Buruaga reclama que el Gobierno central dé marcha atrás en la ley que protege a los okupas

El grupo popular en el Parlamento de Cantabria llevará este próximo lunes al Pleno una iniciativa para pedir al Gobierno de España que «dé marcha atrás» en su legislación «pro-okupación ilegal» y al de Cantabria que elabore una ley de vivienda que luche contra este fenómeno, según ha anunciado hoy María José Sáenz de Buruaga, presidenta del PP y diputada regional.

Con esta proposición no de ley (PNL), los populares continúan su «ofensiva contra la okupación ilegal» y también pretenden que el resto de formaciones de la Cámara (PSOE, PRC, Cs y Vox) y el Gobierno regional se «retraten de verdad. En asuntos como este no se puede poner una vela a Dios y otra al diablo», ha opinado antes de asegurar que la okupación es un asunto que «alarma y preocupa a los ciudadanos» y que, a su juicio, no debería quedar relegado pese a que, en estos momentos, la prioridad es la lucha contra la pandemia y lograr una vacunación «rápida y eficaz».

La dirigente popular ha advertido que «los datos hasta el mes de septiembre hablan de 44 casos conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Cantabria y de 13.006 en España y una creciente alarma social por la actuación impune de las mafias». Por ello, considera que la okupación es un «problema real» que está siendo negado por el Gobierno de Pedro Sánchez que, además, «está utilizando la pandemia para darle cobertura». «El último paso en esa dirección» ha sido la convalidación del Real Decreto-ley 1/2021 de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica», que, a su juicio, «no hace otra cosa que dar protección a los okupas y avalar la okupación».

«El Gobierno de la nación se ha amparado en las personas vulnerables y en la dramática situación sanitaria, social y económica que vive este país y que padecen millones de españoles para dar carta blanca a la okupación», ha afirmado la líder de los populares cántabros, quien también ha acusado al Ejecutivo central de modificar «de tapadillo» la norma antidesahucios que aprobó a finales de diciembre y que permitía el lanzamiento en todos los casos en los que hubiera delito, para establecer ahora que «no se podrá expulsar a los okupas de una vivienda cuando la entrada se haya producido sin intimidación o violencia, dando a los okupas el tratamiento de personas vulnerables», algo que considera una «concesión de Pedro Sánchez a Pablo Iglesias y a Podemos».

«De lo que estamos hablando es de amparar el delito de allanamiento de morada y usurpación de vivienda, no de los desahucios hipotecarios ni de inquilinos protegidos por situaciones de vulnerabilidad social», ha advertido Buruaga que cree que, «a este paso y con este Gobierno la okupación acabará convirtiéndose en un mecanismo más de acceso a la vivienda: comprar, alquilar y okupar».

Buruaga ha criticado que dicho decreto del Gobierno se aprobara con el voto del diputado nacional del PRC, José María Mazón. «Increíble pero cierto», ha dicho la líder del PP, que considera que éste debe dar una explicación porque «la farsa regionalista» de votar y defender una cosa en Cantabria «y la contraria en Madrid, no tiene un pase».

Y en cuanto a la otra petición de la PNL, Buruaga ha indicado que lo que se pretende es que «apruebe de una vez una ley autonómica para garantizar el acceso de todos los cántabros al uso y disfrute de una vivienda digna, especialmente, a los sectores de población más vulnerable» y para «proteger la propiedad privada, la convivencia vecinal y la seguridad de las personas y las cosas». A sus ojos, las comunidades autónomas también tienen la obligación de legislar en este ámbito «para afrontar y paliar, en la medida de lo posible, las consecuencias de la okupación», ha defendido.

Ha detallado que los populares quieren que esa ley prohíba expresamente que las personas condenadas por okupación ilegal, es decir, por delitos de usurpación de vivienda o allanamiento de morada, puedan ser propietarios ni usuarios de viviendas protegidas (tanto en casos de condena por sentencia firme como de sanción por resolución administrativa firme).

También plantea la puesta en marcha de un canal de denuncias anónimas que permita la persecución de la venta fraudulenta y la okupación, preservando la identidad de los denunciantes; garantizar la asistencia jurídica a los propietarios de las viviendas ocupadas ilegalmente en las primeras 48 horas, suscribiendo el oportuno convenio con el Colegio de Abogados. Además, propone que las empresas suministradoras de servicios de agua, gas, electricidad y telecomunicaciones tengan la obligación de comunicar la okupación de una vivienda cuando tengan fundada sospecha de que se ha producido este delito.