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Sede de 'Sergamar Asesores Asociados S.L.', situada en la calle Hernán Cortés, sociedad implicada en una red de blanqueo de dinero.
Los trece imputados en la operación 'Trigo Limpio', a juicio nueve años después

Los trece imputados en la operación 'Trigo Limpio', a juicio nueve años después

Se enfrentan a penas que superan los 80 años de cárcel y multas millonarias por una treintena de delitos contra la Hacienda Pública y falsedad de documento mercantil

europa press

Lunes, 7 de marzo 2016, 07:27

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El juicio contra las 13 personas vinculadas a la 'Operación Trigo Limpio', que se llevó a cabo hace casi nueve años, en 2007, se celebrará en el Juzgado de lo Penal número 3 de Santander. La Fiscalía pide en total para ellos más de 80 años de cárcel y multas millonarias por una treintena de delitos contra la Hacienda Pública y falsedad de documento mercantil, en un proceso en el que también está personada como acusación la Agencia Tributaria.

Aún está pendiente la fijación de la fecha del juicio, pese a que el auto de apertura del juicio oral se dictó hace casi un año, a finales de marzo de 2015. Fuentes judiciales consultadas por Europa Press atribuyen esta circunstancia a la complejidad que supone un elevado número de acusados con sus correspondientes abogados y varios días de sesiones.

Los continuos recursos de los acusados han conseguido dilatar durante varios años la instrucción de este caso que inicialmente se planteó contra el blanqueo de capitales y en el que no se ha logrado acreditar la existencia de un grupo organizado, según admite la Fiscalía.

El auto que puso fin a la instrucción es de 2013 pero no ha sido firme hasta dos años después, una vez que la Audiencia Provincial desestimó todos los recursos contra el mismo. La Fiscalía, que formuló acusación en 2013, ya aventuró en una de sus memorias anuales que el proceso se iba a "dilatar de forma indeseable" por "los continuos recursos de los acusados contra resoluciones judiciales de mero trámite".

Uno de los principales acusados es un abogado de Santander, R.M.P., que en torno a los años 2002 y 2003 "ideó un plan" para ofrecer a personas físicas o jurídicas dedicadas al tráfico inmobiliario de todo tipo, una fórmula que les permitiera eludir el pago de impuestos como el IVA, el IRPF o el Impuesto de Sociedades.

Todo ello a cambio de una contraprestación económica, y mediante sociedades "pantalla", entes sin actividad ni patrimonio ni capital social que confeccionaban facturas falsas, según consta en el auto que pone fin a la instrucción, recogido por Europa Press.

Este auto del magistrado Jaime Parra, titular del Juzgado de Instrucción nº 1 de Santander, señala que una segunda persona, sobre la que se acordó el archivo provisional por estar imputada en otra causa, aceptó a petición del abogado, aparecer como administrador y representante legal de múltiples sociedades 'tapadera', como 'Minalcolm' y otras, convirtiéndose en su "testaferro y cabeza visible de muchas de las operaciones" investigadas en esta causa.

En su escrito de acusación, el fiscal solicita para el abogado 25 años de cárcel, en calidad de cooperador necesario, por diez delitos, ocho de ellos contra la Hacienda Pública y dos continuados de falsedad en documento mercantil.

Más pena pide para JA.L.G., un participante en dicha trama al que la Fiscalía acusa de diez delitos, de los que también ocho son contra la Hacienda Pública y dos continuados de falsedad en documento mercantil, por los que pide 27 años y 3 meses.

Por otro lado, el Ministerio Fiscal pide 10 años y 9 meses para otro de los acusados, A.L.G., al que considera autor de tres delitos contra la Hacienda Pública y uno por falsedad de documento mercantil.

Para los otros diez imputados, -JJ.R.G., JJ.O.M., E.P.L., JR.R.R., M.C.A, T.C.L, C.B.P, R.A.B., R.U.M y JF.P.G- todos considerados autores de delitos continuados de falsedad por documento mercantil, la Fiscalía pide un total de 17 años y 7 meses.

Fianzas millonarias

El caso ha sido instruido por el Juzgado nº 1 de Santander, desde donde el entonces juez titular, José Hoya Coromina, autorizó en 2007 la intervención de comunicaciones telefónicas y la entrada y registro en despachos y domicilios de abogados y empresarios conocidos de Santander, y llegó a acordar la prisión provisional de muchos de ellos .

En mayo de 2007 fueron detenidas en una primera fase cinco personas, y dos semanas después otras seis. El juez llegó a fijar para algunos de ellos fianzas de dos millones de euros.

En el auto que decreta la apertura de juicio oral, el juez Jaime Parra ratifica las medidas cautelares personales adoptadas durante la instrucción, y fija para el principal acusado una fianza de 2,7 millones de euros; de 2,2 millones para R.M.P.; y de 760.000 euros para A.L.G. y para la sociedad Plax y Llanera S.L., de la que tanto éste último como JA.L.G. eran administradores mancomunados.

En varias ocasiones, desde la Fiscalía se han llamado la atención, con carácter general, sobre la "poderosa estrategia defensiva" que sustenta a los acusados por delitos económicos, "auspiciados por profesionales especialmente cualificados y que ponen frecuentemente en entredicho la extraordinaria y minuciosa labor de depuración de responsabilidades que realizan la inspección de la AEAT, y que junto a las complejidad de la tramitación de los procedimientos por delitos económicos, cuya instrucción con frecuencia se dilata varios años, supone aún más un déficit añadido a la averiguación de la verdad material".

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