El Gobierno fracasa en su estrategia para recuperar el control del Racing por la vía arbitral

Las esperanzas del Gobierno cántabro que preside Ignacio Diego de recuperar el control del Racing a través del proceso arbitral se han esfumado. Álvaro Gómez de Argumedo, árbitro único de la Corte Arbitral de la Cámara de Comercio de Madrid, ha sido contundente en su laudo y ha desestimado la demanda presentada en abril del año pasado por el Ejecutivo, que buscaba retrotraer la situación accionarial del club al día previo de la firma de los contratos de compraventa a favor de Alí Syed. Un varapalo que condena al Gobierno a pagar las costas judiciales que ascienden a 73.020 euros (más IVA), además de 11.250 euros a la empresa de Montalvo, Dumviro, por los gastos ocasionados. Una cifra a la que hay que sumar los honorarios de los letrados del Ejecutivo, del bufete Gómez Acebo y Pombo.

El Gobierno considera que ha hecho «todo lo que ha estado a nuestro alcance para defender los intereses de los cántabros en el Racing» y responsabiliza al «anterior Ejecutivo», según valoró Cantur a través de un comunicado. Además, asegura haber dado «los pasos adecuados». Sin embargo, la empresa pública desveló que «estudiará detenidamente y con sosiego las diferentes vías que le quedan por agotar en el Racing».

Tras los impagos de Alí Syed, el Gobierno encargó estudiar al mismo gabinete que redactó los documentos de compraventa del Racing el mejor mecanismo para recuperar el control del club. De esta manera, desde Gómez Acebo y Pombo recomendaron al Ejecutivo optar por la vía arbitral de la Cámara de Comercio de Madrid.

Una vía que no compartían los peñistas y pequeños accionistas de la entidad. Así se lo manifestaron a Ignacio Diego en el encuentro celebrado en noviembre del año pasado en la sede del Ejecutivo en Peña Herbosa. Ahí, Diego defendió la estrategia jurídica de la Corte Arbitral, mientras que los pequeños propietarios le apuntaron «la opción de compra» que también aparecía en los contratos. «Recordemos a este respecto que el Contrato de Opción de compra fue otorgado para servir de garantía a Cantur con motivo de la asunción de deuda por parte de WGA», explica el árbitro único en su argumentación.

Y es que lo que el Gobierno regional solicitaba era la resolución de los contratos para regresar a la situación accionarial previa a la venta del club a Alí Syed, donde el Ejecutivo guardaba un derecho de prenda sobre las acciones entonces de Dumviro (Jacobo Montalvo) por el préstamo participativo que heredó de Cantur cuando desembarcó en la entidad.

Cantur, «en un serio aprieto»

En su encuentro con los accionistas y peñistas Ignacio Diego les avanzó que el Ejecutivo manejaba dos vías distintas para recuperar el Racing. La primera, por la que apostó, fue la arbitral. La segunda, aunque no desveló cómo, es la judicial. Fracasada la primera, acudir a la justicia ordinaria es el último asidero que tienen en Peña Herbosa para tratar de desbloquear la actual situación del Racing de Santander.

La decisión de la Cámara de Comercio de Madrid, además, ha supuesto un gran quebranto económico para el Ejecutivo. La empresa Cantur se encuentra, como ella misma reconoce, «en un serio aprieto», ya que le queda una «herida» de siete millones de euros. Esa es la cifra que la empresa pública debe incluir en su balance en el concepto de pérdidas.

Además, el laudo arbitral condena a pagar al Ejecutivo todas las costas del proceso. En este sentido las arcas públicas deberán destinar 350 euros por los derechos de admisión y 13.687,6 por los de administración del caso en la Corte (IVA exlcuido). También deberán sufragar los honorarios del árbitro único que ascienden a 58.982,5 (además del IVA). En total, 73.020 euros, además de «los gastos razonables incurridos por las partes para su defensa en el arbitraje que hayan sido debidamente justificados». A WGA no le tiene que abonar nada «porque debe sufragar su propios gastos y costas», dice el árbitro, pero a Dumviro, la empresa de Montalvo, deberá indemnizarla con 11.250 euros.