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TRIBUNA LIBRE

Ineptitud y corrupción

JAVIER VEGA

Martes, 20 de abril 2010, 02:45

A esto ha llegado la política de 'tierra quemada' que se practica en nuestro país, a tener que elegir entre el 'partido de los ineptos' y el 'partido de los corruptos'. Cuando el principal objetivo es destruir cualquier cosa que pueda ser de utilidad al contrincante -sus iniciativas, su imagen, su capital político, su legitimidad...- lo que finalmente se consigue es reducir la contienda a los más ínfimos términos utilizados por los contendientes para descalificarse mutuamente. Al final el electorado termina por creerse el cuento, se hace políticamente cínico, concluye que «todos los políticos son iguales» y decide reelegir a los suyos ¡Estaremos satisfechos de tan esmerado logro!

Ineptitud y corrupción son en efecto dos grandes males de las administraciones públicas, de ahí que resulten tan verosímiles cuando se esgrimen para demonizar al contrario. Pero no es menos cierto que se trata de males endémicos, donde este inepto o aquel corrupto solo son la anécdota. La realidad es que, como en cualquier otra actividad, en la política hay personajes de todo pelaje que en su mayor parte tratan de escribir derecho con renglones torcidos; cuanto más se desprestigie el sistema mayor será el abandono del barco por parte de los mejores. Al reducir la actividad política al desprestigio integral de sus actores se termina desprestigiando al propio sistema, lo cual abre las puertas a los Chávez, los Putin, los Berlusconi...

Me da un cierto reparo hablar de la (pobre) calidad de nuestra (pobre) democracia porque lo último que necesitamos es echarle más leña al fuego. Habrá que hacerlo, pues, con una clara intención constructiva. Empecemos por definir la ineptitud, de la que hoy se acusa sin matices a todo el gobierno. Un gobierno inepto sería aquel que no es capaz de satisfacer las necesidades políticas de los ciudadanos, las no-políticas deben correr de su propia cuenta. En una democracia el gobierno debe intervenir para garantizar que los individuos puedan organizarse libremente para satisfacer sus necesidades; sólo de forma subsidiaria debe satisfacerlas él mismo (contra lo que se cree, la democracia-social no surge por un afán de justicia social sino para paliar las carencias del capitalismo).

Dichas garantías tienen que ver con los derechos, con la libertad y con la igualdad de oportunidades. Éstas, y no otras, son las necesidades que el gobierno viene obligado a satisfacer; éstos, y no otros, son los parámetros para evaluar la aptitud de los gobernantes. El ejercicio de tales derechos producen multitud de conflictos entre los intereses de cada cual, situaciones de suma-cero donde la ganancia de unos es la perdida de otros; lo que hay que juzgar es la habilidad del gobierno para resolver estas situaciones de modo que todos puedan ejercer sus capacidades de acuerdo a derecho, con atención especial a los sectores de población que, por su incapacidad para constituirse en influyentes grupos de presión, son más vulnerables.

Visto así, a la vez que se señalan las insuficiencias, causa de las ineficiencias del gobierno (por ejemplo, el importante déficit con la pequeña empresa a la hora de proteger a las capas más vulnerables de la sociedad) hay que señalar que estas carencias se deben más a problemas endémicos que a la ineptitud de los gobiernos.

El mal endémico es la 'privatización del Estado': la desmedida influencia de las grandes corporaciones, asociaciones empresariales, sindicatos y redes clientelares, a la hora de fijar las prioridades de cualquier gobierno.

En cuanto a la corrupción, pasa tres cuartos de lo mismo. A juzgar por las noticias, cualquiera diría que hay más corrupción que nunca; en realidad, lo que hay es mayor eficacia al combatirla: tanto por los medios de comunicación, al denunciarla, como por la fiscalía anticorrupción, al perseguirla. Ello hace que seamos mucho más conscientes del problema. Desgraciadamente, tampoco aquí se abordan los aspectos endémicos del asunto; y éstos son más graves que las tropelías de uno u otro político.

En España urbanismo ha venido a ser sinónimo de corrupción, la especulación inmobiliaria ha penetrado en todas las capas de la sociedad y necesita los partidos como complemento agente de los atropellos legales. En cuanto a los partidos, son presa fácil de los corruptos fundamentalmente por dos motivos: su financiación irregular, que en nuestro sistema legal no está tipificada como delito; y la falta de agentes reguladores independientes, los reguladores deben sus cargos a los partidos que han de controlar. A ellos hay que añadir un tercer factor, quizá el de mayor trascendencia, la miopía de los electores que premian la corrupción de sus políticos locales, porque creen que les beneficia, ignorando la factura que todos hemos terminado pagando.

Volvamos a la deslegitimación democrática. Los altavoces mediáticos que con una mano denuncian la ineptitud y la corrupción, con la otra se prestan al juego deslegitimador en connivencia con los partidos. Tanto el cúmulo de escándalos que acaparan los espacios informativos, como el tratamiento sesgado de los mismos, lo prueban hasta la nausea.

Los medios son, a la vez, parte del problema y de la solución; la relegitimación del sistema será imposible sin el apoyo concertado de los medios. Es responsabilidad de todos terminar con esta política suicida.

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