Piélagos ya tiene contratado el derribo de otras 17 viviendas en Cerrias, en Liencres
El alcalde, que recibe la crítica de Avip, asegura que estas demoliciones «no tienen fecha» y que la jueza «obliga» a tenerlas previstas
Piélagos ya tiene contratados los derribos de las últimas viviendas (de las urbanizaciones Cerrias I y Cerrias II, en Liencres) que le corresponderá echar abajo ... cuando lo ordene el juzgado. Según se puede comprobar en el portal de transparencia local, serán Rucecán y Palomera las empresas que los acometerán. La primera demolerá 11 casas correspondientes al procedimiento 001721/1996 y habrá que desembolsar para ello 126.000 euros. Palomera derribará otras seis, correspondientes al mismo expediente y cobrará casi 70.000 euros.
Así lo difundió ayer el concejal de Avip Luis Sañudo, que acusó al alcalde Carlos Caramés de «agotar el remanente municipal de cinco millones de euros» -en proyectos que se aprobaron en un pleno reciente- «lo que dejaría las arcas municipales sin ningún tipo de margen» si estos derribos estuvieran próximos.
Pero, según aclaró Caramés, no lo están. «Que se hayan hecho estos contratos no significa que las demoliciones ya estén previstas ni tengan fecha». De hecho, los contratos datan de mayo y julio aunque el edil opositor los haya hecho públicos ahora.
Al alcalde la experiencia le dice que, en otros casos (con corporaciones anteriores), se acordaron derribos con constructoras «que tardaron años» en materializarse. «Es la jueza quien impone los tiempos», ilustró Caramés, que agregó que el Ayuntamiento estaba obligado a contratar estas operaciones ya que periódicamente el Juzgado exige pruebas de que en Piélagos cumplen sus directrices al pie de la letra. «Tenemos que demostrar que damos todos los pasos que se nos indican para acatar la sentencia del Tribunal Supremo».
A la crítica del edil sobre la falta de fondos para hacer frente a las obligaciones futuras con los afectados, Caramés respondió con un rotundo «en consignaciones financieras vamos por delante de lo que nos marcan». Porque el Ayuntamiento tiene un fondo creado ad hoc (al que se suman 500.000 euros anuales) y porque, por convenio, habrá 20 años para devolverle al Gobierno regional la mitad de las cifras que se gasten en pagar a los propietarios que vean caer sus casas.
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