Un año de cárcel para el dueño de la empresa de 'puenting' que causó la muerte de una chica

El acusado se ha declarado culpable de un delito de homicidio por imprudencia grave, ya que la chica se lanzó del puente cuando aún no estaba asegurada. En su escrito, el Ministerio Público entiende que el responsable de la empresa «no adoptó las medidas de vigilancia o precaución suficientes, debiendo haber velado porque las instalaciones revistieran las mínimas condiciones de seguridad y, concretamente, porque la menor tuviera colocada una línea de vida hasta que llegara el momento del salto».

Los hechos ocurrieron el 16 de agosto de 2015, sobre las 20.30 horas, en el viaducto de la autovía A-8 que pasa sobre el río Cedeja. Entre los partícipes se encontraba Vera Mol, de 17 años, que no contaba con la autorización paterna para realizar esta actividad, y que subió por la rampa del arco del viaducto hasta colocarse en la parte superior, que se encuentra a 32 metros del suelo. Una vez allí, el acusado puso un casco y un arnés a la joven Vera y la dijo que cuando todo estuviera listo le dirían que ya podía tirarse, pero en ese momento la joven salió corriendo y se lanzó desde lo alto antes de que la cuerda estuviera amarrada a los anclajes de seguridad. Intentaron salvarla en el último momento agarrando el cable con las manos, pero fue imposible parar la caída de 40 metros. Una persona estuvo a punto de irse tras ella al intentar frenarla, pero no sirvió de nada y la joven cayó a plomo sobre el lecho del río.

El abogado de la familia Mol ha confirmado que han sido los padres los que han optado por este pacto, ya que pensaban que la pena impuesta era «más que suficiente». «No se movían desde un ánimo de castigo sino que lo que buscan es no vuelva a pasar más. Ellos tienen la idea de que con ese dinero crear una Fundación con el nombre de su hija», subraya.

El acuerdo, al que se ha llegado durante el juicio celebrado en el Juzgado de lo Penal número 3 de Santander, evita que la magistrada tenga que dictar sentencia sobre la parte penal del proceso, pero continúa la tramitación civil, la que hace referencia a la indemnización económica a los familiares de la joven. El abogado de la defensa sí ha considerado apropiados los 140.000 euros que piden los padres de la víctima, pero no así el representante de la compañía aseguradora que tenía la empresa de aventura.

Esta entiende que Aqua 21 incumplió varias de las cláusulas del contrato, por lo que se desentiende de su responsabilidad civil y pide a la jueza que esa cantidad la asuma íntegramente el condenado. Entre los incumplimientos que ha destacado se encuentra que no se realizó la actividad en un lugar debidamente señalizado y habilitado para ello, que se explicó debidamente el riesgo que entrañaba la actividad, que el material no era el correspondiente, que no estuvo conectada en todo momento a una línea de vida y que la menor de edad no tenía autorización de sus padres.

Para Roberto Pellón, abogado de la defensa, está claro que hay cobertura suficiente en cuanto a responsabilidad civil y es la aseguradora la que tiene que asumir ese pago: «Luego veremos si la compañía quiere repetir contra mi cliente el pago de esa cantidad, algo que lógicamente rechazaremos porque entendemos que hay cobertura».