Cantabria acorta y simplifica los trámites para acceder a ayudas de la dependencia

Y si de un lado se busca ahorrar tiempo en la valoración para establecer el grado de dependencia, de otro se trata de facilitar el procedimiento administrativo para que no haya que volverse loco con el papeleo posterior. Así, si antes había que presentar la documentación en dos fases -primero se aportaba la información personal, domiciliación, certificado médico... y, después, se requerían los datos económicos-, ahora se hará de una sola la vez. Desde Servicios Sociales explican que «entre esos dos pasos se producía una demora e incluso había gente que desistía de presentar la documentación económica y ese expediente quedaba en el aire». Casos que pasaban a engrosar la bolsa de 'pendientes de resolución', al igual que los que se quedaban por el camino, porque abandonaban la tramitación.

Pues bien, a partir del 1 de julio que entra en vigor esta nueva orden, no sólo se pedirá toda la documentación al tiempo sino que, además, se abre la posibilidad de que sea el Icass directamente el que recabe, por medios informáticos o telemáticos, la información precisa para la comprobación de los datos de identidad, residencia, sanitarios y de capacidad económica del solicitante, salvo que éste decida hacerlo él. De nuevo, el objetivo es prescindir de trámites que antes había que hacer en persona y ante diferentes organismos, y aprovechar que la Administración tiene acceso a esa información a golpe de ratón. «Esta nueva orden lo que aporta es agilidad y facilidad para el ciudadano», subraya Miguel Ángel Cavia, subdirector de dependencia del Icass. Hasta el punto, añade, de que «prácticamente baste una sola visita presencial con la solicitud, puesto que la gestión de la prestación que le corresponde en función del grado reconocido se realiza por teléfono».

Aunque no se concreta cuánto tiempo se gana con las nuevas directrices, porque «depende de múltiples factores», como mínimo se acorta el mes que transcurría entre esas dos fases de entrega de documentación. Pero, además, a la orden se añade un matiz «importante» y es que «la revisión del Programa Individual de Atención (PIA) no podrá suponer una disminución de las prestaciones que viniese percibiendo la persona dependiente» cuando no se produzca una variación del grado ni de su capacidad económica. Unas líneas que blindan que no haya rebajas en las ayudas asignadas cuando esa revisión «tenga su origen en la determinación normativa de diferentes cuantías o fórmulas de cálculo».

Por otro lado, el documento recién publicado recoge dos situaciones que generaban que el expediente quedara en un limbo, aunque siguiera constando en la lista de espera del sistema de la dependencia. La primera se refiere a aquellas personas a las que no se podía valorar el grado porque estaban convalecientes en el hospital. En ese caso, se suspenderá el procedimiento de forma temporal hasta que reciba el alta (dejan de figurar entonces en la lista). Respecto a la segunda, se establece que, pasados tres meses desde la solicitud, si no ha sido posible realizar la valoración por circunstancias achacables a la persona que realiza la petición, el proceso caduca. Desde el Icass sostienen que resueltos estos dos puntos quedará reflejada la realidad de la lista de los dependientes a la espera de resolver su expediente para acceder a una ayuda.

Una vez valorado el grado, tal y como se ha venido haciendo desde la entrada en vigor de la ley, se elaborará un informe priorizado de los servicios y prestaciones más adecuados a la situación del solicitante. En este sentido, ahora se especifica que el derecho a percibir esa ayuda se generará «desde la fecha de efectos indicada en la resolución de asignación de los mismos o, en su caso, desde el transcurso del plazo de seis meses desde la presentación de la solicitud sin haberse dictado y notificado resolución expresa».