Cantabria suspende en atención a las personas dependientes pese a tener el gasto público más alto

Nueve comunidades autónomas, entre ellas Cantabria con una nota de 4,2, suspenden en la atención a las personas en situación de dependencia, siendo Canarias, Cataluña, Baleares y Asturias las peor valoradas, con puntuaciones que no llegan al tres en una escala sobre diez, según el XIX Dictamen de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. A pesar de este suspenso, y pese al retroceso en la puntuación de Cantabria en este estudio, el gasto público de la comunidad autónoma en dependencia es el más alto de España, con 984,19 euros de media, cuando el promedio nacional está en 625 euros.

Sin embargo, el empleo generado en Cantabria por el sistema de dependencia (SAAD) es el cuarto más bajo del país, con 23,2 empleos directos por cada millón de euros de gasto público, frente a 37,7 de media nacional. La ratio de prestaciones por persona beneficiaria es también la cuarta más baja (1,15) y la de servicios de proximidad frente a prestaciones económicas la sexta más baja (0,6).

Tras conocerse esye informe, el Gobierno regional ha redordado que Cantabria es la cuarta Comunidad Autónoma en atención a la dependencia, tal y como reflejan los datos oficiales que periódicamente hace públicos el Imserso, y aclara que la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales« no es un organismo oficial y maneja unos indicadores de medición que no reflejan la situación real de las prestaciones de la Comunidad».

Desde el Ejecutivo se considera que «no pueden evaluarse de manera homogénea los 14 indicadores seleccionados por el Observatorio, ya que no tienen igual impacto sobre la calidad asistencial a las personas dependientes». En este sentido, precisa que el informe está evaluando de igual manera indicadores de gran importancia como el gasto público en dependencia y otros más secundarios, como la existencia o no de sistemas de información en tiempo real.

El Gobierno de Cantabria recuerda que los datos oficiales del Imserso demuestran que la Comunidad Autónoma es, a 31 de enero de 2019, la cuarta con más personas beneficiarias con prestaciones en relación a la población. Añade, además, que se han concertado casi 600 nuevas plazas públicas en atención a la dependencia y a la discapacidad, que ha aumentado un 10% el número de personas dependientes y un 12% las personas dependientes con prestación.

El Gobierno señala, también, que el incremento en términos porcentuales ha sido del 111% en teleasistencia, de un 34% en ayuda a domicilio, de un 26% en centros de día y de un 9% en servicios residenciales.

Segun el documento de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, entre las mejor puntuadas se encuentran Castilla y León, con un 9,3, y Castilla La Mancha, con un 8,2, y La Rioja (7,1) lideran esta clasificación, que se basa en 14 indicadores sobre la implantación y el desarrollo de la Ley para la Autonomía personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia: beneficiarios, solicitudes, lista de espera o 'limbo', equilibrio entre prestaciones económicas y servicios, incremento interanual de atendidos, transparencia, información a tiempo real o empleo generado, entre otros aspectos.

A las cuatro autonomías peor valoradas se suma la Comunidad Valenciana (3,5 puntos), las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla (3,9), Navarra y Cantabria (ambas con 4,2 puntos) y Murcia (4,6). Aprueban con un 5 Extremadura y Aragón, mientras que Galicia obtiene un 5,3, País Vasco un 6 y las comunidades de Madrid y Andalucía logran un 6,7.

Cantabria cerró el año 2018 con más de 800 dependientes a la espera de plaza y «las residencias, completas», según datos del Instituto Cántabro de Servicios Sociales publicados por El Diario Montañés. Había 20.694 personas con reconocimiento de derecho a la dependencia, lo que supone el 3,6% de la población. Un 6,4% más de casos respecto al año 2017 y un 10% más que al inicio de la legislatura (+1.863)

El informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales dado a conocer hoy alude a un esfuerzo financiero público en el país también desigual. El gasto público estimado por dependiente atendido en 2018 se situó en 6.580 euros/año. Por comunidades autónomas, la variabilidad es de nuevo excesiva y se sitúa entre los 4.332,80 euros de Ceuta y Melilla o los 5.160,02 euros de Murcia, frente a los 7.697,40 euros de Cantabria o los 7.449,55 euros del País Vasco.

El documento también sitúa a Cantabria entre las comunidades, junto a Canarias, Asturias y País Vasco, que se estancan o que tienen una absorción muy lenta, es decir. que no pueden absorber la lista de espera a base de incrementar atenciones al ritmo necesario.

