Delegación multa a los autores del escrache a Calderón por manifestarse sin comunicarlo

La Delegación del Gobierno plantea una multa que oscila entre 300 y 30.000 euros para ocho integrantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Torrelavega que participaron el día 18 de abril en un escrache frente a la casa del alcalde, Ildefonso Calderón, el primero que sufrió un político en Cantabria. Delegación toma esta decisión por manifestarse sin comunicarlo y recorrer las calles de la capital del Besaya durante varias horas sin permiso. La decisión de la Delegación se produce semanas después de una resolución judicial que archivó la denuncia presentada por el alcalde.

La Delegación del Gobierno ha querido dejar claro que la sanción responde a la ausencia de permiso, no al escrache. En ese sentido, destaca la existencia de un informe policial que marca el itinerario recorrido por los manifestantes en Torrelavega.

Los primeros expedientes les han sido remitidos el pasado fin de semana y multan el hecho de concentrarse sin autorización y desórdenes públicos. El escrache se produjo el pasado 18 de abril ante la casa del alcalde, que no se encontraba dentro, como culminación de una serie de actos desarrollados en la ciudad. Participaron una treintena de personas y duró unos cinco minutos.

Delegación del Gobierno ha explicado que se trata de la apertura de un expediente por haberse manifestado sin comunicarlo previamente. Ahora se abre un periodo de alegaciones en el que los sacnionados pueden recurrir la multa ante la propia Delegación. Los sancionados son las ocho personas a las que la Policía Nacional pudo identificar ese día.

La sanción, precisa Delegación del Gobierno, responde a un informe del Cuerpo Nacional de Policía en el que se denunciaba una manifestación no comunicada. Tras el escrache, el delegado del Gobierno, Samuel Ruiz, avisó de que no iba a permitir el acoso a ningun político y pidió a la policía un "informe exhaustivo" para conocer lo que había ocurrido.

El colectivo dice que sufre una persecución política, después de que el Juzgado de Instrucción Número 1 de Torrelavega archivase la denuncia que interpuso el regidor por el referido escrache. Fue también la primera vez que un juez dictó un auto legitimando este tipo de protestas, siempre que sean pacíficas. La PAH de Torrelavega va a intentar ponerse de acuerdo con otros colectivos de la ciudad, que, a su juicio, son objeto de una persecución que tiene como único objetivo paralizarles a través del miedo.

Ada Colau, portavoz del la PAH nacional, ha asegurado en las redes sociales que se trata de un "abuso de poder arrogante, a costa de nuestros impuestos". Agrega que "si el juez no les da la razón -en alusión al PP- te castigan a multas".

Según datos oficiales, durante el pasado año se celebraron 849 manifestaciones autorizadas en Cantabria. En este 2013 ya se han convocado 347, sin que se haya abierto un solo expediente, salvo éste.

Denuncia del alcalde

El alcalde de Torrelavega interpuso la denuncia en la Comisaría de la Policía Nacional al considerar lo sucedido «un acoso capaz de infundir temor a mi familia y a mis vecinos». Pero el auto del juez Pablo Fernández de la Vega fue contundente: «No existe indicio alguno de que se cometiese delito o falta de injurias, amenazas o coacciones». En concreto, recuerdó que, según lo manifestado en la denuncia por el propio alcalde, no se profirieron insultos ni amenazas, ni hacia el denunciante ni su familia. Únicamente se dijo que mientras los manifestantes estuvieron ante el portal del inmueble, estuvo bloqueado el acceso, «pero no se indica la identidad de persona alguna que queriendo entrar o salir no pudiese hacerlo», preciso.

Y fue más lejos. El instructor legitimó la protesta pacífica en casa del alcalde. En este sentido, recuerdó que Calderón debe tener en cuenta, «como destacado militante y cargo político del partido que apoya al Gobierno de la nación», los artículos 20 (derecho a la libertad de expresión) y 21 (derecho de reunión pacífica y sin armas) de la Constitución, que «legitiman a las personas denunciadas para manifestarse contra los denominados desahucios en cualquier lugar público, como puede ser la calle, ante la puerta de su domicilio, es decir, de manifestar su repulsa respecto a la política gubernamental ante las ejecuciones hipotecarias y en demanda de que se cambie, siempre que, como ha sido el caso, lo hagan pacíficamente».

El juez aseguró que es «servidumbre» de todo cargo político en un régimen democrático (artículo 1.1 de la Constitución) «soportar» pacíficamente las molestias que le pueden causar este tipo de actos, «ya que también se aprovecha las indudables ventajas de serlo, de modo que la protección del honor disminuye (la persona que acepa su carácter público, acepta también los riesgos que conlleva), y la de la intimidad, aunque no totalmente, se diluye». El titular del Juzgado de Instrucción Número 1 se apoyó también en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

"Campaña de criminalización y miedo"

Por su parte, Izquierda Unida de Torrelavega ha afirmado que los expedientes sancionadores forma parte de una "campaña de criminalización y miedo" del PP, que tiene en el delegado del gobierno, Samuel Ruiz, "a uno de sus peones más destacados".

Según ha opinado el coordinador de IU Torrelavega, Guillermo Moral, los 'populares' "quieren meter el miedo en el cuerpo a todo aquel que se atreva a denunciar las injusticias". En este sentido, ha apuntado que en Torrelavega también se ha sancionado por participar en piquetes informativos durante la huelga general de noviembre.

La formación considera que Calderón quiere "vengarse" de todos aquellos que le llevan la contraria, "que cada vez son más", y, a su juicio, desde que el PP está en la Alcaldía, los torrelaveguenses han visto mermada su capacidad de expresión en las calles.