Los ayuntamientos cántabros dispondrán de 272 millones para superar la crisis del covid

Porque esa es, al menos, la cantidad que el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda -más conocido como el Gestha- estima que los ayuntamientos españoles tienen de remanente. «16.727,2 millones de euros». Una cifra redondeada a partir de la información presupuestaria correspondiente al año 2019 facilitada por las entidades locales el día 31 de agosto.

De acuerdo con sus números, los ayuntamientos de Cantabria guardan en el banco 272,6 millones de euros, una cantidad, esta, a la que habría que añadir los derechos reconocidos no cobrados -deduciendo las obligaciones pendientes de pago- y las par- tidas pendientes de aplicación para conocer el remanente real, que el Gobierno de Cantabria estima que puede rondar en torno a los 450 millones.

Con la estadística actualizada, Madrid encabeza el ranking de municipios que más remanente amasaron durante el año anterior (1.043 millones de euros) seguida, para asombro general, de San Bartolomé de Tirajana (185,5), segunda en un listado en el que Santander se asoma al décimo quinto lugar.

Según las cuentas del Gestha, la capital tenía 72,87 millones. Según las del ayuntamiento, 60,2 «porque a esa cantidad hay que restar 12 millones ya gastados en inversiones y gastos corrientes», puntualiza el concejal de Economía y Hacienda del consistorio, Víctor González Huergo.

Restados los casi diez millones que ha sacado de la hucha para realizar una serie de inversiones financieramente sostenibles -la adquisición de dos autobuses eléctricos entre ellas- Santander tiene a día de hoy 50,5 millones de remanente que destinará, avanza el edil, a la atención de aquellas personas y colectivos que más se han visto afectadas por la pandemia; a iniciativas para generar empleo y potenciar la inversión productiva con el fin de dinamizar la economía en la ciudad; a acciones de regeneración urbana para la mejora de barrios; a la promoción del comercio local; o a la mejora de equipamientos y dotaciones municipales.

Igualmente ahorradora, Torrelavega dispone de 19.300.000 euros de remanente que, en su caso, invertirá en la ejecución de algunas obras que tenía en cartera. «Vamos a hacer inversiones por valor de 13.600.000 euros», explica el concejal de Hacienda, Pedro Pérez Noriega, que contempla la construcción de la pasarela que une la ciudad con Sniace y de un ascensor que acerque a los barrios de Nueva Ciudad 1 y 2, así como la adquisición del edificio de la Cámara de Comercio, proyecto pendiente de la eliminación de una carga que pesa sobre el inmueble.

«Y aún nos quedarán dos partidas de 3,4 y 2,3 millones de euros pendientes de destino», concluye el edil.

También Castro Urdiales, Laredo y Santoña tienen formada ya una idea de cómo van a liberar sus remanentes.

El ayuntamiento castreño, que guarda 6,4 millones de euros, inyectará parte a asuntos sociales. «La ley nos permite invertir un 20% en ese área», afirma el concejal de Hacienda y Contratación, Pablo Antuñano, que, por eso, baraja un refuerzo de las ayudas sociales y una aportación a la residencia municipal de mayores. Además, el Consistorio invertirá en la compra de vehículos eléctricos y acometerá varias obras, entre ellas la reforma de la plaza del mercado, el asfaltado de las calles de las juntas vecinales o la construcción de un nuevo espacio cultural para la localidad, considerado por el concejal como «el proyecto estrella».

La Administración laredana, que tiene ahorrados 11,4 millones y quiere esperar a conocer las condiciones en que cristalizará la decisión del Ministerio, pretende corregir con ese dinero «algunas de las muchas deficiencias que tenemos en la villa», según explica al respecto la concejala de Hacienda y Contratación, Carmen García, que se refiere con ellas a la mejora del sistema de abastecimiento de agua, al asfaltado de calles o a la recuperación de algunas instalaciones municipales.

Y el consistorio santoñés, que tiene 6,2 millones de remanente, usará una parte para liquidar la deuda que tiene pendiente. «Nosotros cogimos el Ayuntamiento con una deuda de 4 millones que hemos logrado rebajar a 1,4», explica la concejala de Hacienda, Carmen González. «La idea es saldarla para convertir a Santoña en un municipio libre de deudas». El sobrante, «que gastaremos de forma racional», se invertirá en renovar aceras, mejorar el alumbrado público, sustituir el césped artificial del campo de fútbol de la localidad y otros proyectos aún pendientes de determinar.

Según su alcaldesa, Esther Bolado, el Ayuntamiento de Camargo, que no tiene problemas de liquidez, dispone a día de hoy de un remanente de tesorería próximo a los 15 millones de euros que el gobierno municipal quiere revertir a sus vecinos ejecutando una serie de proyectos que más o menos tiene perfilados y que pasan por la remodelación del aparcamiento de La Vidriera, la compra de nuevos vehículos, obras de asfaltado de calles, o la renovación del pavimento del polígono de San Juan.

Y según su regidor, Javier González Soberón, el Ayuntamiento de El Astillero, con una capacidad inversora muy limitada «porque estamos haciendo frente a los desmanes cometidos por el anterior equipo de gobierno», tiene ahorrados 3,6 millones con los que quiere acometer el arreglo del parque de La Cantábrica, «un referente en la región que está en un estado lamentable» y llevar a cabo obras de pavimentación y asfaltado en varias calles del municipio.

Con algo más de 5 millones de euros de remanente de tesorería, el Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna guardará una parte para asegurar la liquidez. El resto, explica el edil de Economía, Germán Arce, se invertirá en actuaciones por determinar. «Disponemos de un presupuesto de 2 millones para inversiones, así que, de momento, no nos hace falta recurrir a ese dinero, aunque sí tenemos en mente algún proyecto», aclara.

Y con cerca de 4 millones de euros ahorrados, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana, que primero quiere valorar cuáles son las prioridades del municipio, podría financiar, por ejemplo, «la mejora de las infraestructuras de nuestros servicios sociales», dice el alcalde, Alberto García Onandía, que cuestiona la capacidad de los ayuntamientos para invertir sus remanentes en proyectos de cierta envergadura cuya ejecución se prolonga en el tiempo más allá del plazo que da el Ministerio de Hacienda.