Según los datos de este estudio, consultados por Europa Press, Cantabria tiene un 11,3% de personas beneficiarias sobre el total de la población potencialmente dependiente, el quinto porcentaje más alto, y por encima de la media nacional (10%).

La ratio de solicitudes sobre el total de la población potencialmente dependiente es del 17,76%, en la octava posición del ranking regional y también por encima de la media (16,9%). El porcentaje de personas que no obtienen grado sobre el total de personas dictaminadas se sitúa en Cantabria en el 15,5%, la cuarta más baja, y cinco puntos por debajo del promedio nacional (20,4%).

Cantabria tiene a un 22,9% de personas con derecho pendientes de atención, frente al 19,2% de media nacional, el quinto porcentaje más alto del país. La ratio de personas con prestación económica sobre el total de atendidos es del 53,6%, de nuevo el quinto porcentaje más alto a nivel autonómico, muy superior al 38,6% de promedio nacional.

El número de personas atendidas ha experimentado en 2018 un crecimiento neto del 3%, el más bajo del país, frente a un 10,4% de media nacional. Los usuarios dictaminados con grado III aumentaron el año pasado un 1,6% (2,4% a nivel nacional).

Destaca que «siguen existiendo grandes desigualdades entre territorios, tanto en cobertura como en modelos de gestión. Destacan que Andalucía y Cataluña representan el 60% de la lista de «desatención» y además la comunidad catalana tiene a un tercio de las personas dependientes con el derecho reconocido sin prestaciones o servicios. Este último dato contrasta con Castilla y León, donde sólo el 1,6% de los dependientes se encuentra en este «limbo».

El ritmo de avance desigual hace que territorios como Andalucía, Cantabria, Cataluña o La Rioja tengan una previsión de más de seis años para la plena atención (hasta 2024) si mantienen el ritmo de crecimiento de los tres últimos años.

En general, el informe señala que durante 2018 la mayoría de los parámetros de gestión del Sistema de Dependencia -personas atendidas, reducción de lista de espera, incremento de solicitudes, valoraciones y de servicios y prestaciones entregados- han mejorado, pero que, igual que en los últimos años, «este progreso ha sido a base de servicios de menor coste dirigidos a los dependientes con Grado I (moderados) y al esfuerzo financiero de familias y administraciones autonómicas«.

Del dictamen destaca que hay 1,3 millones de personas con la situación de dependencia reconocida, de las que 1.054.000 ya están siendo atendidas, casi 100.000 más el año anterior. Un tercio de estas personas son mujeres (65%); casi tres de cada cuatro personas atendidas (72,2%) son mayores de 65 años, y más de la mitad (54,5%) tienen más de 80 años.

Sin embargo, continúan miles de dependientes en el «limbo», pues no reciben ningún servicio ni prestación al que tienen derecho por ley. Esta lista alcanza a 250.000 personas (el 19,2% del total) y, aunque se ha reducido en 60.000 personas en el último año, la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales advierte de que a este ritmo se tardarían más de tres años en acabar con esta situación.

Además, sostiene que resulta «lacerante» que cuatro de cada diez personas desatendidas (40% del total) son dependientes con Grados II o III (severos y grandes dependientes), un grupo de casi 100.000 personas. Esta organización advierte de que quienes más necesidades de atención tienen son quienes menos reducen la lista de espera.

En este sentido, explica que las comunidades autónomas han optado por atender a aquellos que pueden reducir este limbo con menores costes y que prueba de ello es que el coste medio por dependiente se ha reducido un 20,8% en una década, ya que ha pasado de 7.687 euros en 2009 a 6.087 euros en 2018.

En cuanto al empleo vinculado al Sistema de Dependencia, el informe señala que hay casi 29.000 más en 2018 respecto del año anterior, hasta los 247.114 empleos y que la tasa de retorno es de 40%. Según los autores, si se atendieran ya a las 250.000 personas en lista de espera, se generarían más de 56.000 nuevos empleos directos.

El documento, como en ediciones anteriores, vuelve a señalar que el gasto público destinado a la Dependencia se distribuye «incumpliendo» lo previsto en la ley (50%), debido al modelo de financiación y a las «reducidas y recortadas cuantías del 'nivel mínimo'.

En este sentido, señala que la Administración General del Estado aportó en 2018 el 20,3% del gasto público y las comunidades autónomas el 79,7% restante y cifra en 3.154 millones «recortados» desde 2012 hasta 2018 por la disminución de la financiación a las comunidades autónomas.