Los altos cargos del Gobierno pasaron 77.000 euros en dietas durante 2021

Como establecen las normas de transparencia de la comunidad autónoma, este y también los conceptos similares de las personas que le acompañaron están reflejados al detalle en el portal institucional del Gobierno. Está abierto a todos los ciudadanos. Quien quiera puede saber también cuánto costó el viaje de Revilla ese mismo mes a la cumbre de presidentes autonómicos de Santiago de Compostela o la comida días después «para tratar temas de trabajo» con el alcalde y un concejal de Vega de Liébana. Están los números de Revilla, los de todos sus consejeros y los de hasta 91 altos cargos del Ejecutivo, la mayoría directores generales o asimilados.

En total, según esta misma fuente oficial, en 2021 el Gobierno de Cantabria dedicó 77.203,26 euros a pagar dietas y gastos de viaje ocasionados por el desplazamiento, manutención y estancia fuera de la residencia habitual. Una cantidad que no incluye -porque no aparecen desglosados en el Portal de Transparencia- los gastos en el seno de los empresas públicas y entes autónomos de la Administración regional. La cuantía supone un leve aumento respecto al ejercicio anterior, pero también una reducción de más de la mitad respecto a 2019, cuando empezó la serie histórica.

La explicación al cambio de tendencia, como en otros muchos ámbitos, tiene que ver con el covid. Porque la pandemia redujo y sigue reduciendo el número de reuniones presenciales fuera de Santander y, por tanto, también los desplazamientos de los máximos responsables del Gobierno. De hecho, la situación sanitaria ha propiciado un aumento de las reuniones telemáticas entre consejerías y ministerios. La mejor muestra son las muchas reuniones sectoriales que se están llevando a cabo para fijar el reparto de los fondos europeos y que se realizan por medios telemáticos. Pablo Zuloaga, Guillermo Blanco, Paula Fernández o Marina Lombó asisten a ellas, pero desde su despacho.

Por departamentos, la que generó un mayor gasto fue la Vicepresidencia y Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, con 24.444 euros, un tercio del montante total. Y entre los 91 altos cargos analizados, su responsable, Pablo Zuloaga, con 5.929 euros, fue el que pasó facturas por un mayor importe. Como Revilla, que con 5.686 euros ocupa el segundo puesto, las dos cabezas del Ejecutivo son también las que realizan un mayor número de salidas de la comunidad autónoma. Y son los viajes a Madrid, en su mayoría a sedes ministeriales, los que tiran hacia arriba de la factura. En el lado contrario del ranking se encuentra otra socialista, Ana Belén Álvarez. La titular de Empleo y Políticas Sociales no pasó ni un euro. Ni comidas, ni desplazamientos con un medio distinto al coche oficial... Si durante 2021 tuvo gastos de este tipo, el dinero lo puso de su bolsillo.

Por departamentos, tras Vicepresidencia, hubo tres (Presidencia, Sanidad e Industria) que superaron los 7.000 euros en dietas el pasado año, frente a Obras Públicas, que con 1.564 euros fue el más austero.

Todos los miembros del Gobierno y los altos cargos de la Administración de la comunidad autónoma cumplieron durante el pasado año con las exigencias que estable el Código de Buen Gobierno del Ejecutivo. Así se desprende del informe elaborado por la Dirección de Organización y Tecnología de la Consejería de Presidencia, en el que se concreta que las personas objeto de este escrutinio realizaron el desempeño de sus funciones de acuerdo a los «principios éticos y de conducta contemplados» en este reglamento. Se trata de un filtro relativamente sencillo ya que son los propios afectados los que tienen que elaborar una declaración responsable en la que aseguren que se ajustan a los preceptos que establece la norma. Con esa declaración responsable, es posteriormente la Secretaría General de cada una de las consejerías la que analiza la documentación para hacer una primera verificación y esta envía el informe resultante a la Dirección General de Organización y Tecnología.

Entre las obligaciones que establece el Código de Buen Gobierno está que los cargos involucrados -todos los nombrados por acuerdo o por decreto del Gobierno que tengan remuneración- presenten declaraciones de actividades e intereses y de bienes y derechos patrimoniales exigidas por la Ley de Cantabria. Es decir, el documento en el que aparecen las propiedades -inmuebles, inversiones, cuentas de ahorro y también deudas- que tenían al acceder al cargo y también si desarrollan alguna actividad fuera del Ejecutiva por si incurren en incompatibilidades. Ese informe de incompatibilidades de 2022 se publicará en las próximas semanas.

En el de 2021 se dio el visto bueno a cuatro compatibilidades por docencia e investigación. En concreto a Celia Gómez (gerente del SCS), Galo Peralta (Idival), Pedro Pérez Eslava (exinterventor) y Sara Negueruela (exsecretaria general de Sanidad). A ello hay un sumar un permiso al director de Transformación Digital de Sanidad, Santiago García, para que pueda continuar en la Junta Directiva de la Asociación Española contra la Meningitis.