Difícil acuerdo

Buruaga acusa a Revilla de relegar las obligaciones gubernamentales por su afición a los platós y él replica con alusiones a la crisis interna del PP

Difícil acuerdo
Jesús Serrera
JESÚS SERRERASantander

El debate entre el presidente del Gobierno, Miguel Ángel Revilla, y la presidenta del PP, María José Sáenz de Buruaga, sobre la financiación autonómica apenas entró en el fondo de la cuestión sino que más bien reprodujo anteriores desencuentros. Buruaga acusó a Revilla de relegar las obligaciones gubernamentales por su afición a los platós televisivos y el jefe del Ejecutivo replicó con alusiones a la crisis interna del PP que hace tambalear la autoridad de su líder. En fin, cabe esperar que el rifirrafe no ponga en riesgo el saludable consenso que las fuerzas parlamentarias esperan alcanzar en el grupo de trabajo que abordará tan espinoso asunto. Otras cámaras autonómicas ya lo han hecho e incluso algunas han cuantificado su demanda al Estado. Andalucía, por ejemplo, reclama 4.000 millones de euros más al año. El ministro Montoro dice que ha llegado el momento de abordar la reforma del sistema de financiación autonómica, ahora que se constata el crecimiento económico, el aumento de la recaudación y el control del déficit, pero juzga imprescindible un gran acuerdo de las autonomías y de los partidos políticos. Algún avance se ha producido en esa dirección, como el posicionamiento común de los presidentes de Galicia y Castilla-León (PP), Asturias y Aragón (PSOE) al exigir una fórmula equitativa y solidaria que proporcione a todas las comunidades una financiación homogénea, con independencia de las capacidades fiscales de cada cual, mediante un sistema que contemple las dificultades orográficas, la dispersión de la población o su envejecimiento que encarecen el coste de los servicios en estos territorios.

Cantabria, La Rioja y alguna otra región van a incorporarse al grupo que defiende esta doctrina, a la que se oponen comunidades de mucho peso económico, como Andalucía, Comunidad Valenciana o Madrid, al postular la distribución de los recursos en función del número de habitantes. Lograr un gran acuerdo sobre la financiación no va a ser fácil con estos planteamientos tan dispares, por no hablar de Cataluña, que con el 20% del PIB no participa de momento en la discusión, del cupo vasco y del convenio navarro o del sistema de dos velocidades que propone Baleares, en la idea de quedarse con la mayor parte de los muchos ingresos que recauda.

A la espera de tan incierta negociación, el Gobierno regional y los expertos que le representan en el Comité Técnico del Consejo de Política Fiscal y Financiera no es que derrochen optimismo, aunque desde un realismo esperanzado no descartan que las reivindicaciones de las comunidades uniprovinciales pequeñas, como Cantabria o La Rioja, son tan modestas respecto al conjunto del Estado autonómico, que a lo mejor salen bien libradas.

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