Una vida entre puntales

«Hasta entonces estábamos bien. Fue en 2019, con aquella obra, cuando cambió todo», recalca Lourdes Verdeja, vecina del segundo y la única que ha logró demostrar su tesis ante la Justicia y atribuir las fisuras a la actuación del Gobierno de Cantabria. Un metro más abajo, las grietas de Blanca no han recibido el mismo criterio. Los tribunales, igual que una Consejería de Políticas Sociales que ciñe su versión al fallo, imputan las rajas a daños estructurales del edificio. «Aquel juicio fue una auténtica vergüenza», interviene Verdeja, de las pocas residentes del edificio a la que el «miedo» y el «dolor en el pecho» no le han arrebatado aún las fuerzas para seguir en esta «guerra», atribuir la responsabilidad de todas las fisuras al Icass y, entre tanto, camuflar las grietas de la habitación de Blanca con papel azul y blanco para que esta conviva con la pena algo mejor.

El papel pintado puede esconder las rajas, pero no ese crujir que, sobre todo por las noches, retumba cada día de forma más evidente en las paredes y quita el sueño a los residentes. A estas alturas, el «pánico» y la «ansiedad» son sólo algunos de los estados anímicos que les causa asomarse al balcón, el riesgo a que los casi 8.000 euros en informes técnicos no sirvan de nada, la batalla exasperante contra la Administración y, en suma, el balance de estos cuatro años de litigio, dos de ellos viviendo entre 166 puntales de sujeción.

Entre tanto, mientras las grietas ganan centímetros, los desconchones se reproducen y los azulejos se desploman en las cocinas y baños del edificio, la causa concreta de los daños en la casa más afectada, la de Blanca, sigue pendiente de una revisión por parte de la Audiencia Provincial. El órgano colegiado ya dio la razón a Verdeja en 2020, ratificando un fallo del Juzgado de Primera Instancia Nº 1 de Santander que, sin lugar a dudas, asociaba la obra de la planta baja a los trastornos de su vivienda en el segundo piso. Dos años después, y para sorpresa de unos vecinos que empezaban a ver la luz al final del túnel, el Juzgado Nº 5 negó esa relación tras analizar los desperfectos en la vivienda más afectada, el 1º donde vive Blanca. Esa es la sentencia que ahora está pendiente de revisión.

Las grietas de la segunda planta son culpa del Gobierno; las de la primera, sin embargo, no. La disparidad de opiniones por parte de la Justicia viene generando desafección hacia las instituciones y trayendo de cabeza a los afectados desde entonces. «Se están riendo de nosotros», coinciden, suspicaces ante una Consejería de Políticas Sociales que, en línea con los informes, achaca el estado del edificio a «un tema estructural y desde luego preexistente antes de la obra». En cualquier caso, el departamento dirigido por Eugenia Gómez de Diego se cuida de cualquier veredicto y recuerda que, de haber responsabilidades, estas serían de la empresa a la que fueron encargadas las labores (AC 1 Plus).

Siguiendo ese mismo discurso, disputas judiciales y culpables al margen, la inestabilidad actual del edificio resulta especialmente hiriente para las instituciones dado el carácter social de estos hogares, Viviendas de Protección Oficial (VPO) promovidas y construidas por la propia Administración para atender a los vecinos más humildes de Torrelavega.

Hoy, el número 6 de Coro Ronda Garcilaso revela unos fallos estructurales evidentes para el Gobierno de Cantabria y este, sin embargo, «se inhibe y rechaza cualquier tipo de responsabilidad», como reprochan los damnificados, los mismos que, en los últimos cuatro años, se han visto obligados a maquillar todos estos desperfectos con dinero de su propio bolsillo. Y hablando de dinero. Para hacerse una idea, la única fuente de ingresos para estos mayores es su pensión, una aportación que oscila entre los «400 y 800 euros».