La quiebra de la concesionaria permite aparcar gratis en Alfonso XIII por unos días

La precaria situación económica de la empresa Aparcamientos de León, que en 2005 se hizo con la explotación del parking de Alfonso XIII, ha permitido de rebote que miles de usuarios estén utilizando de manera gratuita las instalaciones desde la semana pasada. La situación, sin embargo, es temporal y está previsto que esta misma semana se normalice el traspaso de la concesión a la nueva adjudicataria, poniendo fin, así, a una circunstancia que ha causado perplejidad en la ciudad.

En el origen del asunto está la asfixia económica que vive Aparcamientos de León, concesionaria del aparcamiento subterráneo, una situación que ha provocado el impago del crédito hipotecario que tenía con Liberbank, con quien mantiene una deuda de casi 28 millones de euros. La entidad financiera emprendió un procedimiento judicial de ejecución hipotecaria, que determinó que el juez sacará a subasta la concesión, único bien de la deudora, que fue adjudicada a Laoconte Operaciones S. L., sociedad participada al cien por cien por la propia Liberbank. A su vez, la entidad financiera ha subcontratado la explotación del servicio a Empark, empresa líder de los aparcamientos en España y Portugal.

El pasado miércoles una comisión judicial se desplazó a la infraestructura para proceder al traspaso de la concesión, pero se encontró con que Aparcamientos de León había retirado los elementos de control informático de los accesos, indispensables para la prestación y cobro del servicio público.

Esta maniobra tuvo dos consecuencias. Por un lado, el Ayuntamiento tomó nota de la situación y denunció la retirada de las máquinas ante el juzgado de guardia al entender que esas máquinas formaban parte de la concesión y no podían ser desmanteladas. Al mismo tiempo, junto a la nueva empresa adjudicataria, decidió mantener abierta la instalación de manera gratuita ya que era imposible el control mecánico de los accesos. De este modo, los usuarios se vieron gratamente sorprendidos por la medida, que se mantendrá hasta que se normalice la situación, «probablemente» a lo largo de esta semana, según fuentes municipales.

En paralelo, el juez ha ordenado a Aparcamientos de León que reponga al estado original las máquinas de control de los accesos. Pero mientras se restablece el servicio informático, la regulación de las entradas se realiza de manera «rudimentaria» por parte de los operarios, de modo que antes de que se llene el parking los trabajadores bloquean con cintas los accesos, lo que suele ocurrir en horas puntas.

Aparcamientos de León era propiedad del grupo de empresas del ya fallecido empresario leonés Martínez Núñez. Pero la empresa matriz entró en concurso de acreedores hace ya más de tres años y arrastró con ella a la concesionaria del aparcamiento, ahogada por los problemas económicos.

El Ayuntamiento de Santander adjudicó en 2005 a Proinsa, del grupo de Martínez Núñez, la remodelación, ampliación y explotación del subterráneo durante 50 años, una infraestructura que permanecía cerrada desde diciembre de 2002 por la explosión de un artefacto de ETA en su interior. La adjudicataria se comprometió a pagar un canon de explotación de 18,5 millones de euros y a invertir más de 680.000 euros en la ejecución de unas obras que permitirían duplicar la capacidad de la instalación. Dos años después, en noviembre de 2007, reabrió sus puertas con 846 plazas disponibles, 100 más de las previstas en la ampliación.

Sin embargo, las obras del Centro Botín perturbaron la marcha del negocio. La concesionaria acudió a los tribunales para pedir la paralización cautelar de los trabajos del túnel bajo el edificio del arquitecto Renzo Piano. Aparcamientos de León alegó, entre otros motivos, la pérdida de plazas de aparcamiento y de negocio, al modificar las entradas y salidas del parking, pero sus demandas fueron desestimadas. Mientras, la situación financiera de la empresa era cada vez más apurada hasta que no pudo hacer frente al pago del crédito hipotecario que mantenía con Liberbank, a la que debía casi 28 millones de euros. Tampoco pagó el IBI al Ayuntamiento de Santander con quien contrajo una deuda de 120.000 euros. Al final, Liberbank reclamó al juzgado y se ha quedado con la concesión.