La Audiencia cita al alcalde de Ribamontán al Monte a declarar el 3 de diciembre
El regionalista Joaquín Arco se enfrenta a un juicio oral tras ser acusado por la Fiscalía y el PP por un presunto delito continuado de prevaricación administrativa
La Audiencia Provincial Sección 1 de Cantabria ha acordado el señalamiento del juicio oral frente al alcalde de Ribamontán al Monte, Joaquín Arco, el 3 de diciembre a las 9.30 horas. El regionalista se sentará en el banquillo tras la acusación por parte de la Fiscalía y del PP -como acusación particular- de un supuesto delito continuado de prevaricación administrativa, por el que piden una pena de 15 años de inhabilitación para empleo o cargo público. El titular del Juzgado de Instrucción Nº2 de Santoña, Carlos Miguel Arcay, acordó hace seis meses la apertura de juicio oral frente al regidor en un auto en el que declaraba como órgano competente para el conocimiento y fallo de la causa a la Audiencia Provincial de Cantabria.
Los hechos que se juzgarán se remontan al período 2016-2018, en el que, según la denuncia presentada en su día por el anterior equipo de gobierno popular, con el exalcalde José Luis Blanco a la cabeza, se realizaron pagos por «unos 140.000 euros» en contra de los informes de la Intervención y a pesar de los reparos de ilegalidad de la secretaria municipal. Esta situación llevó al PP a presentar una querella contra el primer edil, que «levantó los reparos sin subsanarlos».
Según recogió el instructor en el auto de procesamiento de julio de 2022, que fue confirmado por la Audiencia el pasado agosto en lo que concierne al alcalde (sobreseyó la causa respecto a otros cinco ediles), «en todos los supuestos anteriores se habrían producido reparos por parte de la interventora municipal, previo asesoramiento al responsable del Ayuntamiento sobre el asunto en cuestión, sin que dicho asesoramiento, ni el reparo posterior, hayan sido atendidos por parte del Consistorio».
El propio Joaquín Arco, en declaración en sede judicial, reconoció haber cometido «determinadas irregularidades», si bien las justificó en que, tanto dicho Ayuntamiento como otros habían actuado de esa forma en el pasado, «lo cual considera que le habilita para perpetuar dichas prácticas ilegales, y, posiblemente, delictivas», apuntó el juez. Entre las supuestas irregularidades, se cita el pago de la nómina a una coordinadora «sin trabajo efectivo, un gasto injustificado y sin respaldo; la contratación irregular de un aparejador, desoyendo los reparos del interventor y prorrogando contratos sin justificación; el pago de facturas ilegales por servicios jurídicos al alcalde, ignorando las advertencias del interventor; y contrataciones directas ilegales para servicios informáticos, sin seguir el procedimiento legal establecido».
El propio regidor que se enfrentará a juicio oral dentro de cinco meses, explicó a este periódico en enero que estaba «tranquilo» ante la inminente celebración del juicio porque «por fin se va a aclarar todo». Arco aseguró que este proceso «se ha prolongado demasiado en el tiempo», pero «confío en la justicia». Tras dos legislaturas y media como alcalde, «la gente del pueblo ya sabe lo que hay».
