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La juez exime al exconsejero Vicente Mediavilla y levanta su imputación

La juez exime al exconsejero Vicente Mediavilla y levanta su imputación

El magistrado Acayro Sánchez le acusó de prevaricación y cohecho en Castro, pero su sucesora da carpetazo al caso al entender que no hay delito

consuelo de la peña

Jueves, 2 de marzo 2017, 07:07

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Durante tres años fue investigado sin saberlo, y otros dos más permaneció imputado bajo la acusación de beneficiar a un pariente constructor cuando era el máximo responsable del urbanismo en la región.

Ahora, el exconsejero regionalista Vicente Mediavilla ha sido eximido de toda culpa por la juez de Castro Urdiales, Irene Rodríguez del Nozal, que no ha encontrado ni un solo indicio de ilegalidad en sus decisiones al frente de la Comisión Regional de Urbanismo (Crotu). Ni cometió prevaricación ni cohecho, como le acusó en su día otro juez, el magistrado Luis Acayro Sánchez. Tal es así que ha acordado el sobreseimiento libre y archivo de la causa en un auto conocido ayer, que puede ser recurrido ante la Audiencia.

Tampoco ha visto la juez indicios de delito en la actuación de los exconcejales castreños José Miguel Rodríguez López, Kaika, Concepción Carranza y Pedro José Revuelta Barquín, ni en el empresario Salvador Albiñana ni en el funcionario municipal Pablo Arroyuelos, también imputados por supuestas irregularidades urbanísticas relacionadas con la aprobación del Plan Parcial de Santa Catalina de Castro Urdiales, por lo que da carpetazo al caso.

Mediavilla fue imputado por el juez Acayro Sánchez en abril de 2015, poco antes de que éste abandonara el Juzgado de Instrucción número 2 de Castro Urdiales para irse al Juzgado de lo Contencioso Administrativo 2 de Santander.

El juez le acusó de prevaricación urbanística y cohecho en una causa relacionada con supuestas irregularidades urbanísticas en la zona de Santa Catalina. Sospechó el magistrado que Mediavilla se prevalió de su cargo en la Crotu para tomar decisiones que favorecían a un primo suyo, el constructor Salvador Albiñana, a cambio de prebendas, entre otras cosas, un vehículo de alta gama que presuntamente le regaló el pariente por los favores prestados.

Pero la juez que sustituyó a Acayro en Castro no ha visto nada de eso. En su auto dice que ninguna de las resoluciones dictadas por la Crotu fueron «arbitrarias» y que, como responsable de Urbanismo, Mediavilla «se limitó a informar de las deficiencias advertidas en la tramitación del Plan Parcial y a sugerir la vía de acción contra las mismas».

Además, advierte la magistrada de que los informes de la Crotu «son preceptivos pero no vinculantes para el Ayuntamiento, que en última instancia es quien aprueba el Plan». Tampoco observa indicios de cohecho en el caso del Lexus, el vehículo usado que Mediavilla compró a su primo, porque no hay prueba alguna de que esa «operación comercial haya correspondido con alguna actuación en el ámbito de su cargo».

Durante la instrucción, el fiscal pidió en tres ocasiones la desimputación de Mediavilla, y también lo hizo la empresa que fue acusación particular, aunque su solicitud cayó en saco roto porque el partido La Unión, que ejerció la acción popular, insistió en la responsabilidad penal del exconsejero. La Unión mantenía que la Crotu aprobó el Plan Parcial de forma ilegal, sin contar con los informes de estimación ambiental, y mediante un procedimiento acelerado para evitar que a esos terrenos, en los que iba a edificar Albiñana, se les aplicaran las restricciones previstas en el Plan de Ordenación del Litoral, argumentos rechazados ahora por la juez.

La investigación al exconsejero se inició en 2008, cuando Acayro Sánchez indagaba presuntas irregularidades urbanísticas en la construcción de 80 viviendas en el entorno del colegio de Santa Catalina de Castro y abrió una pieza separada para rastrear el patrimonio y bienes de Mediavilla, del promotor y familiar suyo, Salvador Albiñana, y de otras personas y sociedades vinculadas al empresario. Para ello, en marzo de 2012 encargó a la Unidad de Delitos Urbanísticos de la Policía Judicial y de la Agencia Tributaria que indagara «el supuesto enriquecimiento ilícito de las personas investigadas».

La Policía Judicial reclamó a bancos, registros de la Propiedad, Agencia Tributaria y otros organismos información sobre los investigados y su entorno familiar y empresarial. Ni siquiera se libró de las pesquisas el registrador de la Propiedad de Castro, José Antonio Jornada de Pozas, que también fue imputado, una medida que se levantó en junio de 2015.

Mediavilla fue consejero de Presidencia y Justicia entre 2007 y 2011, año en el que abandonó la primera línea política para regresar a su puesto de letrado del Gobierno de Cantabria, que ocupa en la actualidad.

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