Clece recurre ante el juzgado la sanción de 163.000 euros que le impuso el Ayuntamiento de Torrelavega

Concretamente, la empresa, que rechaza esos incumplimientos, ha recurrido el acuerdo plenario del pasado 1 de marzo, por el que se la impusieron por partida doble (fueron dos los expedientes sancionadores) las siguientes penalidades: tres infracciones graves por importe de 25.899 euros cada una y tres infracciones leves por importe de 1.294 euros cada una. En total, 163.165 euros que la Corporación acordó deducir de las cantidades que debían abonarse al contratista.

La propuesta del equipo de gobierno (PRC-PSOE) contó con el apoyo de todos los grupos de la oposición, excepto ACPT, que se abstuvo en la votación por considerar que la multa era «insuficiente». Clece renunció el año pasado a prorrogar el contrato y este fue adjudicado hace varios meses a otra empresa, Ilunion, en 1,6 millones al año.

El concejal del área y portavoz socialista, José Manuel Cruz Viadero, explicó que son dos sanciones de 81.582 euros, que se corresponden con las dos auditorías realizadas, una sobre el estado de todas las dependencias municipales y otra sobre los colegios en los días previos al inicio del presente curso. La empresa presentó alegaciones en ambos expedientes sancionadores que fueron rechazadas.

El Ayuntamiento abrió el primer expediente en junio del año pasado en base a las conclusiones de la primera auditoría, que detectó incumplimientos «tanto graves como leves». Fallos de gestión interna. Eso es lo que reveló principalmente el informe, encargado por el Consistorio para conocer el grado de cumplimiento del contrato firmado con la empresa encargada de limpiar los edificios, dependencias e instalaciones deportivas municipales. Según la auditoría, la compañía adjudicataria llevaba a cabo el servicio con «solvencia», tras no observar suciedad en las dependencias visitadas, más de medio centenar entre centros educativos, recintos deportivos, edificios y oficinas municipales.

Pero para poner fin a las incidencias en la operatividad, el auditor recomendaba corregir algunos puntos «críticos». Entre ellos, seguir trabajando en el control de presencia de los trabajadores mediante el uso de teléfonos, ya que se llevaba un control de los partes de trabajo «de manera sistemática y con un grado de fiabilidad alto». También recomendaba revisar la «desviación» del 1% que se producía en las horas de prestación del servicio, entre otras carencias.

Dos meses después, el informe de la empresa auditora que contrató el Ayuntamiento para conocer si los colegios estaban limpios en el inicio del nuevo curso lo dejaba claro: los centros educativos tenían problemas de suciedad en patios, mobiliario, radiadores, puertas, cristales y ventanas. Según los auditores, el problema se debía a que la empresa no llevaba a cabo con la periodicidad suficiente las limpiezas en profundidad a las que estaba obligada por el contrato. Algunos trabajadores indicaron durante las visitas de los auditores que tenían que comprarse ellos mismos los productos y el material, y personal de los colegios señaló que en ocasiones colaboraba en labores de limpieza de las instalaciones.