¿Quién vive en el Castillo de Corbanera?

Tras la derrota de las tropas carlistas, terminada la guerra, todas estas edificaciones quedaron sin utilidad. Las tierras expropiadas para la construcción del entramado defensivo fueron devueltas a sus dueños, salvo las de la Torre de la Albericia y el Tambor o batería de la Corbanera, según apuntan en su libro 'Fortificaciones de La Maruca' José Luis Casado Soto y Carmen González Echegaray.

En las actas del Ayuntamiento de Santander del 20 de marzo de 1879, consultadas por González de Riancho, queda reflejada la petición de Francisco Travieso (antepasado de la actual propietaria) de habitar el castillo. Y así fue pasando de mano en mano, dentro de la misma familia. De igual manera sucedió con las fincas que lo rodean, en las que se terminaron levantando casas, pegadas al mismo muro.

El primero en llamar la atención sobre este castillo y su valor patrimonial fue González de Riancho, quien en marzo de 2021 envió un escrito a la alcaldesa, Gema Igual, preocupándose por la propiedad de la fortificación y apuntando a la necesidad de su protección y puesta en valor. Y recuerda que gracias a su gestión fue declarado Bien de Interés Cultural en 2012.

En este mismo escrito, González de Riancho remite a la alcaldesa a las actas de sesiones de plenos municipales de 1874, 1879, 1881 y 1888, a los que tuvo acceso tras documentarse. Así, escribe que, desde su punto de vista, «se confirma que, sin duda, la propiedad del castillo de la Corbanera es del Ayuntamiento de Santander». Y por ello le insta a conseguir «el objetivo de que vuelva a la gestión municipal».

Este fue el motivo que llevó al Ayuntamiento a encargar un informe a los profesores Juan Baró Pazos y Javier Barcelona Llop, catedráticos de Historia del Derecho y de Derecho Administrativo de la Universidad de Cantabria, respectivamente. El resultado del mismo ha salido ahora la luz y de él se desprende que la fortificación y sus tierras son propiedad privada, dado que se considera consolidado el derecho de ocupación de los actuales residentes de las edificaciones.

Como consecuencia de las conclusiones de los catedráticos, el Ayuntamiento emitió un informe jurídico, en el que se deja claro que castillo «no pertenece al Consistorio, ya que, desde una fecha no determinada y hasta el momento actual», el inmueble ha estado ocupado por varias familias, «lo que ha desembocado en una usucapión extraordinaria al concurrir todos los requisitos exigidos para que ésta tenga lugar: posesión en concepto de dueño, pública, pacífica e ininterrumpidamente».

¿Y qué dicen los propietarios de las viviendas? El Diario ha intentado contactar con M. C. T. G. (propietaria que vive en el interior del castillo con su hijo) en varias ocasiones, sin éxito. Junto a la entrada del castillo se levanta la casa de Carolina y su marido, quienes recuerdan que la adquirieron hace 17 años. «Tenemos toda la documentación que lo demuestra, además de los permisos de obra del Ayuntamiento, porque el techo estaba que se caía», aseguran. El matrimonio mostró su enojo y disgusto ante la polémica surgida y dejan claro que «nosotros no somos ningunos okupas. Somos los dueños legítimos de estos terrenos». Lo mismo dicen Pedro y su mujer, cuya casa se levanta en un terreno lateral del castillo. «Mi familia es propietaria de este terreno desde el siglo XIX. Tenemos la documentación que así lo demuestra», afirman.

El Consistorio se mantiene firme en que «no existe ningún documento en el que figure que, a lo largo de los años, fueran terrenos municipales», aunque en el informe sí se reconoce que «actuaba externamente como si fuera el propietario de la fortificación» y como muestra, se indica que «en 1879 acordó ceder su uso a un particular (Francisco Travieso)».

Lo que sí apunta el Ayuntamiento es que «se ha documentado que en el Catastro, el bien llegó a figurar inscrito a nombre del Estado» (en el año 1977). A este respecto, desde la Delegación de Gobierno en Cantabria se indica que «no nos ha llegado dicho informe, así que no lo hemos podido analizar». Pero tanto desde Delegación, como desde la Dirección General de Patrimonio, coinciden en afirmar que «se trata de un documento de parte, encargado y pagado por el Ayuntamiento, sin contar con el resto de las administraciones». Patrimonio añadió que, en cuanto a la petición del Ayuntamiento de que el Gobierno regional tome medidas para la conservación del castillo, «quien debe ocuparse de tales menesteres son los propietarios, pero son los ayuntamientos quienes tienen las competencias para su conservación o control sobre si se hacen obras en un BIC, ya que los permisos son municipales, aunque antes deben de pasar por nuestras manos. Pero a nosotros nunca nos han remitido nada».