Santander lleva a los tribunales las reclamaciones económicas por la anulación del Plan General

Esta primera reclamación ante los tribunales asciende a algo más 3 millones de euros, el dinero correspondiente a la redacción del documento urbanístico, ocho años de trabajo y cuatro periodos de exposición públicos. Pero no será la única reclamación económica por la vía judicial, avisan desde el Gobierno local. De momento está pendiente de resolución otra demanda administrativa por importe de siete millones de euros, el dinero que el Ayuntamiento de Santander tendrá que devolver a la Fundación Caja Cantabria por la suspensión del convenio urbanístico para la parcela que la entidad tiene en Cazoña. Y hoy el Ayuntamiento vuelve a asegurar que la voluntad del equipo de Gobierno es «que todos los perjuicios económicos que se puedan derivar de la anulación del PGOU se repercutan también a las administraciones que intervinieron en los acuerdos que motivaron su anulación».

El inicio de las acciones judiciales ha sido aprobado por la Junta de Gobierno Local, que ha tomado esta decisión después de cumplirse un año sin que ni el Gobierno de Cantabria, ni la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) o el entonces Ministerio de Medio Ambiente (ahora para la Transición Ecológica) se haya pronunciado sobre la reclamación administrativa. Por ello la Junta ha autorizado a los servicios jurídicos municipales para iniciar las acciones ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (en el caso de las dirigidas contra el Gobierno regional y la CHC) y ante la Audiencia Nacional (en lo que respecta al Ministerio).

El concejal de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda, César Díaz, ha señalado que el objetivo es que las «administraciones responsables» de los acuerdos que provocaron la anulación del plan asuman también los perjuicios económicos derivados de ello. Ha recordado que la primera reclamación patrimonial por la anulación del PGOU se interpuso en octubre de 2017 . De acuerdo con la legislación vigente, el plazo para la tramitación de este tipo de expedientes es de 6 meses y, una vez transcurrido ese periodo sin que se haya dictado una resolución expresa, se entiende que la reclamación ha sido desestimada por silencio administrativo.

A partir de ese momento, el reclamante tiene un plazo de tres meses para presentar recurso de reposición ante la misma administración, y de seis meses para plantear directamente recurso contencioso-administrativo ante los tribunales de justicia. Por tanto, pasado este tiempo sin que se las administraciones apeladas hayan resuelto sobre el procedimiento, el Ayuntamiento de Santander acude a la vía judicial.

Al equipo de gobierno municipal le habría gustado, insiste Díaz, que las administraciones hubieran resuelto en plazo la reclamación planteada. En este sentido, el pasado mes de mayo el Ayuntamiento se interesó por el estado de los expedientes.

«Sin embargo, ante el importante retraso que acumulan y al no constar que se hayan remitido tampoco al Consejo de Estado como prevé la normativa de aplicación, se decide acudir como 'última solución' a los tribunales», concluye el ayuntamiento.

El concejal ha recordado también que antes de formular ninguna reclamación, la alcaldesa, Gema Igual, envió en julio de 2017 cartas a los dos gobiernos y la CHC informándoles de que se habían planteado varios recursos y reclamaciones frente al Ayuntamiento como consecuencia de la anulación del PGOU y que se les emplazaría para poder participar en ellos y defenderse ante las eventuales reclamaciones patrimoniales que pudieran derivarse.