lloredo

Las demandas han sido interpuestas por particulares que no estaban de acuerdo con la calificación de sus fincas, entidades mercantiles que discrepaban sobre el procedimiento de aprobación del PGOU y expolíticos como José Manuel Luguera, cuyo recurso también fue desestimado, siendo condenado a pagar las costas. Todas las demandas se interpusieron contra el acuerdo de la Comisión Regional de Urbanismo por el que se aprobó el PGOU hace cuatro años y contra el Consistorio alfocense. Ambas entidades han salido indemnes al entender los diferentes tribunales que el plan está dentro de la legalidad.

El alcalde, Enrique Bretones, explicó ayer a través de una nota de prensa que «una de las sentencias dictadas confirma el Decreto del Gobierno de Cantabria que modifica el Plan de Ordenación del Litoral en el municipio». Otras tres, continuó, «revocan las licencias concedidas en el año 2005 que no habían sido ejecutadas al aprobarse el PGOU, extinguiendo de manera definitiva así las polémicas sobre las urbanizaciones proyectadas en la finca del Obispado y en la vertiente de la playa de Luaña, en Cóbreces». El abogado del Consistorio concretó ayer que el TSJC «entiende que la simple entrada en vigor del PGOU supone la extinción de las licencias anteriores a la aprobación del mismo que no hayan sido ejecutadas», por lo que el juez considera que no es necesario iniciar un proceso para caducar las licencias por su falta de utilización. Sin embargo, el Ayuntamiento y el Gobierno de Cantabria han recurrido en casación esta última consideración, por los efectos que podrían derivarse de esta doctrina para las licencias en curso de ejecución o en materia indemnizatoria, a fin de que sea matizada por el Tribunal Supremo.

En la nota, Bretones deja claro que «la confirmación del PGOU supone la adaptación del municipio a la legislación estatal y autonómica en materia de suelo, protege los Lugares de Interés Comunitario, como la cueva de la Rogería, y los referentes culturales, como los yacimientos arqueológicos y el patrimonio arquitectónico del municipio». Además, apunta, «sigue las directrices internacionales para consolidar las características de los núcleos rurales y conservar sus valores tradicionales». El regidor insistió en que la disposición del PGOU permite superar «la urbanización indiscriminada de las Normas Subsidiarias del año 1983 y posibilita la regulación de situaciones anómalas, como la del Hotel Puerto Calderón, que no será demolido, ya que queda amparado por el nuevo plan».

En el comunicado se detalla también que «en octubre de este año, un Auto del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 2 de Santander desestimó la ejecución de otra sentencia dictada en el año 2004, que ordenaba la demolición de tres viviendas en Novales, al considerar que los demandantes actuaban abusando de sus derechos». Por lo que parece que todo son buenas noticias en el ámbito urbanístico para el Ayuntamiento de Alfoz.

Bretones se mostró ayer «contento», porque «el PGOU es una herramienta importantísima y un documento adaptado a la Ley del Suelo, que permite a los vecinos construir con las máximas garantías legales». Tras estas sentencias, «podemos afrontar el desarrollo del plan mediante los planes especiales del suelo rural o las actuaciones de equipamiento que prevé el documento, con el fin de mejorar la calidad de vida de la población y dotar al municipio de una alta seguridad jurídica», reiteró el regidor. Por eso, «a partir de ahora, el trabajo desde el Ayuntamiento va a consistir en desarrollar este plan y mejorarlo». Por último, el alcalde manifestó la necesidad de «iniciar el desarrollo de los suelos rústicos mediante planes especiales e intentar ir metiendo poco a poco los equipamientos comprometidos en el plan».

La buena nueva supone la culminación de un proceso que, incluso teniendo en cuenta la lentitud de la burocracia, se ha alargado demasiado en el tiempo. Ya en noviembre del año 2014, varios vecinos de la localidad se manifestaban en la ciudad de Santander para protestar por el PGOU, nada más llevarse a cabo su aprobación provisional en el Ayuntamiento. Los manifestantes denunciaban una serie de irregularidades relacionadas con el documento. El alcalde argumentó que se trataba de «errores cometidos en el informe redactado por los técnicos del plan, en el que se desestimaron alegaciones que debían haber sido estimadas». Entonces, el PGOU ya llevaba diez años en tramitación y había tenido que superar varios escollos. Parece que la carrera de fondo se ha terminado.