El conflicto de la Policía Local de Torrelavega, más tenso que nunca

A un lado, la Asociación de Policía Local y Bomberos de Cantabria (APLB), que advierte de un cuerpo «bajo mínimos» e insiste en la necesidad de hacer cumplir los acuerdos «alcanzados el año pasado» o el que acaban de proponer esta semana casi a modo de ultimátum; al otro, el Ayuntamiento, que persevera con la misma fuerza en la idea de un cuerpo bien organizado y con agentes bien retribuidos; en medio, otras voces importantes como la del sindicato mayoritario en el Consistorio, UGT, que respalda las reivindicaciones en tanto en cuanto estas se hagan cumplir para el conjunto de trabajadores del Ayuntamiento y no solo la Policía, que es a quienes representan UGT, CCOO y APLB con ocho, tres y dos delegados.

Representación y cifras al margen, las movilizaciones de APLB –respaldadas también por USO en las últimas semanas– han logrado un seguimiento importante, con cerca de la mitad de la plantilla personándose en diferentes Plenos municipales. La imagen de los efectivos amordazados en uno de ellos da una idea del desencuentro y lo enquistadas que están las diferencias a estas alturas. Aquí figuran todas las voces salvo la de CCOO, con cuyo delegado no ha sido posible contactar para esta información.

En APLB, su portavoz, Enrique Uribarri, se ha convertido en estos últimos meses en el portavoz del hastío existente entre algunos compañeros. Da varias razones. Una de las más importantes es el número de uniformados, «que oscila entre 60 y 65» y a los que habría que restar un buen puñado de efectivos para hablar de agentes de calle y con disponibilidad. «Nos quedamos en una treintena», cifra, después de restar a jefes y todos aquellos efectivos en oficina, segunda actividad, la Unidad Canina, de baja o de vacaciones. Resultado, de cara a las fiestas: «Al mismo agente nos van a ver en todas partes. De mañana, luego de tarde, al día siguiente de mañana otra vez, luego en un concierto… Todo deprisa y sin organización ni descansos».

A eso, Uribarri suma el factor de los salarios, «entre 300 y 400 euros inferior al de otros municipios cántabros», la situación deficiente de la comisaría –nadie discute esto y de hecho el Ayuntamiento ya negocia con el Ministerio del Interior para intentar encarrilar un nuevo proyecto– y el riesgo por fuga de agentes a otras localidades que estaría corriendo el cuerpo. El portavoz de APLB cifra en una treintena los efectivos que, en total, contemplan marchar a otros ayuntamientos de la comunidad.

Al otro lado de la mesa, el alcalde, Javier López Estrada, hace una radiografía muy distinta de cuál es la situación. «Tenemos la plantilla de la Policía Local perfectamente dimensionada, mejor que en ediciones anteriores; por esa parte no debe haber problema», declara, antes de apuntar a lo que define como el «problema de fondo» y que explicaría el choque: «Desde el equipo de gobierno (PRC-PSOE) entendemos que no procede una revisión salarial porque las retribuciones están bien cuantificadas».

La última propuesta de APLB, aún quitando de la ecuación el elemento de las subidas salariales, seguiría sin cumplir ese requisito: «No conozco ninguna propuesta que no conlleve un incremento de la masa salarial por parte del Presupuesto municipal». Como tal, estas «no pueden ser objeto de acuerdo por parte del equipo de gobierno».

Salarios al margen, López Estrada no cierra la puerta a hacer «cualquier tipo de inversiones» para reforzar la labor diaria de los agentes, «como venimos haciendo». Ayer, a preguntas de El Diario, citaba la compra de vehículos y de elementos de seguridad, la reforma de las instalaciones y de la ejecución de unas nuevas entre algunos esos posibles puntos en común y que todavía, parece, están lejos de serlo.

Es más, el sindicato APLB no descarta en estos momentos llevar el asunto a los tribunales, de seguir enquistado el conflicto laboral. «Nos van a obligar a ir a un contencioso», decían ayer desde el sindicato, tras acusar al Ayuntamiento de Torrelavega de incumplir la normativa europea –la directiva 2003/88/CE– en materia de descansos y que afecta a los trabajadores que ofrecen un servicio por la noche.

Si las dos posiciones anteriores son el blanco y el negro, la de la Unión General de Trabajadores (UGT) puede considerarse un gris. Reconoce y denuncia las carencias que merman al cuerpo de la Policía Local –como las instalaciones, que «están en estado lamentable»–, pero trabaja por un acuerdo que beneficie a todos los empleados municipales en su conjunto. Todos por igual.

«La falta de personal es un mal endémico y un reflejo de cómo están todos los servicios», dice su portavoz, Adolfo Vega, apuntando a la lentitud de los procesos selectivos y la tasa de reposición. Además, dice: «Cualquier incremento retributivo se tiene que vincular a todos los trabajadores del Ayuntamiento». En ese sentido, por último, cita también la necesidad de ejecutar la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), asunto sobre el que ya han solicitado un cronograma al equipo de gobierno (PRC-PSOE).