Los afectados por los desahucios y el edificio apuntalado estallan en el Pleno

El primero ha sido el colectivo gitano, víctima de lo que consideran una campaña de difamaciones injusta y derivada de los problemas de convivencia que desde hace años se producen en la calle Emilio de Mier. Hernández Lizarraga ha hablado por sí mismo, pero también en nombre de todos esos vecinos que, a pesar de no tener «ningún antecedente policial», se han visto condenados a sufrir «amenazas» y llevar la etiqueta de «delincuentes» en los últimos meses. «No se puede incitar al odio. No generalicen», ha apelado, «decepcionado» por la Corporación e indignado ante las manifestaciones del concejal de Ciudadanos, Julio Ricciardiello, el mismo que, minutos antes, ha presentado una moción para impulsar un inventario de las viviendas sociales municipales y el desarrollo de una ordenanza reguladora para garantizar los mecanismos de adjudicación. Todos los partidos han apoyado la iniciativa.

Ese ha sido uno de los compromisos que ha adquirido Torrelavega. El otro ha llegado por parte del alcalde: «Se ha abierto un debate sobre la falta de convivencia generada por alguna de las personas del edificio. Nosotros, como equipo de gobierno, tenemos que ser capaces de discernir entre quienes conviven de manera razonable y los que no. Dentro de las familias que tienen vulnerabilidad, hay algunas que no cumplen con los criterios de convivencia. En el caso de estas, se procederá a su lanzamiento; al resto, se le ofrecerá una solución habitacional en el inmueble». Tras el regidor, Hernández Lizarraga y otros presentes se han dirigido a Julio Ricciardiello, el político que, según ellos, ha vertido acusaciones racistas y sin fundamento en los últimos meses. Ha habido alguna palabra más alta que otra, pero todo se ha quedado ahí.

Unos minutos después, no ha sido tensión sino desesperación lo que ha revelado la intervención de Lourdes Verdeja. La comunidad de vecinos del número 6 de Ronda Garcilaso, a la que pertenecen ella y otras personas que la han acompañado este martes, está inmersa en un insólito enfrentamiento con la Consejería de Políticas Sociales por los problemas de estabilidad que, en coincidencia con una obra del Icass en la planta baja, revelan sus paredes desde hace cuatro años. Las responsabilidades no se han traducido más que en litigios, sentencias favorables y desfavorables y, sobre todo, 166 puntales por todo el inmueble para que este no se venga abajo en cualquier momento.

Verdeja terminaría su turno a lágrima viva: «Pido un poco de humanidad. Son gente mayor, humilde, y no tiene por qué vivir así», ha suplicado, antes de recordar el carácter social de estas viviendas y abroncar a todos aquellos que «agachan la cabeza» ante una situación que, como definió el propio alcalde unos segundos después, «es compleja». Este ha garantizado la estabilidad del edificio –gracias a la supervisión periódica de este– y pidió tiempo a los vecinos: «Nuestra estrategia es esperar a que se resuelva el Contencioso. Me comprometo a hablar con el Gobierno. Creemos que vuestros argumentos son válidos y tenéis razón».

Pero se han debatido más asuntos a lo largo de la sesión. Una de las iniciativas estrella de la Concejalía de Dinamización de Jesús Sánchez en esta legislatura, la tarjeta ciudadana, sigue sin despertar buenas opiniones entre la oposición. El equipo de gobierno (PRCPSOE) ha apoyado la incorporación de personal administrativo destinado a trabajar en la tramitación de esta credencial, orientada a fijar población. «Trozo de plástico» o «capricho» son algunos de los calificativos que ha dejado este punto de la sesión, dominado por las críticas a la falta de información de la Concejalía.

Otro de los asuntos que no ha arrojado demasiadas pistas y tampoco satisfizo las dudas de la oposición es la creación de un nuevo Servicio de Medio Ambiente e Infraestructura Verde. El concejal de Recursos Humanos, Borja Sainz (PSOE), ha justificado este nuevo departamento bajo el objetivo de «reestructurar» y «agilizar» la gestión en determinadas áreas municipales, a lo que el resto de grupos –salvo el PRC– ha contestado evidenciando la «falta de transparencia», «de respeto a los ciudadanos», «de prioridades» o la «improvisación» del equipo de gobierno. Pedro Pérez Noriega (PRC) se ajustó a lo dicho por su socio.

Ni siquiera el nombramiento de la plaza de Tanos bajo el nombre de José Miguel Guerra Revuelta ha quedado exento de polémica. Han sido las formas y no el fondo, porque todos los grupos coincidieron en calificar al vecino como un agente clave para el desarrollo y divulgación del folclore, lo que ha despertado el reproche de todos los grupos al PSOE. Los de Urraca canalizaron la propuesta a través de una moción –a la que se sumaron PRC y PP–, algo que, según el bloque de la oposición, revela electoralismo y un ansia evidente de obtener «rédito político» por parte de los socialistas.