Afectados por los montes de utilidad pública de Voto denunciarán al Gobierno por incumplir una sentencia del TSJC
Los tribunales condenaron al Gobierno en 2019 a entregarles los títulos de propiedad de las fincas incluidas en la Concentración Parcelaria del municipio
Los afectados por los montes de utilidad pública de voto denunciarán a los responsables de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente por «incumplir» la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) de 2019 que condenaba al Gobierno a entregarles los títulos de propiedad de las fincas incluidas en la Concentración Parcelaria de Voto.
Así lo han anunciado en un comunicado estos afectados, que, según han apuntado, llevan tres años «de larga espera» para recoger sus legítimos títulos de propiedad, de los que «no saben nada» y están siendo, según han señalado, «injustificadamente retenidos».
Han criticado que, por parte de los responsables de la Consejería, solo reciben «palabrería huera y hueca» y «buenas palabras» pero «capacidad resolutiva ninguna».
«Nuestra paciencia se agota», han avisado estos afectados, que han explicado que «en breve plazo, indicarán a sus abogados que tramiten denuncia ante las instancias competentes, contra todos y cada uno de los responsables políticos de la Consejería de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural implicados por manifiesto incumplimiento de la referida sentencia».
«Cumplan ustedes, señores del Gobierno de Cantabria, lo dictaminado por el TSJC. Su sentencia es justa y conforme a Derecho, en todos sustérminos y efectos.», han aseverado en un comunicado los afectados.
Han advertido que el incumplimiento de una sentencia firme, como es la que aluden, al margen de la inevitable lesión de derechos que ocasiona, conlleva sanciones económicas que pagará el Gobierno de turno de Cantabria, «con un mayor número de impuestos a todos los cántabros, para amortizar su palpable e incalificable negligencia».
«Ningún ciudadano de Cantabria debe pagar con mayores impuestos lo que están infringiendo, deliberadamente, sus gobernantes», ha apostillado.
Han asegurado sentirse «desfraudados por el abandono y ninguneo» que, a su juicio, están sufriendo por parte del Gobierno de Cantabria en este asunto.
«Más de 7.000 afectados en Cantabria luchan por defender la legítima titularidad de sus fincas», han explicado los afectados, que creen que ello beneficiaría, en términos generales, a la economía de la comunidad en su conjunto.
