El escrache a Diego pierde fuelle tras la retirada de la acusación de atentado

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Participación del presidente de Cantabria, Ignacio Diego, en el foro 'Tengo una pregunta para usted', donde recibió las protestas de los estudiantes. / Alberto Aja

  • El magistrado García Delgado saca del proceso a dos de los nueve acusados, y acuerda la apertura de juicio por coacciones, daños y falta de orden público

Dos vídeos con imágenes grabadas del incidente ocurrido en febrero de 2014 en la Universidad de Cantabria, a la salida del entonces presidente regional Ignacio Diego, han salvado a tres de los imputados, entre los que se encuentra el dirigente estatal de Podemos Marcos Martínez, de la acusación más grave, el delito de atentado contra un presidente del Gobierno, que conlleva penas de hasta seis años de cárcel. El caso pierde así fuelle, pero no por ello los acusados van a llegar a un acuerdo con el Ministerio Fiscal, según ha señalado su abogado Joseba García Abascal, haciendo inevitable la celebración del juicio en un Juzgado de lo Penal.

Durante la investigación del caso, el juez Luis Enrique García Delgado había visto indicios de un delito de atentado a la autoridad y así lo plasmó a la hora de transformar las diligencias en procedimiento abreviado. Pero el visionado de dos vídeos de los sucesos, que fueron grabados por compañeros de los encausados y aportados por la defensa, ha hecho que el juez reconsidere la calificación jurídica de los hechos y acuerde el sobreseimiento del delito de atentado, el más grave, respecto a los tres imputados, tal y como había pedido el Ministerio Fiscal.

Las imágenes prueban, sostiene ahora el magistrado, que Diego no sufrió ningún acometimiento y que ni siquiera hubo tiempo material para hacerlo. De acuerdo con las grabaciones, los forcejeos se produjeron exclusivamente entre el personal de seguridad y los congregados, con lo que la acusación de atentado al presidente decae.

En el auto, el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Santander acuerda la apertura de juicio oral contra siete de los nueve imputados por un delito de coacciones, que atribuye a todos ellos, y para quienes el Ministerio Fiscal solicita 4.200 euros de multa; otro de daños, del que únicamente acusa a uno, que se enfrenta a la pena más grave solicitada por la acusación pública (un año de cárcel), y una falta contra el orden público, en su versión de falta de respeto y consideración a la autoridad, que atribuye a tres de los acusados, para quienes el fiscal solicita 3.600 euros de multa. El magistrado también archiva la causa contra otras dos personas, a las que se imputaba una falta, que ha sido despenalizada en el nuevo Código Penal.

El juez sostiene que ese día, los siete imputados, que en su mayoría eran jóvenes universitarios aunque también se encontraba el dirigente de Podemos Marcos Martínez, y el profesor de la Universidad de Cantabria Mario Pardo Serrano, se concentraron junto a otras personas no identificadas en el edificio de las Universidades, donde se iba a celebrar un acto con la intervención de Diego. A su llegada, tres de los acusados, "con claro menosprecio al principio de autoridad", profirieron "reiterados insultos" hacia el dirigente popular, al que "a gritos y en tono ofensivo, le llamaron cabrón, facha, hijo de puta, sinvergüenza, chorizo...". Según el auto judicial, terminada la intervención del entonces presidente, los acusados intentaron impedir que Diego y su comitiva se ausentaran del lugar e interrumpieron el paso de la comitiva, lo que obligó a los agentes a evacuar al presidente en un vehículo especial. Para evitar que el coche continuase la marcha, uno de los imputados propinó patadas al turismo, al que causó daños valorados en 737 euros. Por esta conducta, calificada como un delito de daños, el fiscal pide un año de cárcel. Mientras, otros tres jóvenes se colocaron delante del vehículo y, "haciendo ademán de tirarse sobre el capó, colocaron una pancarta con la leyenda ‘educación pública, nada para la privada’".

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