Ecologistas y animalistas alegan contra el coto de caza de San Roque de Riomiera
Denuncian su constitución porque vulnera el derecho a la propiedad, destruye la biodiversidad y «pone en peligro a las personas»
Las organizaciones Ecologistas en Acción Cantabria, ARCA, Verdes Equo y los animalistas de la Federación DEAN han presentado alegaciones formales en el trámite de información pública referente a la constitución de un coto deportivo de caza en el municipio de San Roque de Riomiera. Según explican en un comunicado conjunto, el documento de petición de la constitución del coto presenta «graves irregularidades» en el procedimiento, especialmente la ausencia de notificación personal a los propietarios afectados y la vulneración del derecho a la propiedad, remarcando también la amenaza directa que supone para la biodiversidad y la seguridad ciudadana.
Según la documentación publicada en el Boletín Oficial de Cantabria el 15 de mayo, el coto afectaría más de 1.500 parcelas, sin que se haya informado personalmente a sus propietarios, incumpliendo flagrantemente lo dispuesto en la Ley de Caza de Cantabria 12/2006. «Esta falta de transparencia institucional convierte la supuesta participación pública en una simulación vacía, dejando a decenas de familias fuera del proceso de decisión sobre el uso de sus propias tierras», exponen.
Las cuatro entidades señalan que las consecuencias de esta decisión administrativa trascienden lo legal. Enumeran también que el territorio en cuestión forma parte de la Red Natura 2000, alberga zonas de altísima sensibilidad ecológica como el Tremedal de Bernallán, y especies protegidas como el alimoche común, el halcón peregrino o varios murciélagos catalogados como vulnerables. «Todo ello en una zona que, por su riqueza natural, podría impulsar un modelo de desarrollo sostenible basado en el ecoturismo, no en la violencia y el retroceso que implica la actividad cinegética», opinan.
Además, subrayan que el procedimiento propuesto atenta contra principios básicos recogidos en la Constitución Española y la Ley de Procedimiento Administrativo, como el derecho a la participación, la seguridad jurídica y el principio de buena fe administrativa. «La ocupación de fincas privadas para el ejercicio de la caza, sin consentimiento expreso de sus dueños, constituye una expropiación de facto que carece de la cobertura legal y procesal requerida».
Añaden también que la presencia de un coto de caza próximo a núcleos habitados y zonas recreativas plantea «un riesgo inaceptable para la seguridad de vecinos y visitantes». La falta de zonas de seguridad reales y el uso de armas de fuego en áreas frecuentadas por personas «expone a la población a un peligro inasumible», resumen.
Paralización del expediente
Las organizaciones firmantes exigen además la inmediata paralización del expediente de constitución del coto. «Reclamamos que cualquier actuación que afecte a la naturaleza y a los derechos de las personas se ajuste con rigor a la legalidad vigente, garantice la transparencia del proceso y priorice la protección del patrimonio natural frente a intereses particulares». Asimismo, ecologistas y animalistas reiteran su oposición a que el medio rural «se transforme en un espacio reservado a unos pocos cazadores, en detrimento de la mayoría de vecinos y del modelo de desarrollo sostenible que requiere el entorno», finalizan.
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