Los trabajadores del vertedero de Meruelo tienen "un susto de muerte"

Un operario trabaja en el proceso de prensado de basuras en el vertedero de Meruelo. /
Un operario trabaja en el proceso de prensado de basuras en el vertedero de Meruelo.

El alcalde, Evaristo Domínguez, cree que los operarios de la planta de vertidos que vendieron las joyas halladas en la basura actuaron "de buena fe"

CONSUELO DE LA PEÑAsantander

La planta de tratamiento de residuos sólidos de Meruelo es un hervidero. Los 156 trabajadores de TIR Cantabria, la empresa que tiene la concesión del vertedero hasta el año 2043, están en estado de shock tras conocerse que la Policía investiga la supuesta venta de joyas halladas entre la basura en establecimientos de compro oro, pesquisas por las que 21 operarios han tenido que declarar en la Jefatura Superior de Policía. La conmoción es proporcional al mutismo entre la plantilla. El alcalde de Meruelo, Evaristo Domínguez (PP), asegura que "los trabajadores tienen un susto de muerte. Conozco personalmente a todos ellos y están muy preocupados porque nunca habían pensado que coger una cadena o una medalla de la basura era ilegal". La empresa pública MARE (Medio Ambiente, Agua, Residuos y Energía), que gestiona los residuos de Cantabria, evitó pronunciarse sobre el caso.

Pero el alcalde de Meruelo no dudó en romper una lanza por los operarios. "Daban por hecho que nada irregular había en quedarse un objeto no identificable que viene entre la basura y cuyo dueño no va a aparecer", explica para justificar que han actuado sin malicia. "Han ido a pecho descubierto, poniendo su nombre y apellidos y DNI. Si lo hubieran hecho de mala fe habrían ido a otra autonomía a vender los objetos o hubieran buscado a un tercero para deshacerse de ellos", asegura.

Y es que las indagaciones policiales surgieron en los controles rutinarios que los agentes realizan en locales de compraventa de oro, establecimientos que canalizan buena parte de las joyas de procedencia ilícita. Estas casas de empeño están obligadas por ley a llevar un registro de cada transacción y a identificar tanto la joya como al vendedor. La alarma surgió cuando la Policía observó en un establecimiento de Maliaño que de manera periódica las mismas personas colocaban gran cantidad de piezas de oro. Tirando del hilo comprobaron que todas ellas tenían un denominador común: eran trabajadores de TIR Cantabria, la empresa que realiza el tratamiento de los vertidos de Meruelo. Los agentes oficiaron entonces a la empresa, a la que entregaron una relación de 21 trabajadores para que el pasado viernes, día 17, fueran a declarar a la comisaría de La Albericia, en Santander, tal y como reconoció el director general de la empresa, Joaquín Pérez Viota, a este periódico.

¿Y en el municipio qué se dice? "Pues que, en el fondo, han hecho bien en quedarse las joyas no sabiendo quién es el dueño. Otra cosa es que exista una reclamación del propietario", asegura el regidor, que reitera que los operarios "no eran conscientes de que tienen que entregar todo lo que encuentren. La empresa no tenía ninguna norma al respecto. Si encontraban algo lo cogían y se lo callaban, y si aparecía algún billete suelto también. Piensas que es lo normal. Otra cosa es que se halle dinero en una cartera con documentación, entonces hay que entregarlo".

Pero la firme convicción del alcalde contrasta con la declaración de Pérez Viota a este periódico, en la que explicaba que "nosotros siempre hemos dicho que los objetos se tienen que entregar a la empresa. Ahora lo hemos vuelto a recordar para poner en marcha el procedimiento que nos ha indicado la Policía, que pasa por la entrega de los objetos al Ayuntamiento". Con tal motivo, el director general de TIR Cantabria se entrevistó este miércoles con el alcalde. Meruelo, municipio que no llega a los 2.000 habitantes, carece de una oficina de objetos perdidos, por lo que el alboroto generado por la investigación policial le ha supuesto un problema.

El alcalde no quiere que las joyas que se hallen en la planta de tratamiento se depositen en el ayuntamiento por temor a su efecto llamada para los cacos. Por eso, "lo que he acordado con el director general es contratar una caja de seguridad en una entidad financiera para depositar los efectos. Mi obligación es intentar que esos gastos los pague la empresa, aunque no creo que suponga mucho desembolso". Pero será responsabilidad del Ayuntamiento establecer una relación de las joyas y objetos de valor depositados en sus oficinas, así como realizar las gestiones necesarias para localizar a sus propietarios. "Hay que hacer un expediente con cada joya y documentarla, y después ponerlo en el panel de anuncios para intentar buscar a su dueño", concreta Domínguez.

La obligación municipal de custodiar los objetos perdidos nace del Código Civil, cuerpo legal de finales del siglo XIX, que establece que "el que encontrare una cosa mueble, que no sea tesoro, debe restituirla a su anterior poseedor. Si éste no fuere conocido, deberá consignarla inmediatamente en poder del alcalde del pueblo donde se hubiese verificado el hallazgo. El alcalde hará publicar éste, en la forma acostumbrada, dos domingos consecutivos". Pasados dos años, si el dueño no aparece se adjudicará al quien encontró el objeto.