La exinterventora de Noja condenada logra una plaza fija en la Administración local

La funcionaria Irene. L. D., que desempeñaba su cargo en condición de interina, se presentó al concurso convocado en diciembre de 2022 por el Ministerio de Función Pública para la estabilización de empleo temporal en la subescala de secretaría-intervención. Para esa fecha, ya habían salido a la luz las irregularidades que había cometido en la gestión financiera municipal.

Hacía ya casi un año – el caso se destapó en abril de 2021 – que había sido denunciada por el Ayuntamiento de Noja, tanto ante el Tribunal de Cuentas como ante el Tribunal de Instancia Número 1 de Santoña por presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, apropiación indebida y falsedad documental. No obstante, ambas vías permanecían abiertas, investigándose la causa.

La demandada aspiró sin problemas al concurso estatal ya que, por el momento, no ha sido inhabilitada para desempeñar empleos públicos ni se le ha separado mediante expediente disciplinario del servicio de las administraciones públicas. Requisitos que sí le impedirían formar parte de una oposición.

Aunque se incoó un procedimiento penal, ni la Administración estatal ni la autonómica acordaron un expediente sancionador contra esta trabajadora y tampoco el Ayuntamiento de Noja en su demanda solicitó la adopción de medida cautelar alguna. Es por ello, que Irene L. D. estaba legitimada para concurrir a una plaza pública. De hecho, tras su paso como funcionaria interina en Noja, se conoció que estaba destinada como secretaria en el Ayuntamiento de Boadilla del Camino, en Palencia.

La reciente sentencia dictada por el Tribunal de Cuentas declarándola «responsable contable directa» del perjuicio económico causado al Ayuntamiento entre 2019 y 2021 y condenándola a reintegrar los 725.404 euros que ha desviado de fondos públicos – más de la mitad del dinero lo transfirió a una cuenta a nombre de su madre y el resto lo utilizó para un pago de una subasta judicial en la que participó– tampoco cambia en nada la situación de la ya funcionaria fija.

Hay que tener presente que el Tribunal de Cuentas es un órgano jurídico fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado y lo que ha determinado es que es responsable contable, pero aún está pendiente de fallarse la responsabilidad penal, que recae en el Tribunal de Instancia Nº1 de Santoña. La causa, que también investiga transferencias de esta trabajadora cuando fue tesorera del Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana de una cuenta municipal a otra de su hermana por más de 50.000 euros, sigue abierta. Hay que esperar, por tanto, a que el juez cierre la instrucción y determine si la investigada es responsable de alguno de los delitos que se le imputan.

Actualmente, la funcionaria está a la espera de que la otorguen su primer destino como personal fijo público. En base a su amplia experiencia en el puesto como interina concurrió a la convocatoria de méritos logrando – según consta en la publicación del pasado 25 de julio del BOE con la lista de aspirantes que pasan a ser fijos – la propiedad de una de las plazas al obtener 78,40 puntos.

La paradójica situación de la exinterventora de Noja no es la única actualmente en Cantabria. Las cuatro trabajadoras del laboratorio de Anatomía Patológica del Hospital Sierrallana condenadas a cárcel por coacciones a sus compañeros no perderán su plaza fija en el Servicio Cántabro de Salud (SCS), ya que «no se les abrió expediente disciplinario y ahora es tarde, al haber prescrito los hechos». El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria también anuló la suspensión provisional de sus funciones del funcionario 'caso Obras Públicas' al no acordar la jueza instructora ninguna media que determine la imposibilidad de desempeñar su puesto. El Gobierno regional recurrió al Supremo que se mantenga la medida.