El juez paraliza el desahucio de una pareja y sus dos hijas en la Peña del Cuervo

La Peña del Cuervo, en Santander. /María Gil Lastra
La Peña del Cuervo, en Santander. / María Gil Lastra

Hace tiempo que los afectados negocian con la entidad propietaria de la vivienda un alquiler social, pero no encuentran respuesta, según la plataforma Stop-Desahucios

José Carlos Rojo
JOSÉ CARLOS ROJOSantander

La orden de alzamiento estaba fijada para este martes. Ángela y Alejandro, una pareja joven de 20 y 19 años, en situación de desempleo y con dos niñas de seis meses y dos años de edad, iba a ser expulsada del piso en el que viven -sin ser propietarios y sin contrato de arrendamiento- en el número 12 de la santanderina Peña del Cuervo. Pero tras la reunión de hoy en el juzgado de primera instancia número 4 de Santander con el letrado instructor, se ha paralizado el desalojo.

Los jóvenes se encuentran en situación de desempleo. Ella ha tenido «trabajos esporádicos». «De hecho ha estado en activo de septiembre a diciembre de 2018 como teleoperadora con un sueldo precario -entre 670 y 525 euros mensuales- pero se le terminó el contrato», informa en un comunicado la plataforma Stop-Deshaucios, que ha apoyado desde el primer momento a la pareja en el periplo judicial.

En su momento les concedieron la renta básica, que cobraron durante dos meses, a mediados del 2018; «pero se la suspendieron posteriormente porque no pudieron entregar la documentación relativa a la situación de la vivienda –el contrato de alquiler –. Algo que no pueden aportar y que no es necesario para obtener la ayuda porque no existe», defendió Antonio González, portavoz de la plataforma, y añade: «No han sido las circunstancias personales, familiares y económicas las que han determinado la paralización del desahucio sino las irregularidades jurídicas que se han producido en este caso». «No hubo notificación del alzamiento y los afectados carecían de abogado procurador, algo que es obligado en este tipo de casos», confirma la plataforma.

Desde Stop-Desahucios confían en que la pareja tenga ahora «seis o siete meses por delante» de tranquilidad hasta que se les comunique de manera oficial el alzamiento. «Un tiempo en que trataremos de negociar con el Gobierno de Cantabria para que les concedan la renta básica y que la entidad bancaria les alquile el piso con un precio social», confirmó Antonio González.

Según ha podido saber este periódico, el piso es propiedad de la gestora inmobiliaria Coral Homes. Los responsables de la plataforma aseguran que la pareja ha tratado de ponerse en contacto con la firma para arreglar un contrato de arrendamiento «pero no ha habido respuesta».

Un problema creciente

La plataforma Stop-Desahucios avisa de que los casos «van a aumentar en los próximos meses de forma exponencial, sobre todo por impago de alquiler o por carecer de título. Este mes de enero hay programados tres desahucios más». La plataforma se reúne los martes en el centro cívico Numancia.

 

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