Sale a licitación por 880.000 euros el servicio de atención al teléfono 112 Cantabria

El Gobierno de Cantabria ha sacado a licitación en 880.681,75 euros, por un periodo de dos años, el contrato de atención al teléfono de emergencias 112 y también el de comunicación de este servicio. Las empresas interesadas en gestionar ambas funciones podrán presentar sus ofertas durante ocho días, a contar desde hoy, miércoles.

Según el anunció de licitación de este servicio, que publica este miércoles el Boletín Oficial de Cantabria, las empresas que oferten deben dar una atención de 24 horas, todos los días del año, incluso en situación de conflicto o huelgas generales. El contrato dura dos años, aunque se puede prolongar por otros dos, pero nunca debe exceder de cuatro años, que es el límite al que ha llegado la empresa que actualmente gestiona este servicio.

Las ofertas tienen que presentarse en la sede del 112, en la calle César Llamazares, número 2 de Santander, en los próximos ocho días, en horario de 9.00 a 14.00 horas.

Un servicio externalizado

Los operadores que atienden las llamadas del 112 trabajan para empresas que han optado a estos concursos. Es un servicio subcontratado, que se externaliza desde la misma creación del Servicio de Emergencias (nació en 1999), según explican desde el Gobierno de Cantabria. Y seguirá siendo así, manteniendo una estructura similar al de la mayoría de las comunidades autónomas, aunque el Ejecutivo regional tenga la intención de integrar el Servicio de Emergencias 112 en la Administración convirtiéndolo en un organismo público (como el Servicio Cántabro de Salud, por ejemplo). Desde el año 2012 es una sociedad anónima unipersonal (SAU) y se rige por el derecho privado. A ella pertenecen los bomberos, técnicos, jefes de servicio y también de sala, que dependen de esta sociedad privada. A este personal es al que afectaría la conversión en organismo autónomo, pasando a ser empleados públicos. No a los teleoperadores ni a los responsables de comunicación del 112, un servicio que está externalizado y que funciona con un contrato aparte, que es el que ahora sale a licitación. El Ejecutivo cántabro aclara que la Ley de Sostenibilidad limita la reposición de todos los efectivos.

Que esté a punto de expirar el actual contrato (ha llegado al límite de cuatro años) no significa que los 18 teleoperadores a los que afecta este cambio se vayan a quedar sin trabajo. Desde el Gobierno indican que poseen "perfiles técnicos y especializados" y que existe obligación de subrogación por parte de las empresas que consigan hacerse con el servicio de explotación operativa de la sala 112, que aplicarían el convenio de 'call center', que es por el que se rigen, teniendo en cuenta, eso sí, que la contratación y la dirección depende del nuevo empleador.