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Ignacio Diego y Mariano Rajoy, durante el encuentro que mantuvieron ayer en La Moncloa. :: JOSÉ RAMÓN LADRA
REUNIÓN CON EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO

Rajoy compromete la «financiación íntegra» de Valdecilla, pero no da plazos

Las dos administraciones constituirán una comisión para estudiar cómo pagar las obras pendientes

David Ramartínez

Viernes, 16 de marzo 2012, 09:12

Ignacio Diego regresó ayer del Palacio de La Moncloa «satisfecho», pero con pocos anuncios tangibles que presentar ante los micrófonos; con más palabras que números. Era su primera reunión con Mariano Rajoy como presidente de España y, según había anticipado, centró el encuentro alrededor de Valdecilla, sin casi ningún otro asunto en su agenda de demandas urgentes. El presidente cántabro confirmó «el compromiso del Estado» para pagar la ampliación del hospital iniciada hace casi una década y todavía inconclusa. Confirmó la voluntad del Gobierno central, pero Diego no pudo decir ni cuándo llegará el dinero, ni cómo. Las dos administraciones constituirán una comisión para «estudiar» la mejor solución a esos interrogantes.

«Cantabria tiene el compromiso formal de financiación íntegra», si bien «la manera» en qué se hará es ahora «el deber impuesto». Diego espera reunirse con los ministros de Fomento y Hacienda, Ana Pastor y Cristóbal Montoro, respectivamente, para que Valdecilla disponga de una partida en los próximos Presupuestos Generales del Estado, además de encontrar otros cauces.

Las cuentas son éstas: la ampliación de Valdecilla fue proyectada en tres fases, y presupuestada en 205 millones de euros, dinero que efectivamente el Estado transfirió tras el convenio firmado en 2003. Pero, como suele ocurrir con las grandes obras en España, la ejecución acumuló sobrecostes: hasta 194 millones más, de los que Cantabria ha adelantado hasta la fecha unos 90. Así lo cuantifica el informe presentado por el PP, que culpa del desfase a la gestión del bipartito PRC-PSOE.

Diego confirmó ayer que necesita al menos cien millones de euros para rematar los tres esqueletos de hormigón que actualmente flanquean el centro sanitario, y que deberían lucir como tres nuevos edificios de 12 plantas, con 508 camas, unidades de investigación y tecnología puntera. El primer plazo de inauguración era 2007. Valdecilla lleva formando parte de las periódicas reuniones en La Moncloa desde el año 2000, casi desde que se contaba en pesetas.

Dinero y fases

El presidente regional está tan convencido de recibir respaldo de la nueva administración de su partido, que hace tres meses consignó la recepción de 40 millones de euros para el hospital durante 2012. Esa es la cantidad que contemplan los presupuestos de Cantabria para este año como transferencia del Estado. Y esa cantidad es precisamente la que ahora revisarán ambos gobiernos en las citadas reuniones a dos bandas.

Se trata de «estudiar fórmulas conjuntas», expresión políticamente ambigua que trasluce en realidad las dificultades de unos y otros para enfrentar cualquier inversión, cuando todo el país ha encomendado sus cuentas públicas al control del gasto vía despidos, y al aumento de la recaudación con subidas de impuestos y tasas. O sea, a la reducción del déficit. Por eso Diego resaltó ayer que la negociación sobre Valdecilla se realizará «en el marco de un ejercicio de racionalidad y prioridades y la escasez de recursos del Gobierno de España».

«Mariano Rajoy es muy consciente de la necesidad de una financiación sostenible para una obra que lleva en ejecución nueve años», añadió el presidente. En contraposición, recordó «que el anterior ejecutivo cántabro reclamó tímidamente» ese dinero ante José Luis Rodríguez Zapatero, sin éxito alguno.

Hay además un nuevo elemento en juego dentro de este andamio inestable de promesas y dineros que supera la década de historia. Al haberse acumulado tantas demoras, y a causa de esa planificación deficiente que achaca a regionalistas y socialistas, el actual Gobierno cántabro entiende necesaria una cuarta fase para cerrar los trabajos.

«Es necesaria para lograr una integración funcional», al haberse dirigido la ampliación como una sucesión de compartimentos estancos «sin conexión». En estos términos -genéricos- se expresó Ignacio Diego el pasado martes, 48 horas antes de encaminarse a Madrid. Ayer tampoco avanzó ningún otro detalle sobre cómo pretende articular dicha fase extra. Tal cual la ha expuesto, quizá permitiría extender las anualidades, adelgazando sus cifras; es decir, prorrateando en plazos más cómodos lo que queda de pagar.

Tasas sanitarias

Diego no fue el único que salió ayer de Moncloa sin un calendario que enseñar. Una hora antes, Mariano Rajoy recibió a Alberto Núñez Feijoo, presidente de la Xunta de Galicia, al que le prometió que pondrá «personalmente» una nueva fecha para el AVE a Galicia. Pero que lo hará más adelante. No obstante, a Feijoo le garantizó la construcción en esta legislatura del parador de Muxía, presupuestado en 24 millones de euros.

Al salir, tanto el gallego como el cántabro fueron preguntados por los periodistas sobre el copago sanitario que ayer aprobó la Generalitat, a razón de un euro por receta médica expedida, con determinadas exenciones. Cataluña cuenta con recaudar gracias a este gravamen 60 millones al año.

Diego fue rotundo en su rechazo: «Desde el respeto a otras iniciativas, Cantabria tiene el objetivo de seguir otro camino e intentar otras medidas», dijo, en referencia «al esfuerzo» reclamado a los profesionales sanitarios de la región, cuya jornada semanal ha pasado de 35 a 37,5 horas.

Feijoo, cuya administración estudia opciones de copago, se mostró más tibio, y pidió que «no se criminalice» a su homólogo catalán Artur Mas por aplicar la tasa.

Por último, Diego solicitó a Rajoy que el Ministerio de Sanidad aporte «fórmulas coordinadas y compartidas» por todas las comunidades autónomas que garanticen la viabilidad del Sistema Nacional de Salud. La «ausencia de liderazgo» de Zapatero propició que las 17 regiones arrastren ahora «graves dificultades» para pagar nóminas, proveedores y mantenimientos. Cantabria, sin ir más lejos, adeuda 261 millones a sus proveedores farmacéuticos, según el PP.

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