Torrelavega establece un plazo de tres años para terminar su nuevo Plan General

«Es un paso importante porque nos aseguramos la próxima aprobación del Plan General. Esta ampliación del contrato no supone coste adicional, sino todo lo contrario. Contratar un nuevo equipo redactor sí hubiera supuesto mayor desembolso», explica el alcalde, Javier López Estrada. Según el regidor, el plazo de tres años se ha fijado «por prudencia», dado que «nuestra previsión es que esté todo aprobado en año y medio».

Después de varios meses de espera, el Ayuntamiento encontró a principios de este año la forma legal de dar continuidad al trabajo que venía realizado el equipo redactor del nuevo planeamiento urbanístico, cuyo contrato concluyó en julio de 2022. Basándose en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, el Consistorio decidió conceder más tiempo a la empresa adjudicataria, C. Andrés-Ll. Masiá, para que acabe su tarea.

El contrato se formalizó en enero de 2015, con un plazo de ejecución de tres años, prorrogables por un máximo de otros tres. La empresa adjudicataria solicitó al Ayuntamiento en septiembre de 2020 que ampliase la duración del convenio dos años, por considerar que estuvo paralizado ese tiempo por causas imputables al Consistorio. Fue un periodo en el que el entonces equipo de gobierno (PSOE-PRC) estuvo en minoría. C. Andrés-Ll. Masiá pidió también que se paralizasen los plazos del contrato correspondientes al estado de alarma declarado al inicio de la pandemia.

La respuesta de la Corporación llegó en enero de 2021: acordó ampliar el plazo de ejecución del contrato 535 días. Concretamente, hasta el 2 de julio del año pasado. Pocos días antes de concluir ese nuevo aplazamiento, el equipo redactor solicitó que se le concediese una prórroga para terminar los trabajos.

A partir de ese momento se inició una tensa espera, dado que optar por la resolución del contrato conllevaría otra paralización del proceso y la más que posible llegada de un nuevo equipo redactor. La solución llegó a través de los sucesivos informes que emitieron los técnicos municipales en los últimos meses. Estos estimaron que no procedía la concesión de la prórroga por haber finalizado el plazo de ejecución otorgado y que el Ayuntamiento tenía que acudir al procedimiento previsto en el artículo 97 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Es decir, para la resolución de las incidencias surgidas se debía otorgar un nuevo plazo de ejecución.

En base a los informes técnicos, el entonces alcalde en funciones, José Manuel Cruz Viadero, firmó el pasado 11 de enero una resolución para incoar el procedimiento que permitió resolver el problema y dar audiencia al contratista, deseoso de seguir adelante con su trabajo hasta finalizarlo y también cobrar por ello, dado que el Consistorio solo ha pagado la tarea realizada hasta ahora. Al expediente se fueron sumando nuevos informes técnicos, antes de proceder al visto bueno de la Corporación.

En la sesión plenaria de hoy también se aprobará la construcción de viviendas en el solar de la calle Novalina y la travesía de San Bartolomé, ahora destinado a aparcamiento público, así como el convenio con el Ayuntamiento de Reocín para extender el servicio del Torrebús hasta Puente San Miguel. Igualmente, la Corporación dará luz verde a la revisión de las tarifas de los taxis y la subrogación y liquidación de la empresa municipal Gesmator, que se encarga de la gestión de residuos en El Mazo. También se debatirá una moción del PP para agilizar los trámites de aprobación y adjudicación del soterramiento de las vías del tren.