Cuatro grandes grupos de ambulancias se postulan para coger el testigo de Diavida

Como ya había avanzado este periódico, una de las candidatas es Autransa (antes Ambuibérica), la firma de HTGroup que lleva el servicio urgente y que casualmente ha solicitado licencia de actividad en la antigua nave de Candina que ya utilizó cuando gestionaba el servicio completo, y que ha ampliado la búsqueda de sede en Torrelavega. En el último concurso, cuando se dividió en dos lotes diferenciados, renunció a optar a la gestión del transporte programado porque no le resultaba rentable.

También se postula para cubrir el hueco que dejará Diavida la que fuera su principal competidora en la licitación en la que resultó ganadora: la sevillana SSG (Servicios Sociosanitarios Generales), que se presentó con su marca Digamar y recurrió sin éxito el resultado. Es decir, fue la que quedó segunda en el proceso inicial que ganó la valenciana con una oferta de 11,9 millones, tras bajar el precio de licitación en 1,2 millones. Pero en principio eso no le daría prioridad sobre el resto de aspirantes. Y, según ha podido saber El Diario Montañés, hay al menos otras dos alternativas sobre la mesa. Una de ellas es Ambulancias Tenorio, otro de los principales grupos del sector en España -cuenta con 2.500 trabajadores y 1.200 ambulancias-, que ha ganado recientemente el concurso del transporte sanitario de Sevilla, el mayor de Andalucía, y que opera en Cádiz, Madrid, Galicia o Aragón. La otra opción es la madrileña Sanir, la alianza formada en 2023 por Alsa y Transinsa, que está en plena expansión -relevó hace unos meses a La Pau en el País Vasco y consiguió uno de los lotes del programado de Madrid-.

Tras publicarse el pasado jueves el dictamen del Consejo de Estado, que no avaló la propuesta de la Consejería de Salud de romper de forma unilateral con la adjudicataria valenciana, se reactivó la salida pactada que Diavida había ofrecido previamente, una vez que renunció a seguir en una batalla perdida casi desde el mismo día que empezó a rodar en Cantabria. No hay que olvidar que apenas un mes después de empezar a operar en la región ya tenía un expediente sancionador del SCS valorado en 113.000 euros y, poco después, una huelga impulsada por los sindicalistas de UGT (procedentes de CSIF) que después encabezaron el comité de empresa. Esa conflictividad sindical, mantenida durante estos nueve meses y agravada por el retraso en el pago de las nóminas, sumado al escaso músculo financiero de la compañía, y más después de sufrir las consecuencias de la dana en Valencia, complicaron las cosas hasta un punto de no retorno.

El gerente del SCS, Luis Carretero, declara que «el nuevo expediente se inició la semana pasada y esperamos firmar la rescisión en un mes. Buscaremos una solución entre los proveedores que se presenten, comprobando su solvencia y viabilidad económica, y que puedan hacer un salto rápido para asumir el servicio». El cronograma que plantea es poder resolver ese contrato puente del programado «durante el verano» y, puesto que el del transporte urgente (a cargo de Autransa) termina en octubre, continuar en prórroga hasta que se adjudique el nuevo contrato unificado, «que intentaremos que sea para final de año o principios de 2026».

Carretero no cuantifica cuánto va a costar el recambio forzoso de Diavida, porque «estamos trabajando en estudiar a fondo el contrato», pero sí avanza que «probablemente» la empresa que asuma el servicio tendrá que disponer de «una flota mayor de la que está funcionando ahora mismo», integrada por 54 vehículos, incluidos los de reserva. En este sentido, explica que «una de las causas de los problemas» que ha tenido este contrato es que en el pliego (diseñado la legislatura pasada, con la sanidad bajo mandato socialista) «no se especificaba el número de vehículos» que tenía que aportar la concesionaria. Así que ese será uno de los puntos clave que habrá que afinar. Y en función de eso se calculará lo que se encarece la prestación, teniendo en cuenta que más ambulancias supone también más dotación de personal.