«El Ayuntamiento de Noja podría ir a la bancarrota si prospera la millonaria reclamación de Nocanor»
La regidora, Mireia Maza, se muestra preocupada por «las negativas consecuencias» que puede tener el recurso de la empresa del exalcalde ante el Supremo
La espada de Damocles pende sobre el Ayuntamiento de Noja. El exalcalde Miguel Ángel Ruiz Lavín (PRC) ha ratificado en una vista judicial, celebrada el pasado 11 de julio, la reclamación millonaria de la promotora Nocanor, empresa perteneciente a él y a su familia, al Consistorio por un importe de 12,9 millones de euros. De salir adelante este recurso, que fue presentado en octubre de 2021 ante el Tribunal Supremo -en ese momento Ruiz Lavín estaba el frente del Gobierno local-, supondría la «bancarrota» del Ayuntamiento nojeño, que maneja un presupuesto municipal de unos 11 millones de euros. La demanda no solo vaciaría por completo las arcas públicas de este municipio costero de dos mil habitantes, sino que lo endeudaría por varios años.
La nueva alcaldesa de Noja, la popular Mireia Maza, ha mostrado su preocupación por «las negativas consecuencias» que acarrearía para el devenir del Consistorio, y para todos los vecinos de la villa, en caso de que prospere en el Supremo el recurso interpuesto a la sentencia de la Audiencia Provincial de Cantabria, y por tanto, la reclamación de 12,9 millones de euros -sumando los intereses sería una cantidad superior a los 15 millones de euros- por parte de la mercantil Nocanor Promociones SL.
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Los hechos se enmarcan en un procedimiento judicial que inició la empresa familiar de Ruiz Lavín, «de la que él era el responsable», con la interposición de una denuncia en la que acusaba al entonces alcalde, Jesús Díaz (PP), y al que fuera secretario municipal, José Luis Sáenz Messía, de «retrasar deliberadamente la concesión de las licencias para la construcción de 184 viviendas en la urbanización Socaire a Promociones Nocanor con la finalidad de perjudicar económicamente a la constructora».
15 millones
de euros, incluidos los intereses, es lo que tendría que pagar el Ayuntamiento a la empresa Nocanor si el recurso ante el Supremo es favorable y las partes implicadas se declaran insolventes
La Audiencia Provincial de Cantabria condenó en junio de 2021 a Díaz a diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito continuado de prevaricación al dictar «numerosas resoluciones abiertamente injustas y arbitrarias» y al exsecretario municipal a nueve años de inhabilitación por el mismo delito, al entender que con su actuación dio cobertura a las resoluciones de Díaz pese a conocer su «carácter arbitrario e injusto». Además, la resolución recogía que ambos deben indemnizar de forma conjunta y solidaria a Nocanor en el importe relativo al incremento de los costes que tuvo que soportar dicha mercantil, derivados de la presentación del proyecto de urbanización, así como del proyecto de compensación a determinar en ejecución de sentencia.
El juez exoneró al Ayuntamiento de Noja de toda responsabilidad civil al entender que ya fue objeto de otro procedimiento judicial contencioso-administrativo.
Esta sentencia ha sido recurrida por Díaz y el exsecretario municipal, para solicitar su libre absolución, mientras que Nocanor ha recurrido la misma para «reclamar tanto la integridad de su indemnización, -15 millones de euros con los intereses-, así como que sea el Ayuntamiento de Noja quien pague de forma subsidiaria dicho montante».
En la vista que ha tenido lugar el pasado 11 de julio, «la empresa Nocanor ha reiterado esta petición, así como que con la sentencia que dicte el Supremo, que será previsiblemente en los próximos meses, se devuelvan los autos a la Audiencia Provincial de Cantabria para que sea esta quien fije los daños y perjuicios que pudieran haberse causado».
La regidora recuerda que hasta la fecha, el Ayuntamiento ha sido exonerado de toda culpa, «hasta el punto de que la Audiencia Provincial ha absuelto a esta Administración local de toda responsabilidad civil», pero si la reclamación ante el Tribunal Supremo es acogida favorablemente y las partes implicadas se declaran insolventes, el Ayuntamiento debería de responder subsidiariamente de los daños causados por sus dirigentes, tal y como especifica la Ley.
Ello supondría que el Consistorio de Noja estaría obligado a pagar 15 millones de euros al exalcalde regionalista por «una guerra en la que el Ayuntamiento ha sido el convidado de piedra y en la que los perjudicados serían todos los vecinos». A este respecto, Maza señala que, dado que el presupuesto municipal está en torno a los 11 millones de euros, una sentencia del lado del propietario de Nocanor «limitaría o anularía la capacidad inversora del Ayuntamiento, y por lo tanto no se podrían llevar a cabo proyectos e inversiones muy necesarias destinadas al mantenimiento de los servicios, la actividad y gestión diaria municipal y el desarrollo de la localidad».
