Santoña pedirá un informe sobre el cambio de nombre del monumento a Carrero Blanco

Así se pronuncia el regidor, a preguntas de este periódico, tras el anuncio de la directora general de Patrimonio Cultural y Memoria Histórica, Zoraida Hijosa, de que va a remitir una carta a todos los ayuntamientos de la región para instarles a cumplir la nueva ley, que entró en vigor el pasado octubre, y procedan a eliminar las calles y símbolos franquistas que aún mantengan. Un asunto en el que siempre sale a colación Santoña, que cuenta desde 1976 con un monumento al almirante Carrero Blanco, ubicado en el paseo marítimo, y una avenida con el nombre del que fuera presidente de España durante la época franquista. Abascal, como ya ha reiterado en anteriores ocasiones, deja claro que el monumento –que no tiene ningún elemento de simbología franquista– no se va a demoler, sino que se procedería a cambiar su denominación, tal y como ha ocurrido recientemente con el Valle de los Caídos de Madrid, que, ahora, se llama Valle de Cuelgamuros. «Tirar el monumento no tiene sentido y el Ayuntamiento de Santoña no está para gastar el dinero en cosas sin sentido», expresó el socialista.

La nueva Ley de Memoria Democrática fija plazos concretos y sanciones para aquellos que la incumplan. Abascal asegura que si el informe del secretario resuelve que tanto el monumento como la calle están afectados, se actuará antes de que llegue cualquier multa económica; no obstante afirma que en el municipio existe una «paz social» en torno al monolito dedicado a la figura del exmilitar nacido en esta villa. «No es fuente de conflictos, pero si por aplicación de la ley tienen que surgir discrepancias, tendremos que acatarlo. Lo que no hemos querido es generar enfrentamientos entre unos y otros». En cualquier caso, será el Pleno el que apruebe el cambio de nombre. «Los portavoces de todos grupos políticos de la Corporación tendrán que pronunciarse si cumple o no la ley en función del informe que emita el secretario, y votar al respecto». Un asunto que ya se debatió en el Pleno en el año 2007, a raíz de la aprobación de la anterior Ley de la Memoria Histórica, acordándose entonces su conservación. El resto de calles con nomenclatura franquista sí se modificaron.