Los vendedores del mercado de Maliaño en pie de guerra contra el Ayuntamiento

Tras unos años de calma soterrada, las turbulencias regresan al mercadillo ambulante de Maliaño. Varios propietarios de puestos han anunciado una movilización para el próximo día 11 con objeto de protestar contra "el acoso y derribo"al que a su juicio les está sometiendo el Ayuntamiento de Camargo.

La gota que ha colmado el vaso ha sido el reciente embargo por parte del Consistorio de las cuentas de la Cooperativa Jóvenes Vendedores Ambulantes, que aglutina a más de 30 personas, para que la Casona pudiera cobrar los impagos de uno de los vendedores. En total, cerca de 4.000 euros.

Así lo explica Jesús Pérez Bajo, presidente de la recientemente constituida Asociación Profesional de la Venta Ambulante (Apdeva), que integra al 80% del sector y a unas 250 familias mayoritariamente gitanas. "La situación está muy mal y los responsables de los puestos estamos sufriendo una presión fuera de lo normal. Hemos soportado un acoso y derribo durante años, que ya nos llevó en 2012 a hacer una huelga", arranca.

La principal reivindicación pasa por que la cooperativa no tenga que ser responsable subsidiaria de los impagos de los particulares. "La cooperativa solo da cobertura jurídica. Los puestos se solicitan y adjudican de manera individual. No vemos justo que por el hecho de que una persona no cumpla nos perjudique a todos", explica Pérez Bajo, que detalla que el embargo tuvo lugar a mediados del pasado mes de marzo.

Con este escenario, para el próximo 11 de abril está prevista una protesta que arrancará del Parque de Cros (Maliaño), donde se celebra todas las semanas el mercadillo ambulante, para acabar ante el Ayuntamiento tras recorrer el casco urbano de Camargo, "donde se leerá un manifiesto denunciando la situación", informa el presidente del colectivo.

Para el portavoz de Apdeva, aparte de la reivindicación de que sea el titular del puesto el que deba responder ante el Ayuntamiento, las quejas se acumulan. "Estamos asfixiados con las tasas y subyugados a un horario y a unas normas muy estrictas. Tenemos un montón de obligaciones, pero ningún derecho", lamenta. Como ejemplo, el Consistorio "quita un puesto y lo asigna a otra persona de manera unilateral, sin consultar a la cooperativa", asevera.

Pérez Bajo abunda en las "exigencias"municipales. "Sufrimos también un acoso de la Policía Local, con múltiples exigencias. Hay que recordar que vamos a trabajar, no a delinquir. Es una persecución en toda regla", cierra.

Caso individual

Lejos del "acoso"que pintan desde Apdeva, la alcaldesa de Camargo, Esther Bolado, particulariza el conflicto. "El problema con el mercadillo se tiene con dos señores, padre e hijo, que no quieren pagar las deudas que mantienen con el Ayuntamiento. Con el resto de vendedores sólo se tienen pequeñas deudas", introduce la regidora.

No sólo eso. La regidora precisa que no hay voluntad alguna de abono por parte de estos dos comerciantes. "Nos deben los impuestos desde 2013 y no quieren pagar de ninguna manera", censura.

Sobre la decisión de embargar las cuentas de la Cooperativa Jóvenes Vendedores Ambulantes, Bolado afirma que "es el mismo criterio que el aplicado por la Seguridad Social cuando tiene que ejecutar por algún tipo de deuda".

Así las cosas, la alcaldesa avala la decisión seguida por los técnicos del Ayuntamiento. "Es cierto que en Cantabria, Camargo sería el único municipio que va contra la cooperativa, pero en el resto de España es la práctica más habitual cuando se producen casos de este tipo", agrega.

Con este contexto, salvo que haya algún acuerdo entre las partes en las próximas fechas o se liquide el impago sostenido en el tiempo todo parece indicar que los vendedores ambulantes volverán a mostrar su enfado por las calles principales del casco urbano de Camargo.

Cabe recordar que ya en 2012 la cita estuvo suspendida durante tres semanas con motivo de una huelga organizada por los comerciantes pos desavenencias con la Casona en la aplicación de la normativa que regula la normativa ambulante.

En paralelo, Apdeva solicitó el pasado mes a los municipios cántabros que bajen las tasas de los puestos de los mercadillos y que sean "flexibles"con la documentación que piden cada año. El mantenimiento de los tenderetes es, a juicio de los propios afectados, cada vez más difícil debido a los requisitos normativos e impositivos.