ERC incluye delitos de terrorismo y corrupción del 'procés' en la amnistía pactada con Sánchez
Junts da por hecho que su acuerdo contemplará «verificadores internacionales»
LOURDES PÉREZ / DAVID GUADILLA
Jueves, 2 de noviembre 2023, 01:00
La amnistía pactada por Pedro Sánchez con ERC supondrá un borrón y cuenta nueva para todos los procesados por delitos de corrupción y terrorismo vinculados con el 'procés'. Desde los condenados por delitos de malversación por desviar fondos para la consulta hasta los CDR y Tsunamic Democràtic, la entidad que entre otras acciones impulsó la ocupación de El Prat en 2019. Lo que Esquerra define como «todos los represaliados sin excepciones». Al menos, es lo que aseguraron ayer los republicanos en una negociación que sigue marcada por el secretismo y que, aparentemente, agota los últimos plazos y cierra los flecos pendientes. Junts también daba por hecho ayer que su acuerdo contemplará la presencia de «verificadores internacionales», algo que hasta ahora rechazaban de forma categórica los socialistas.
Con el resto de las carpetas negociadoras pendientes de solventar con Junts y con ERC -la mejora de la financiación catalana y el traspaso de Cercanías-, el registro de la ley de amnistía como proposición de ley firmada por todos los partidos que arroparían la investidura se proyecta como el inminente paso del Rubicón que protagonizará Sánchez.
A la espera de sellar el documento definitivo que rubricarían el PSOE, Sumar, Junts, ERC, EH Bildu, el PNV y el BNG, el borrado de los hechos delictivos atribuidos a los dirigentes del 'procés' y a varios cientos de encausados más emerge como una norma no solo sin parangón en democracia. Asoma como una decisión de hondo calado jurídico y político fuertemente divisiva, pese a que Sánchez y los suyos, más allá de admitir «la necesidad virtud» a la que obligaría el resultado del 23J, se afanan en presentarla como una pieza clave para sellar «el reencuentro» con Cataluña. La pretensión ideal de los socialistas pasaba este Día de Todos los Santos por rematar el pacto con Junts -en principio sobre la amnistía antes del eventual encaje del mediador y del reconocimiento del hecho nacional catalán- y registrar hoy mismo, con la firma de todos los grupos que la apoyan, la proposición de ley que empezará el camino en las Cortes, hasta su aprobación, para dejar sin efecto las condenas por la intentona separatista de 2017 escenificada el 1-O y las causas -con las de los prófugos en el eje- que siguen abiertas. Ese borrado, cuya justificación y alcance en el preámbulo y articulado de la norma es vital -«No es lo mismo perdonar que pedir perdón», ha resumido el expresidente González, opuesto radicalmente a que el Estado se disculpe por «cumplir la ley» ante el 'procés'-, incluirá también las consecuencias administrativas y económicas que afectan a Artur Mas y otros dirigentes soberanistas por la consulta del 9-N de 2014.
Y un capítulo singularmente delicado: los sabotajes de los CDR y la respuesta de Tsunami Democràtic, intentando paralizar infraestructuras como el aeropuerto del Prat para denunciar la sentencia del Supremo contra el líder de ERC, Oriol Junqueras, y el resto de dirigentes secesionistas que purgaron prisión antes de ser indultados por Sánchez. Esas causas están siendo investigadas por presunto terrorismo en la Audiencia Nacional. Y el sumario de Tsunamic concierne, a la secretaria general de Esquerra, Marta Rovira, todavía huida en Ginebra pese a que el Gobierno derogó la sedición.
ERC había hecho bandera de la exculpación de los procesados de los CDR y Tsunami horas antes de su acuerdo con el PSOE. Pero lo cierto es que «la amnistía total» para los encausados de una forma u otra por el proceso separatista entre 2013 y la actualidad constituía una de las exigencias que desgranó Puigdemont en su conferencia del 5 de septiembre en Bruselas. Hasta la fecha, solo la propuesta de ley amnistía de Sumar ha detallado a qué colectivos beneficiaria el perdón, incorporando a los CDR y Tsumani al interpretar que sus delitos pueden ser desórdenes, no terrorismo. Pero al margen de que despenalizar esas conductas dejaría sin castigo a aquellas en las que sí mediaron actos asimilables a la violencia, uno de los escollos que ha de superar esta amnistía es que no puede asemejarse a un indulto general, expresamente prohibido por la Constitución.
Jaume Asens, el negociador de Sumar que mantiene una vieja relación con Carles Puigdemont, cifró ayer en un 95% el consenso entre el PSOE y Junts sobre la amnistía. Pero al cierre de esta edición, ninguna de las partes daba por consumada la ley que desencadena la investidura. Su registro en el Congreso hoy o mañana permitiría que la Mesa la calificara el viernes -un triunfo para Puigdemont- y precipitaría la fecha de la investidura. «La suma es por el acuerdo, pero no sé si todos tenemos las mismas prisas que tiene Sánchez», aventuraba ayer el diputado secesionista citado al comienzo. El presidente quiere llegar investido al congreso de los socialistas europeos el 10 y 11 en Málaga.
Este lunes, un diputado independentista escuchó el requerimiejhto de que él y los suyos estuvieran preparados para que la investidura de Pedro Sánchez se desencadenara después de la jura de la princesa Leonor y reservó los billetes para estar disponible en Madrid la próxima semana por si el presidente conquista su objetivo: ser reelegido entre el 8 y 10 de noviembre en primera votación
